La brecha fiscal no cede. Hasta el extremo de que en 2010 se situó en el 40% del salario bruto de un trabajador. O lo que es lo mismo, cada español trabaja 146 días al año -casi cinco meses- para financiar el sector público.
La brecha fiscal se define como la diferencia entre el coste que tiene para el empresario contratar un trabajador y lo que finalmente se lleva íéste a casa una vez descontadas las cotizaciones sociales, tanto de empleadores como de trabajadores, a lo que hay que sumar la carga fiscal.
Y la conclusión a la que llega la OCDE en su último informe sobre Taxation and Employment es que si la cuña fiscal es alta, se desincentiva la contratación. Y eso es, según, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo que está sucediendo en algunos países avanzados, donde la diferencia entre el coste del factor trabajo y el ‘sobre’ que se lleva a casa el trabajador a fin de mes se sitúa como media cerca del 40%.
España, en este sentido, se sitúa en la zona media-alta de la presión fiscal que sufre los salarios. De los 34 países que analiza la OCDE, se coloca en el puesto número doce, incluso por encima de algunas naciones con carga fiscal elevada, como son Holanda, Dinamarca o Noruega, donde el Estado de bienestar es más generoso. En España, por ejemplo, y dentro del ríégimen general por contingencias comunes, el empleador está obligado a añadir un 23,50% al salario del trabajador (coste empresa), mientras que el asalariado, a su vez, paga otro 4,7%, a lo que hay que sumar las cotizaciones por desempleo o formación profesional.
Bíélgica, Francia y Alemania son, por este orden, los tres países en los que la cuña fiscal es más elevada (lo que significa que el sector público se lleva un porcentaje más alto del salario), mientras que, en sentido contrario, se sitúan Chile, Míéxico y Nueva Zelanda, donde la diferencia es inferior en los tres casos al 20%.
La conclusión que saca la OCDE en su informe es que una brecha salarial alta tiene un doble efecto pernicioso. Por un lado, desincentiva la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores en paro, ya que son conscientes de que casi la mitad de sus ingresos se destinarían a financiar los servicios públicos en caso de encontrar un puesto de trabajo. Al mismo tiempo, los trabajadores con empleo tampoco tienen incentivos para aumentar su productividad y la creación de valor, toda vez que son conscientes de que una parte muy importante de sus ingresos adicionales tambiíén irán a parar a Hacienda o al sistema público de protección social.
Trabajadores de bajos salarios
La solución que apunta la OCDE para resolver este problema no pasa, sin embargo, por una reducción generalizada de las cargas sociales o fiscales, toda vez que no hay margen presupuestario en un contexto económico como el actual. Por el contrario, propone actuar de forma selectiva sobre determinados colectivos. En particular, sobre los trabajadores de bajos salarios y con problemas de empleabilidad. Tambiíén sobre los mayores y sobre los colectivos que la OCDE denomina de ‘segundo ingreso’, principalmente mujeres. Igualmente, se sugiere la idea de rebajar las cotizaciones sociales para los jóvenes de baja cualificación con dificultades para la inserción laboral y los parados de larga duración.
Los datos de la OCDE muestran que en España la carga fiscal (incluyendo Seguridad Social) sobre los salarios apenas ha variado respecto de los resultados del año 2000. La diferencia se sitúa en casi cinco puntos por encima de la media en el caso de los trabajadores solteros (un 39,6% frente al 34,9%), pero esta distancia se ensancha hasta los nueve puntos porcentuales (ver gráfico) en el caso de una familia con dos hijos y un solo receptor de rentas por el trabajo.
La diferencia es especialmente significativa cuando se comparan los resultados de una familia monoparental con dos hijos. En este caso, como sostiene la OCDE, su carga fiscal es de trece puntos porcentuales por encima de la media de la organización que agrupa a las naciones más avanzadas del planeta.
