El empleo público se ha disparado un 28,2% en la última díécada, según alertaba ayer Funcas. El furor por las contrataciones le convierte en el sector económico con más plantilla del país.
Piense en su barrio y en todos los bares y comercios que hay en íél. Ahora, imagine cuántas personas trabajan en cada uno de esos locales. Pues bien, aún se quedará corto para calcular cuántos funcionarios tocan por zona.
Durante el primer trimestre de 2011, el número de personas que trabaja en alguna de las tres Administraciones o empresas públicas (3.186.000 en total) superó al de empleados encuadrados en “el sector del comercio [al por menor y al por mayor], la reparación de vehículos de motor y motocicletas y la hostelería†(3.134.000 efectivos).
Los datos que recoge el Banco de España son tajantes. Por primera vez desde que la entidad guarda datos, el aparato público no sólo es el único motor que en la actualidad tira del empleo –mientras el sector privado ha perdido 229.000 empleados respecto a 2010 por el efecto lógico de la crisis, el entramado público ha ganado 98.000–, sino que se ha convertido en el primer sector económico en cuanto a número de asalariados.
Su plantilla supera incluso a la industria, un sector que mueve el 15% del PIB, pero cuya fuerza laboral está un 25% por debajo del rodillo todopoderoso de las Administraciones (alberga a poco más de dos millones de personas, según puede consultarse en el gráfico).
Las casas de análisis más importantes ya han llamado la atención sobre este fenómeno sin precedentes, que no dudan en definir como “un míétodo artificial [de las comunidades] para contener las cifras de desempleoâ€.
No conviene perder de vista que las autonomías tienen que afrontar todos los meses el momento amargo de dar a conocer los datos de paro de su territorio, una tarea que puede verse dulcificada por la doble vía de extraer de las listas oficiales a los parados en formación y, en segundo lugar, gracias al efecto enjuague de las contrataciones.
El servicio de estudios de Funcas se hizo ayer eco de una parte de este binomio, en un prolijo análisis que mide el impacto laboral que ha tenido la transferencia de determinadas competencias a las Administraciones autonómicas.
El informe, que firman los profesores Miguel íngel Malo (Universidad de Salamanca), Luis Garrido (UNED) y Begoña Cueto (Universidad de Oviedo), compara lo que ha sucedido entre el tercer trimestre de 2000 y el mismo periodo de 2010, al albur de las cifras que revela la EPA.
Durante ese tiempo –que justo engloba el momento en el que las competencias de sanidad y educación pasaron a manos de las comunidades– el empleo público creció en 700.000 personas. En concreto, las autonomías son responsables de dos tercios del aumento de personal (550.000), mientras los ayuntamientos explican el otro tercio (incorporaron a sus filas 150.000 personas).
El miedo a coger la tijera
Pasado el periodo de gracia de la campaña electoral, todo apunta a que las comunidades tendrán que revisar sus plantillas para poner a raya sus números rojos. Tan sólo Galicia, La Rioja y Aragón terminaron el primer trimestre con un leve superávit, así que los expertos dan por hecho de que la poda en los gastos corrientes llegará, aunque tocar las nóminas de los funcionarios sea, aún hoy, un tema tabú.
244.000 contratos
El empleo público –que engloba tanto a quienes están bajo el paraguas de las Administraciones en empresas públicas– creció en 244.000 personas desde el inicio de la crisis (tercer trimestre de 2007) hasta el mismo periodo de 2010, según el informe de Funcas. En esta línea, el último estudio regional de la Agett subraya que desde el estallido de la crisis, catorce regiones están creando empleo público de carácter indefinido. Todas salvo Aragón, La Rioja y Extremadura. Precisamente las dos primeras presentaron un ligero superávit en sus cuentas en el primer trimestre.
28,2% de aumento
Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades que más incrementaron sus plantillas entre 2000 y 2010, en tíérminos absolutos. En concreto, Andalucía sumó 125.711 efectivos; Cataluña, 123.549; y la Comunidad de Madrid, 77.581, cifras que suponen el 18,3 %, el 18% y el 11,3 %, respectivamente, del total de nuevos empleos creados. En el otro extremo, las ciudades Navarra (4.292), Asturias (4.477) y La Rioja (4.724) fueron las que menos aumentaron el número de personal. El incremento medio de empleo público en la díécada fue del 28,2%.
31.00 millones en 'B'
Junto a la pujanza de los funcionarios, a los expertos les preocupa otro fenómeno que crece lentamente entre bambalinas: a economía sumergida. Según un análisis divulgado ayer por Funcas, la actividad en B representa el 21,5 % del Producto Interior Bruto (PIB). El pasado marzo, en un adelanto de este estudio, se cifraba la economía sumergida en torno al 17% del PIB. En tíérminos de recaudación fiscal, el estudio evidencia que la economía informal genera una merma de ingresos de 31.000 millones de euros de media al año entre 1989 y 2008 (el 5,6% del PIB).
