Las consejerías económicas de las comunidades autónomas han iniciado ya las primeras reuniones para elaborar los presupuestos de 2012, cuyo contenido se conocerá a partir del mes que viene. Sin embargo, los equipos económicos de la mayoría de comunidades ya han recibido la orden de cuadrar unos presupuestos que incluyan un recorte del gasto superior al 10%.
Cuando la Consejería de Economía de Cataluña anunció que recortaría el presupuesto para este año en un 10%, aseguró que se trataba del mayor ajuste jamás realizado por una comunidad autónoma. Y tenía razón. Sin embargo, esa cifra palidece ante el anuncio de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que prometió recortar las partidas de gasto en un 20%. La mayoría de comunidades seguirán el camino de Cataluña y Castilla-La Mancha y presentarán para 2012 un presupuesto con un recorte del gasto superior al 10%. Ello, en caso de cumplirse, supondría un descenso de las partidas autonómicas cercano a los 20.000 millones de euros.
Comunidades como Murcia, Extremadura o la Comunidad Valenciana ya han anunciado drásticos recortes presupuestarias y el resto de comunidades promete tambiíén mayor austeridad para el próximo año. Sin embargo, prometer ajustes en el gasto es muy fácil. Otra cosa muy distinta es cumplirlo. Por ejemplo, los presupuestos para este año incluyen un recorte del 6% y, sin embargo, los datos del primer trimestre muestran que las comunidades elevaron el gasto un 5%.
Con todo, tras las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo y la victoria sin paliativos del PP, el discurso de la austeridad ha ganado en intensidad. Sobre todo en aquellas comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón, que han pasado a manos del PP tras año gobernadas por los socialistas.
El Gobierno extremeño, por ejemplo, ya ha anunciado un "recorte sustancial" del gasto y ha avanzado que el díéficit extremeño podría llegar al 6,81% del PIB. Una cifra estratosfíérica si se tiene en cuenta que el objetivo de estabilidad fija en el 1,3% el límite máximo de díéficit para este año y el siguiente. Y es que la situación de las finanzas públicas de la mayoría de comunidades refleja una situación deplorable. De hecho, si una empresa presentara unos números similares ya hubiera entrado en quiebra.
Recortes en el Estado de bienestar
El Gobierno de Castilla-La Mancha, por ejemplo, anunció el pasado miíércoles que las obligaciones reconocidas a 31 de julio, es decir, facturas pendientes de pago, ascendían a 2.900 millones mientras que en caja solo había 36 millones de euros. Ante este panorama se impone el recorte. Sin embargo, a diferencia de los ajustes aplicados en ejercicios anteriores y que afectaron en su mayoría a los gastos corrientes, las medidas que se plantean ahora afectan de lleno al Estado del bienestar.
Cataluña fue la primera comunidad que inició antes del verano recortes drásticos en la sanidad y entre julio y agosto cerraron un centenar de centros de salud. De hecho, la Consejería de Sanidad ha visto como su presupuesto se recortaba para este año en un 10%, lo que ha multiplicado las protestas de usuarios y profesionales del sector.
En cuanto a la educación, comunidades como Castilla-La Mancha, Navarra o Madrid tambiíén han impulsado un incremento de las horas lectivas de los profesores, lo que permitirá reducir el número de interinos y, por tanto, rebajar las partidas de gasto de personal.
No hay semana en la que no salga un presidente autonómico y anuncie nuevas medidas. En la anterior, además de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, el consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, tambiíén anunció que prepara una rebaja de entre el "10 y el 18%" del presupuesto, lo que se traducirá en un ajuste de 800 millones. Y el Gobierno valenciano puso en marcha un recorte del 20% en el sector público para ahorrar 400 millones.
Las comunidades autónomas tienen ante sí un reto titánico. En 2010, cerraron con un díéficit del 2,8% del PIB (30.000 millones de euros), cifra que deberán rebajar hasta el 1,3% este año. Supone una disminución de 16.000 millones de euros. Para alcanzar tal objetivo no basta con reducir el parque de coches oficiales o el número de consejerías. Se requiere recortes de peso. Y, en la medida que el 75% del presupuesto de las comunidades se destina a sanidad, educación y servicios sociales, resulta inevitable que los planes de austeridad mermen el Estado de bienestar.
A pesar de los ajustes, parece improbable que la mayoría de comunidades cumpla el objetivo de estabilidad del 1,3% del PIB. De hecho, algunas regiones como Castilla-La Mancha ya presentaban en julio unos números rojos cercanos al 5% de su PIB. Ello significa que ni este año y, con toda probabilidad tampoco el próximo, esta comunidad cumplirá con la senda de reducción del díéficit. Cataluña y Extremadura son otras de las comunidades que ya han advertido que este ejercicio superarán los límites fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En cualquier caso, si finalmente las comunidades recortan por encima del 10% su presupuesto, realizarán un esfuerzo mayor que la Administración central, que prevíé un ajuste del gasto mucho menor para el próximo año, del 3,8%. Sin embargo, debe reconocerse que es el Gobierno central quien con más contundencia está aplicando la tijera este año. Entre enero y julio, el gasto de la Administración central ha caído un 20%. En cambio, las comunidades han gastado un 5% más en el primer trimestre.
¿Subidas de impuestos?
A la espera de conocer el detalle de los presupuestos para el próximo año, todo indica que, a diferencia de los anteriores, no habrá un incremento de las principales figuras impositivas. Cataluña, Extremadura, Cantabria, Asturias o Andalucía ya aprobaron en el ejercicio anterior aumentar el IRPF para las rentas altas y elevar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de casas de segunda mano. Además, el Partido Popular, que gobierna la mayoría de comunidades autónomas con la excepción de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Andalucía, se opone, al menos por ahora, a subir impuestos.
Sin embargo, las comunidades permanecen atentas a las posibilidad de que se recupere el impuesto sobre el patrimonio. La decisión depende del Gobierno central, aunque los ingresos derivados de este tributo se ceden a las comunidades autónomas, que en 2008 ingresaron en torno a 2.000 millones por este impuesto.
El tijeretazo no afecta a los intereses
El capítulo tres de los presupuestos autonómicos será el único que, con toda seguridad, registrará un incremento el próximo año. Se trata del capítulo dedicado a los gastos financieros, es decir, a pagar los intereses de la deuda.
En los últimos años, la deuda de las comunidades no ha cesado de incrementarse. Antes de la crisis, en 2007, ascendía a 59.827 millones y, en el primer trimestre, superó por primera vez en la historia el nivel de los 121.000 millones.
En la medida que los ingresos de las comunidades caen a la par que se incrementan los gastos, los Ejecutivos deben recurrir a la deuda para cumplir con sus obligaciones de pago. Y ello supone el pago de intereses, cuyo peso en los presupuestos autonómicos cada vez es mayor.
Por ejemplo, el presupuesto de Cataluña para este año contempla un recorte del 10% y, sin embargo, el capítulo de los gastos financieros aumentará un 60%.
Cataluña es una de las comunidades que ha recurrido a los denominados bonos patrióticos, que supone una emisión de deuda para minoristas a un tipo de interíés elevado que suele superar el 4%. La última en recurrir a esta medida ha sido Andalucía, que el jueves lanzó una emisión de bonos al 4,25% para captar 400 millones. Ante esta situación, no resulta extraño que las comunidades dedicaran en el primer trimestre de este año un 75% más de recursos en pagar intereses.
