Como ya ocurrió en el último Gobierno de Josíé María Aznar, el de Mariano Rajoy tambiíén eliminará el Ministerio de Industria. Sus competencias pasarán a una macrocartera de Economía, que controlará la regulación energíética.
Mariano Rajoy tiene encima de la mesa el organigrama del Gobierno que, con toda probabilidad, presidirá tras la elecciones generales del 20 de noviembre. Y en íél, según fuentes cercanas al jefe de los populares, no figura el actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La mayor parte de las competencias de este departamento, que dirige actualmente Miguel Sebastián, pasarían a depender de una macrocartera de Economía. Rajoy busca para esta un economista de peso y con proyección internacional del perfil de Josíé Manuel González-Páramo, miembro del comitíé ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España o Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía.
Sobre este ministerio y el de Presidencia, que dirigirá, según distintas fuentes consultadas, Soraya Sáenz de Santamaría, pivotaría el futuro Gobierno de Rajoy. Este tiene la intención (más como operación estíética que por los ahorros que supondrá) de reducir el número de ministros en cinco o seis (quedaría en nueve o diez).
En el caso de Industria, su desaparición estaría en línea con lo que ya hizo el último Gobierno de Josíé María Aznar, que eliminó el Ministerio de Industria en el año 2000 y dispersó sus funciones entre Economía y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces de nuevo cuño, al frente del cual se situó en una primera etapa Anna Birulíés.
Prácticamente todas las competencias del actual ministerio (industria, comercio, telecos, pymes y energía) pasarían al nuevo departamento de Economía. En el caso de la energía, con una secretaría de Estado.
El afán de los ministros económicos de controlar la política energíética no es exclusivo de la derecha. De hecho, la tentación tambiíén ha existido en los Gobiernos del PSOE. Dado que el resto de los sectores hoy integrados en Industria o están muy liberalizados, caso de las telecomunicaciones, o sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas, como la industria, el turismo, es el de energía el más relevante.
No en vano, el ministerio comparte con la Comisión Nacional de Energía (CNE) el papel del regulador energíético y tiene la potestad de fijar la tarifa de acceso a las redes y controla la celebración de las subastas Cesur, donde se determina cada trimestre el precio de la energía de la factura elíéctrica.
El modelo con el que nació el díéficit
En la última legislatura del PP, siendo ministro de Economía Rodrigo Rato, se creó una Secretaría de Estado de Energía que dirigió Josíé Folgado. Esta fue una de las competencias del extinto Ministerio de Industria, que se repartieron entre otros departamentos. Precisamente fue en esta etapa cuando se permitió, por primera vez, la figura del díéficit elíéctrico, tras el uso (y abuso) de la tarifa como instrumento de política económica. Despuíés de una díécada, la deuda de los consumidores con las elíéctricas supera ya los 20.000 millones y es uno de los problemas más graves a los que se enfrentará el nuevo Gobierno. La desaparición de Industria responde a un dogmatismo liberal que niega la política industrial del Estado. Empresas de sectores como el del automóvil ya lamentaron en su día la eliminación del ministerio. El hecho de que las competencias pasen a Economía será para ellas una mala noticia, pues consideran que se quedan sin interlocutor.
