La primera lección del catón sobre tácticas bíélicas entre directivos de compañías cotizadas y accionistas que reclaman sus parcelas de poder (tan recurrentes, por otra parte, entre las energíéticas españolas) es que hay que ganar tiempo. Por vía judicial, fundamentalmente, y hasta la extenuación si el guion lo requiriese. Tal ha sido el caso de alguna elíéctrica, que ha dado los mejores ejemplos de cómo dilatar los conflictos.
En la batalla desatada el pasado 29 de agosto entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el mayor accionista de la petrolera, Sacyr, que, tras la alianza sellada con Petróleos Mexicanos (Pemex) controlan casi el 30% del capital del grupo español, su máximo ejecutivo ha optado por aplicar dichas experiencias obstaculizando temporalmente la aplicación de un pacto de gestión que ambos accionistas acordaron sin su conocimiento ni el de La Caixa, que cuenta con el 12,9%.
Pero no lo ha hecho, de momento, en los tribunales, sino ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), a la que ha pedido que analice la operación en virtud de la potestad que le otorga la llamada función 14 para autorizar ciertas operaciones de compra de participaciones de empresas reguladas por parte de grupos no comunitarios. Aunque la CNE advirtió desde el primer momento que el incremento de la participación de Pemex en Repsol (que ha pasado del 4,8% al 9,8%) no requiere de su autorización previa, la petrolera española ha cursado una consulta a la que el consejo del regulador está obligado a responder.
Atendiendo a la ley y la doctrina derivada de otros dictámenes es evidente que la operación Pemex-Sacyr no debe ser sometida al arbitrio de la CNE. Aunque la operación reúne dos requisitos que le obligarían a ello (Pemex es una empresa extracomunitaria y el pacto firmado con Sacyr le otorgaría una influencia significativa en Repsol) faltaría una tercera condición para requerir una autorización: esto es, que la petrolera no es una compañía regulada. Solo cuenta con un pequeño activo regulado (una distribuidora elíéctrica en Puertollano), que es marginal a efectos legales (solo representa el 0,03% de la distribución en España), y el único que tenía, el almacíén subterráneo de gas de Bermeo, Gabiota, lo vendió en su día a Enagás.
Hasta la propia Repsol reconoce este extremo y, de hecho, lo que alega es que su condición de empresa regulada le viene de su participación en Gas Natural Fenosa (que cuenta con distribución de electricidad y gas) en la que controla junto con La Caixa más del 60% de su capital. Pero tambiíén en este caso la norma es clara a la hora de no tomar en consideración dichos activos, ya que Gas Natural no está integrada en Repsol (tal como requiere la ley) sino que es tan solo una empresa participada.
Tanto es así, recuerdan las distintas fuentes jurídicas consultadas, que no existe ningún antecedente de compra de participaciones de Repsol que haya pasado por la ventanilla de la Comisión de la Energía. Sin ir más lejos, ni siquiera la del 20% adquirido por Sacyr en 2006, cuando la función 14 era mucho más severa (esta potestad fue prácticamente desmantelada tras ser denunciada por Eon ante la Comisión Europea a raíz de su opa frustrada sobre Endesa). El desembarco de Sacyr no solo no fue analizado entonces por la CNE, sino que los responsables de Repsol tampoco lo exigieron.
Otro ejemplo mucho más reciente de que las petroleras están fuera de la jurisdicción autorizatoria de la CNE ha sido la opa del fondo soberano de Abu Dabi, IPIC, sobre Cepsa, que le ha otorgado el control absoluto de esta compañía. En este caso, fue la propia compradora, como empresa no comunitaria, la que quiso salir de dudas y consultó al regulador si debía pedir su permiso, a lo que este respondió negativamente.
Siguiendo en esta línea, tampoco Gas Natural dio el queo al regulador energíético de la reciente entrada (pactada, por otra parte) de la argelina Sonatrach, que ha adquirido un 3% de su capital. Algo que, curiosamente, sí ha hecho con la operación de Pemex. Sin esperar a que se pronuncie el consejo de la CNE, la participada de Repsol y La Caixa ya le ha comunicado su intención de personarse en el proceso, en el caso de que abra un expediente. Una intención que, al parecer, tambiíén abriga Iberdrola, que ve en la operación entre Sacyr y el grupo estatal mexicano un antecedente para la batalla propia que libra con su principal accionista, ACS.
Para acabar de rizar el rizo, hay quien advierte que si, como accionista de Gas Natural, a Repsol se la considerara empresa regulada, tambiíén lo sería La Caixa, con lo que la última reestructuración de sus participaciones industriales debería haber sido comunicada (sin solicitud de permiso, por ser comunitaria) a la CNE. Tambiíén otras inversiones de la propia Repsol.
¿Es posible la paz?
Tal lío viene a demostrar que el organismo que preside Alberto Lafuente no se ha puesto de perfil ante la políémica operación, tal como se le ha acusado, y que el objetivo de Brufau es ganar tiempo: o para recurrir a otros medios en contra de los dos accionistas concertados o para buscar una solución amistosa que evite males mayores. Aunque resulta improbable, no hay que descartar del todo un acuerdo pacífico a la vista de que La Caixa no se ha pronunciado aún.
Sobre al resultado de la consulta de Repsol a la CNE, y pese a la claridad de la norma, no conviene olvidar los tintes políticos del nuevo consejo de administración, que ha sido renovado al completo en los últimos meses, y en el que Repsol contaría con muchos apoyos. Al menos, el de los consejeros catalanes que representan a CiU y al PSC, y el de la consejera del PNV, Idoia Zenarruzabeitia, gracias a los lazos vascos de la petrolera, que es dueña de Petronor y preside Josu Jon Imaz.
