Los 185 exsenadores que han dejado la Cámara Alta al disolverse las Cortes por la convocatoria electoral del 20N cobrarán a final de mes el finiquito con el que concluye su relación laboral con el Senado y que asciende a 8.345,16 euros.
Esta indemnización de transición les corresponde a los miembros del Senado cuya actividad cesa al concluir una legislatura, en este caso, el pasado 27 de septiembre. La cifra equivale a lo que cobrarían si se mantuviesen en el puesto hasta las elecciones de noviembre.
En estos momentos, son 185 los senadores que han sido cesados, mientras que los otros 77 restantes mantienen la condición de parlamentarios como miembros de la Diputación Permanente, el órgano que permanece de guardia hasta que se constituya el nuevo Senado. Estos senadores cobran su nómina habitual.
El finiquito es la suma de la asignación constitucional, idíéntica para todos y que asciende a 2.813,91 euros al mes, y de la indemnización para manutención y viajes (1.822 euros para los senadores de fuera de Madrid y de 869 para los madrileños) sin añadir los complementos. Estas cantidades se pagan en proporción a los 54 días de inactividad hasta el 20N.
La píérdida de la condición de senador obliga tambiíén a sus señorías a devolver el telíéfono móvil y el ordenador portátil que les facilita la Cámara cuando llegan a ella. Las líneas telefónicas se mantendrán dadas de alta hasta pasadas las elecciones, momento en el que el senador puede quedarse con la titularidad o perder la conexión. En cuanto al aparato, un 'smartphone', se lo pueden quedar sin coste porque los proporcionó el operador, no los compró el Senado.
En cuanto al ordenador, el procedimiento es similar al del telíéfono, con la diferencia de que si el senador quiere quedarse el aparato debe pagar 100 euros por íél. Si no, tiene que devolverlo.
Junto a la indemnización de transición, está prevista otra indemnización por cese que los senadores pueden pedir o no una vez que abandonan definitivamente la actividad parlamentaria y que cobrarán hasta que encuentren una actividad que les aporte otros ingresos.
Se trata de una asignación mensual que este año asciende a 2.813,87 euros. Se tiene derecho a ella durante un tiempo proporcional a los años que se ha permanecido en las Cortes, con un máximo de 24 meses.
Entre los últimos senadores que lo han solicitado se encuentran algunos que han dimitido y varios autonómicos, que dejaron el Senado tras las elecciones catalanas de noviembre del año pasado o las autonómicas de mayo. Figuran así senadores de larga trayectoria en las Cortes, como Lluis María de Puig (PSC), quien llegó al Congreso en 1979, pasó al Senado en 2004 y dejó definitivamente las Cortes en febrero de 2011 y a quien le corresponde la indemnización máxima, de 24 meses.
Casi el máximo (23 meses) le corresponde tambiíén a Josíé Macías (PP), diputado o senador desde 1983, mientras que su compañero de filas Ovidio Sánchez tiene derecho a doce meses. El catalán Carles Bonet (ERC) a once meses y los socialistas Arsenio Gimíénez y Jesús Morlote, que tambiíén han solicitado indemnización, tienen derecho a ocho meses.
En la lista se encuentran tambiíén al balear Joan Huguet (PP), a quien le corresponden 4; o el canario Alfredo Belda (CC), con otros cuatro meses de indemnización. Figura tambiíén Lino González, senador que dimitió en junio para defenderse de los delitos de abusos sexuales de los que está acusado. Le correspondieron tres meses de indemnización.
