La maquinaria para vender la mayor privatización de la historia ya se ha puesto en marcha. Los bancos y cajas que comercializarán la Oferta Pública de Venta (OPV) de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) han iniciado la recogida de potenciales órdenes de compra entre los clientes particulares, que podrán suscribir la colocación a partir de 1.500 euros y hasta un máximo de 200.000
La cifra mínima es un poco más alta que la de la reciente OPS de Bankia -1.000 euros- y un poco más baja que la de Cívica (2.500 euros). Sin embargo, el importe superior es inferior a las de estas dos últimas ofertas de acciones, que permitían comprar títulos de estas dos instituciones bancarias por hasta los 250.000 euros.
Mientras los responsables de la OPV de Loterías se han desplazado a Londres para mantener los primeros contactos con los inversores institucionales, los bancos que distribuirán las acciones entre los minoristas han empezado a llamar por telíéfono a los clientes para conocer cuánto estarían dispuestos a invertir. Es lo que se conoce como preventa.
Esta acción comercial, prohibida en los tiempos de bonanza, se puso en práctica en las ofertas de acciones de Criteria e Iberdrola Renovables, en el último trimestre de 2010. En julio la emplearon Bankia y Cívica con políémica, ya que desde las entidades financieras se daban de palabra expectativas de rentabilidad que no se correspondían con ningún documento verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Lo mismo ocurre ahora con la empresa que gestiona La Quiniela y el Gordo de Navidad. Desde BBVA, banco coordinador de la OPV, se asegura que LAE ofrecerá una rentabilidad por dividendo del 6%. Una promesa verbal, puesto que los empleados del banco no se basan en ningún dato formal. Sobre todo porque se desconoce cuál será la banda de precios a la que se colocarán las acciones, condición sin la cual es imposible hacer predicciones sobre retornos de la inversión.
La horquilla no vinculante se establecerá una vez que Loterías conozca de primera mano la sensibilidad de los inversores profesionales a comprar sus acciones. Eso lo sabrá esta misma semana, una vez que los gestores de fondos y de pensiones reciban los informes de los brokers colocadores. Entonces harán sus propios números y decidirán a quíé precios están dispuestos a suscribir la OPS. Las estimaciones situán el valor de la LAE entre 20.000 y 25.000 millones.
Sin descuento para los empleados
En principio, el Estado pretende destinar el 50% de la oferta al tramo institucional y la otra mitad, al minorista. Los pequeños ahorradores podrán suscribir la OPV a travíés de BBVA y Santander, como bancos coordinadores; Caixabank y Bankia, como directores del tramo minorista; y Banco Sabadell, Popular, Bankinter, Banesto y Deutsche Bank como aseguradores principales. Los títulos tambiíén se distribuirán a travíés de una docena de entidades de menor tamaño a partir del 30 de septiembre si se cumple el calendario provisional.
Unos canales de venta que, asimismo, estarán abiertos para los 750 empleados directos e indirectos de la LAE. Sin embargo, pese a que un principio este colectivo iba a contar con un descuento de entre el 8 y el 10% sobre el precio final de la OPV para comprar acciones, los bancos coordinadores y la empresa han decidido suprimir este incentivo.
Una medida discriminatoria si se tiene en cuenta que en todas las privatizaciones realizadas por el Estado los empleados del emisor han disfrutado de ventajas sobre el resto de inversores. En la de Iberia, la última que se hizo en 2001, los trabajadores de la aerolínea tuvieron un descuento del 10% si mantenían los títulos durante 12 meses.
