Por... Carlos Ayala Ramírez
El 3 de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, instituido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; fue instaurado en el año 1986 debido al crecimiento de la población y las condiciones del medio. Por este motivo la ONU creó una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral del hábitat: el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que trabaja para lograr que las personas posean un lugar donde hallen paz y dignidad, sin barreras económicas o sociales. Por tanto, allí donde las diferencias existen persigue el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes.
El hábitat en tíérminos generales es el lugar donde un organismo halla lo que necesita para sobrevivir: alimento, protección, medios. En la actualidad la mitad de la población del mundo vive en ciudades por lo que se han convertido en el hábitat más importante para los seres humanos. En consecuencia, el Día Mundial del Hábitat se concreta en el día mundial del derecho a una vivienda digna, al acceso a los servicios básicos, a la educación, a la seguridad y, sobre todo, a la posibilidad de vivir en armonía con el entorno. De acuerdo a la legislación internacional sobre derechos humanos, una vivienda adecuada debe contemplar seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad y localización adecuada. Sin embargo, uno de los problemas sociales más crónicos del mundo es el díéficit habitacional, que ahora mismo afecta a 900 millones de personas que no tienen una vivienda segura en este planeta, cifra que puede llegar, en 2020, a los mil 700 millones; Amíérica Latina es una de las regiones donde el problema de la vivienda presenta un alto díéficit que afecta de manera dramática a los sectores populares. Tiene aquí cabal contexto el planteamiento del teólogo Gustavo Gutiíérrez al afirmar que ser cristiano en Amíérica Latina es preocuparse por dónde dormirán los pobres: ¿dormirán bajo techo? ¿en el suelo o en una cama? ¿de uno, dos, cinco o seis personas por cuarto? ¿en una vivienda de la que pronto serán arrojados?
Esta preocupación ha sido nuevamente expuesta en la Declaración de Cochabamba dada a conocer en el marco del Día Internacional del Hábitat 2011. Los que suscriben el documento – hombres y mujeres que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda para los sectores populares – hacen las siguientes reflexiones:
En primer lugar, constatan que la civilización y la tíécnica proveen sin cesar de nuevas herramientas para utilizar en provecho de la humanidad, eso se hace a costa de la sustentabilidad de la vida en el planeta, como si fuera posible un crecimiento infinito; mientras la humanidad alcanza logros tecnológicos impensables pocos años atrás, íéstos sobre todo incentivan el consumo de productos descartables, para enriquecimiento ilimitado de muy pocos, en tanto las grandes mayorías siguen sufriendo graves penurias y la naturaleza quebrantada pasa su factura haciendo más vulnerables a los vulnerables.
En segundo lugar, denuncian que hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casas; todos los adelantos tecnológicos para algunos y la falta de las mínimas condiciones de vida para los más; barrios segregados y mal servidos en las periferias y tugurios deteriorados en los centros urbanos para los pobres, y zonas excluyentes sólo para los ricos, son las caras visibles de estas ciudades terriblemente desiguales e injustas.
En la tercera reflexión, se pone de manifiesto la incoherencia de los mandatarios y la injusticia del sistema, ya que mientras los gobiernos suscriben declaraciones y pactos que reconocen el derecho a la vivienda para todos, se evidencia el acceso restringido o directamente la falta de acceso al suelo para vivienda, al agua potable, la energía, los desagí¼es, para las mayorías; mientras una minoría, que concentra la riqueza y el poder, goza de todos los privilegios. Y eso es así en toda nuestra Amíérica, sostienen, porque en todo este vasto territorio íésa es la consecuencia de un sistema económico y social injusto, que explota los bienes comunes y a los seres humanos sin rubores ni límites.
En cuarto lugar, expresan su frustración porque la llegada de partidos “progresistas†a los gobiernos de muchos países de la región no ha cambiado esta realidad: los discursos cambian, pero no las políticas; la deuda externa sigue importando más que la deuda social, como si los principios cambiaran cuando se cambia de lado en el escritorio; la privatización sigue siendo la receta (para la educación, para la salud, para la producción, para generar trabajo) y el derecho a la vivienda, como los demás derechos económicos, sociales y culturales, sigue sin poder ser ejercido plenamente. El derecho escrito sigue acumulando documentos, mientras su goce efectivo sigue huíérfano de planes y medidas.
En la quinta reflexión se afirma que los problemas sociales no los soluciona el Mercado; que la única salida en este tema es apostar a las potencialidades y organización de la gente; que sus posibilidades son mucho mayores cuando los procesos son colectivos, participativos, autogestionarios y democráticos, como es el caso de las cooperativas de vivienda y otros modelos grupales similares.
Finalmente, reclaman de los gobiernos de la región latinoamericana, el reconocimiento y apoyo a los procesos de producción y gestión social del hábitat a travíés de políticas de Estado, cuyo objetivos sean: el acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores populares; evitar el desplazamiento y el desarraigo, los desalojos forzados y la fragmentación urbana, el deterioro y la depredación ambiental.
En El Salvador – cuyo díéficit habitacional alcanza las 500 mil unidades - una propuesta en línea de los objetivos antes mencionados, lo constituye el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interíés Social (ALVIS), presentada el 16 de noviembre de 2010 por la Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO) y la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). Para este anteproyecto de ley, la vivienda de interíés social es aquella destinada a las familias de bajos ingresos de las áreas urbanas y rurales. Dicha vivienda deberá cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: estar ubicada en zonas consideradas habitables; tener una superficie que permita superar el hacinamiento y la promiscuidad; contar con espacios propicios para el desarrollo humano familiar; poseer techos, paredes y pisos construidos con materiales que garanticen la seguridad estructural; tener en todos los ambientes iluminación natural y ventilación adecuada; contar con instalaciones de servicios básicos domiciliares; tener acceso peatonal y vehicular en todo momento; y disponer en sus proximidades de servicios urbanos y sociales. Condiciones mínimas para que una gran parte de las familias salvadoreñas puedan desarrollarse con dignidad. La propuesta surge de comunidades que tienen como referente de lucha el cumplimiento del derecho humano a la vivienda. El protagonismo lo tienen las distintas organizaciones comunales, municipales y regionales; es un caso ejemplar de ciudadanía activa que sigue esperando la respuesta de los diputados y diputadas, quienes deberían de estar preocupados por responder a la pregunta que no le interesa al Mercado, pero que sí debe ser prioridad de la recta política: ¿Dónde dormirán los pobres?
