Pemex da otro paso en su camino por consolidarse en Repsol. La petrolera pública mexicana, accionista de la española con un 4,86%, ya tiene la financiación necesaria para adquirir el 5% del capital extra que se ha comprometido a sindicar con Sacyr. Tenía un plazo de 30 días para ejecutar esta acción, hasta cerciorarse de que la operación contaba con todos los parabienes oficiales, pero no han sido necesarios. El encuentro con el ministro Miguel Sebastián primero y, sobre todo, los posteriores pronunciamientos de la CNE aprobando el acuerdo han bastado para que la operación siga adelante según lo previsto.
Más que el beneplácito del Ministerio de Industria, la autorización decisiva es la de la Comisión Nacional de la Energía. De acuerdo con las competencias del organismo regulador, el aumento de participación de Pemex y su alianza con Sacyr para designar a un nuevo consejero delegado en Repsol no tiene que ser tratado por el Consejo de ministros, donde el peso de Miguel Sebastián, a pesar de ser un Gobierno en retirada, no es determinante. Si lo es, sin embargo, el pronunciamiento de la CNE, que primero el miíércoles y otra vez ayer jueves, ha repetido que la operación no requiere de su autorización.
El principal punto de discordia sobre la actuación de la CNE tiene que ver con el contenido de la función 14. Según este punto, el organismo supervisor tiene competencias para autorizar operaciones de compraventa de participaciones en empresas que desarrollen actividades en una serie de aspectos relacionados con la política energíética, como la garantía de suministro o los conflictos de intereses entre compañías que operen en un sector estratíégico. Sobre este punto, la CNE, organismo independiente que cuelga bajo las competencias de Industria, ha confirmado que no procede su intervención.
Del Rivero se libra del expediente informativo
Todo habría cambiado en caso de que la CNE hubiera actuado de oficio abriendo un expediente informativo para estudiar el contenido del acuerdo entre Sacyr y Pemex, incluido el aumento de participación de la mexicana. De haber sido así, los derechos políticos de la sindicación habrían quedado suspendidos o congelados hasta un máximo de tres meses, el tiempo límite que el organismo supervisor tiene para pronunciarse. Ante este escenario, los intereses de la constructora se habrían visto alterados, ya que debe resolver la refinanciación de su críédito de 5.000 millones antes de que expire noviembre.
Como ya se ha explicado, uno de los motivos fundamentales por los que Sacyr necesita hacer valer su 20% en Repsol es lograr una posición de fuerza ante los bancos (Citi, Santander RBS, Bankia, Calyon…), a los que tendrá que ofrecer nuevas garantías a la hora de renovar el príéstamo. Y la mejor manera de conseguir ese objetivo pasa por demostrar que puede tener una mayor capacidad de influencia en la gestión de la petrolera, situación que durante estos años se ha visto mermada por las diferencias de criterios con el actual presidente ejecutivo, Antonio Brufau, al que pretende colocar un consejero delegado.
Aunque el pacto de sindicación no garantiza a Sacyr y Pemex sus pretensiones, el aval concedido por Industria y la CNE libra el camino de trabas administrativas, de las que ha sido fedatario el propio embajador mexicano en España, que acudió a la cita de los protagonistas con el ministro Sebastián. Ahora, el nuevo núcleo duro necesita el apoyo de la mayoría del consejo, donde La Caixa puede jugar un papel fundamental, y el de los accionistas, sobre todo los inversores institucionales, en caso de convocar una junta general extraordinaria. Mientras tanto, el equipo gestor de Repsol prepara su contragolpe.
