A pesar de la dureza de los ajustes de las administraciones centrales y autonómicas, los respectivos sectores públicos, en muchos casos, verdaderas administraciones paralelas, se resisten a ser objeto de reestructuraciones.
Según el Inventario de Entes del Sector Público que elabora el Ministerio de Economía y los gobiernos de las comunidades autónomas, la reducción operada desde que se hicieron los últimos inventarios, sólo ha afectado al 1,3% de los entes existentes, para situarse, a primeros de noviembre, en 2.808, de los que 451 corresponden al Estado.
Dentro del plan de ajuste desarrollado por el Gobierno central desde el mes de mayo de 2010, se adoptó el Acuerdo de Racionalización del Sector Público Empresarial. El resultado de las decisiones adoptadas en este marco, ha sido de 22 empresas suprimidas por fusión o extinción en el año 2010 y otras 5 en el año 2011. Paralelamente, se ha producido el cambio de naturaleza jurídica o extinción de otras cinco fundaciones.
Según el inventario estatal, hay en 2011 una agencia estatal más y nueve consorcios nuevos, un fondo carente de personalidad jurídica y una entidad estatal de derecho público añadido. Como bajas aparecen las sociedades mercantiles, que son nueve menos, dos organismos autonómicos estatales y las mencionadas cinco fundaciones.
Más intensa había sido la reducción en 2010 en la que se redujeron 21 entidades de todo tipo. El mayor contingente de entidades estatales lo representan las llamadas sociedades mercantiles estatales y asimiladas, que son el 38,8% del total.
Las autonomías, remolonas
Si el esfuerzo de reestructuración es corto en el sector público estatal, en las comunidades autónomas es aún más renuente, ya que desde el inventario del 1 de enero de 2011 hasta ahora, sólo se han reducido 31 entidades, para colocar el listón en 2.357, fruto de unas altas de 24 entidades y de la baja de 55.
De las 24 altas registradas, 10 corresponden a entidades nuevas creadas entre el 1 de enero y el 1 de julio de este año, mientras que las otras son fruto del perfeccionamiento del inventario realizado por el Ministerio de Economía y los gobiernos autonómicos. De las mencionadas 55 bajas, 46 corresponden al periodo de los primeros seis meses del año.
La estructura del sector público autonómico es muy compleja y contiene figuras jurídicas muy diversas. No obstante, el contingente mayor lo aportan las sociedades mercantiles, que totalizan 656, el 27,8%. Los consorcios totalizan 644, el 27,3%, y le siguen en número la entidades constituidas como fundaciones, que alcanzan las 562 y suponen el 23,8%.
Tambiíén es importante el número de entes públicos, 205 y el de organismos autónomos, 169.
Estas entidades tienen una distribución muy errática entre las diferentes autonomías. Por ejemplo, Andalucía cuenta con 382 entes públicos entre las diferentes categorías, el 16,2% del total nacional y los ha incrementado en 6 entidades y Cataluña, con 331 entidades de todo tipo, el 14% del total, habría reducido en algo más de cien, según los datos de esta comunidad. Una autonomía uniprovincial como Cantabria, cuenta con 79 entidades, el 3,3% nacional, pero las habrá incrementado en 11 entidades.
A este importante parque de entidades públicas autonómicas hay que sumar otro no menos numeroso que es el que depende de los municipios, corporaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, que supera tambiíén los 2.000.
