A la luz, de resolver el presunto díéficit tarifario de las empresas íélectricas y su manifiesta ineptitud, para gestionar los recursos energíéticos de los españoles, se insta a recuperar por causas de utilidad pública e interíés social, las centrales instaladas en los ríos nacionales, que como bienes de dominio público de los ciudadanos españoles, tienen un carácter inalienable e inembargable.
Medidas que el nuevo gobierno, con la ley en la mano, puede plantear, previa declaración de utilidad pública e interíés general y mediante el oportuno procedimiento administrativo de urgencia, tan utilizado en la práctica administrativa.
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