A río revuelto, ganancia de pescadores. La batalla abierta en el seno de Repsol ha provocado el interíés argentino. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue con gran atención la evolución de la crisis accionarial que atraviesa la petrolera -principal accionista de YPF-, ya que en el caso de un cambio de control de la petrolera tendrían la posibilidad de pronunciarse sobre la operación e incluso de forzar la venta de la filial argentina.
Por el momento, no obstante, la batalla entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau y el de Sacyr, Luis del Rivero, se limita a la disputa jurídica que se está preparando, pero los frentes políticos no dejan de abrirse.
Al descontento planteado por el portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que considera que el momento elegido para una operación de este estilo no ha sido el apropiado, se puede sumar ahora el Ejecutivo argentino y aprovechar la situación como una baza electoral. Al igual que ocurre en España, Cristina Fernández tambiíén tiene ante sí unas elecciones el próximo 23 de octubre, por lo que podría hacer bandera y forzar hasta una nacionalización de la que fue su petrolera de bandera, YPF.
La presidenta, Cristina Kirchner, a diferencia del Ejecutivo español, mantiene una acción de oro en el capital de la filial argentina de modo que tiene voz y voto en cualquier operación que afecte a más del 50 por ciento de los títulos de esta filial, es decir, a cualquier operación de compra sobre la petrolera española, Repsol, que posee la mayoría del capital de la argentina YPF.
Esta decisión supone que cualquier empresa que intente entrar en la española necesita el visto bueno del Gobierno argentino para no verse forzada a vender YPF, es decir, alrededor de la mitad de la empresa y gran parte de las reservas de petróleo.
Según figura en los Estatutos de YPF, el Estado argentino será el único propietario de las acciones llamadas de clase A. Cualquier venta de estos títulos supondrá convertirlos en acciones de otra tipología y sin los derechos especiales que estas poseen.
La titularidad de acciones A le otorgan al Gobierno poderes sobre YPF. Como por ejemplo que se requerirá el voto favorable de estas acciones para que la sociedad pueda decidir la fusión con otra u otras sociedades; aceptar que la empresa, a travíés de la adquisición por terceros de sus acciones, sufra una situación de "copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión de más del 50 por ciento del capital social de la Sociedad" o transferir a terceros la totalidad de los derechos de explotación concedidos.
El Gobierno argentino tambiíén tiene voz sobre la disolución voluntaria de YPF o el cambio de domicilio social y fiscal de la compañía fuera de Argentina.
Pemex inicia las compras
Fuentes consultadas por elEconomista aseguraron ayer que la petrolera mexicana está cerrando la compra de títulos para poder lograr la participación del 5 por ciento adicional a la que aspira en el plazo de treinta días pactado con Sacyr.
"Se está usando dinero de caja" aseguró ayer en Míéxico el consejero delegado de Pemex, Juan Josíé Suárez Coppel, que añadió que la operación se financiará con un 70 por ciento de deuda en los mercados y no afectatá a los planes de inversión en su país.
Suárez Coppel presentó el acuerdo al secretario de Energía del Gobierno mexicano, Josíé Antonio Meade, quien dio el visto bueno al movimiento al considerar que se trata de una maniobra en la que las partes saldrán beneficiadas.
"A Pemex no le interesa extraer petróleo fuera de sus operaciones de Míéxico y el avance en su posición en Repsol sólo obedece a una cuestión de mejoras en el gobierno corporativo para aprovechar oportunidades en el mercado", dijo.
"El acuerdo se trata de votar de manera conjunta en puntos de concordancia y se trata de dar mayor valor a la empresa para los accionistas y sentimos (con Sacyr Vallhermoso) que hay oportunidades de mejorar el Gobierno Corporativo de la empresa. La firma tiene muchas oportunidades que creemos que se pueden aprovechar mejor", añadió Suárez Coppel en el marco de la conferencia por el Quinto Informe de Gobierno en el que explicó que quieren separar la posición de presidente de la Dirección General.
"No es una cuestión personal. Bajo ninguna manera dejaremos que se tome una decisión que implique un conflicto de interíés" y sentenció que "no vemos batallas legales".
