La batalla legal entre Repsol y Sacyr/ Pemex está a punto de comenzar. La petrolera prepara ya su primer disparo a la operación anunciada la semana pasada. Para ello, Repsol ha contratado, como adelantó elEconomista, a tres de los mayores y más prestigiosos despachos de abogados en España para que dirijan su batalla legal y traten de frenar el asalto de la constructora.
Uría, Freshfields y Latham & Watkins serán los encargados de diseñar los distintos escenarios de defensa de la petrolera y de ir tomando medidas. Según fuentes consultadas por elEconomista, la batalla puede centrarse en un primer momento en dos frentes: la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La CNE se apresuró la semana pasada al asegurar que la operación no afectaba a la seguridad de suministro en España, pero los equipos jurídicos contratados por Repsol están analizando el contenido literal de la normativa, así como algunas de las disposiciones que tiene la legislación en Míéxico para poder recurrirlo ante el propio regulador y llegado el caso ante la justicia ordinaria.
Cepsa, un precedente
El organismo regulador ya evitó hace unos meses pronunciarse sobre una operación de desembarco del fondo de Abu Dhabi Ipic en Cepsa, pese a la existencia de activos regulados importantes como el gasoducto Medgaz, pero en aquel momento nadie decidió tomar cartas en el asunto porque la operación era amistosa.
Ahora parece que si que habrá una queja formal ante el organismo, ya que fuentes de los equipos jurídicos creen que hay razones más que fundadas para que se tenga que analizar el pacto.
Según la llamada Función 14, la operación de compra debe comunicarse al regulador cuando se produzca un movimiento superior al 10% en el capital social o "cualquier otro inferior que conceda una influencia significativa", como sería el caso del pacto Sacyr/Pemex al querer imponer un cambio en la dirección, así como influir en las políticas de inversión y de retribución a los accionistas.
La comunicación, según la norma, tendrá que realizarse en los quince días siguientes a la realización de las adquisiciones, es decir, que si la compra definitiva se realizó el pasado viernes 2 de septiembre, los compradores disponen hasta el día 17 para informar al regulador energíético.
Según la función 14, la autorización deberá solicitarse a la CNE cuando una sociedad no comunitaria, como es el caso de Pemex, realice una compra superior al 20% del capital social "o cualquier otro inferior que conceda influencia significativa en una sociedad" que desarrolle alguna actividad en sectores regulados, como es el caso de Gas Natural.
La adquisición realizada sin la correspondiente autorización no eximirá de la obligación de solicitarla, pudiendo la CNE requerirla de oficio, algo que al parecer el organismo que preside Alberto Lafuente se ha precipitado a asegurar que no será necesario.
El comprador, por su parte, dispondrá de un plazo de dos meses desde la petición de notificación por parte del regulador para presentar la correspondiente solicitud, pero la norma asegura que "en ningún caso podrá el adquiriente hacer uso de sus derechos de voto hasta el momento de haber recibido la preceptiva autorización".
Del mismo modo, la autorización sólo podrá denegarse por la CNE cuando exista "una amenaza fundada y suficientemente grave para la seguridad pública".
Prioridad, Míéxico
Es en este punto donde entra la regulación mexicana que obliga a Pemex a priorizar el suministro en el mercado mexicano, algo que puede poner en duda la base del acuerdo de mantener la españolidad y de garantizar el suministro.
Según consta en la llamada Ley reglamentaria del artículo 27, "las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energíética del país".
En la Ley de Pemex , que desarrolla los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de Míéxico, se incluye la obligación del director general de la petrolera de "fortalecer la soberanía y la seguridad energíética", a lo que se sumarían las propias dudas que hay en Míéxico a la operación.
Sacyr y Pemex pueden plantear en el próximo consejo, la convocatoria de una Junta extraordinaria para reformar los estatutos de la petrolera, pero al mismo tiempo tendrían que enfrentarse al riesgo de sufrir una varapalo y no poder conseguir el apoyo necesario.
El próximo 9 de septiembre, los representantes de Sacyr y de Pemex tendrán que acudir a una reunión convocada por el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, para tratar de explicarle los planes que ambas tienen para la compañía en Argentina. Esta reunión, que no tenían prevista los responsables de ambos grupos, puede suponer un paso para desvelar la estrategia de ambas compañías.
La petrolera tambiíén podrá exigir ante la CNMV que se tenga que lanzar una opa por la influencia significativa, pero esta opción aún parece alejada ya que podría abrir la puerta a una guerra de opas.
