El Gobierno aprobará de forma inminente el nuevo canon digital
El gravamen que se aplicará sobre los productos electrónicos capaces de almacenar información digitalizada recaudará para las entidades de gestión de derechos más de 100 millones de euros anuales.
Los ministerios de Industria y Cultura ultiman la aprobación y publicación de la orden ministerial conjunta que pondrá en vigor el canon digital, el gravamen que se cargará –para compensar a los autores por las píérdidas que genera la copia privada– sobre todo tipo de soportes electrónicos capaces de almacenar información digitalizada, como discos duros, MP3 o incluso telíéfonos móviles.
El canon fue una de las medidas más políémicas emprendidas por el Gobierno en la pasada legislatura. Las fuentes consultadas estiman que la publicación de la orden ministerial que contiene el cuadro de tarifas del nuevo canon verá la luz en los próximos días, incluso esta misma semana. En los últimos días, el Gobierno viene ofreciendo pistas sobre la inminencia del canon. En su intervención ante el Congreso de los Diputados de la pasada semana, Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, desveló que la aprobación del canon tendría lugar en los “próximos díasâ€.
Mal momento económico
La entrada en vigor del canon que encarecerá una gran variedad de productos electrónicos e informáticos de gran consumo, se producen en un mal momento económico, mucho peor que en diciembre pasado. La inflación está desbocada con una tasa interanual del 4,6% hasta mayo, la más alta desde 1995. Además, la subida de las hipotecas está frenando el consumo, como se refleja en la caída de las ventas de productos como los automóviles, con una caída acumulada hasta mayo del 24%.
La publicación de la orden ministerial que fija las tarifas del gravamen acumula un retraso no explicado de, al menos, seis meses desde que en diciembre de 2007 se anunció la tabla con el canon para cada tipo de producto. Parecía que su publicación en el BOE sería inminente, pero la cercanía de las elecciones de marzo y el hecho de que el PP lo convirtiese en un objeto de confrontación electoral –la platarorma Todoscontraelcanon.com recogió 1,5 millones de firmas–, aconsejaron al Gobierno posponer su aprobación hasta despuíés de las elecciones generales del 9 de marzo.
Pero el retraso real es muy superior, puesto que, desde diciembre de 2006, momento en que fracasó la negociación entre las entidades gestoras de derechos y la industria tecnológica, la responsabilidad de la fijación de las tarifas estaba en manos del Ejecutivo, donde el Ministerio de Industria y el de Cultura, defendían, respectivamente, los intereses de las empresas electrónicas y de los autores. A pesar de que el nuevo canon digital ampliaba sustancialmente el catálogo de soportes y equipos gravados, muchas de las tarifas se redujeron respecto a su equivalente analógico (un 22,7% en los CD, un 26,6% en los DVD-R o un 48,5% en las grabadoras de CD y DVD).
Al final, la recaudación total del canon oscilará, si se mantienen las tarifas anunciadas en diciembre, entre los 105 y los 115 millones de euros, es decir, una cifra sólo ligeramente superior a lo que se recaudaba con la anterior configuración del gravamen, 93 millones en 2005 y unos 100 millones en 2006.
Respecto al retraso de tres meses tras las elecciones generales, algunos lo atribuyen a presiones de la Sociedad General de Autores (SGAE), por un lado, y de Sogecable, la filial de Prisa, por otro. Según esta tesis la SGAE pretende mejorar el sistema de revisión anual de las cantidades que gravan a los distintos soportes para que no peligren sus ingresos. Por su parte, las presiones de Sogecable irían destinadas a lograr que quedasen exentos del canon los nuevos descodificadores con sistema de grabación de Canal+, o al menos, que no se les aplique el canon con plena retroactividad.
