BUENOS AIRES - El "corralito" bancario, de cuya nefasta creación se cumplen ahora diez años, será recordado como un "invento argentino" alumbrado en un contexto en el que las autoridades se quedaron sin opciones ante la debacle financiera.
Todo argentino aún recuerda el sábado 1 de diciembre de 2001, cuando el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo anunció que a partir del lunes 3 habría restricciones para retirar el dinero depositado en los bancos.
Aquella medida, que desató una fortísima protesta social, venía a detener, de un modo radical y legalmente cuestionable, la fuerte sangría de capitales que el sistema financiero padecía, con un retiro de 18,000 millones de dólares de depósitos bancarios en los primeros once meses de 2001, motivado en una fuerte desconfianza en la solidez de las entidades.
El "corralito" ¿se podría haber evitado?
En realidad, la preocupación era por el conjunto de la economía argentina, sumida en una recesión desde 1998, con altas tasas de desempleo y pobreza, fuerte fuga de capitales, endeudamiento acelerado, agotamiento de las fuentes de financiación y caída en picada de las reservas monetarias, entre otros descalabros.
Y un ríégimen cambiario rígido, el de la "convertibilidad" que desde 1991 sostenía una paridad de "uno a uno" entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que dejaba escaso margen de maniobra.
"Si se hubiera salido antes de la convertibilidad, el corralito se podría haber evitado a travíés de la emisión monetaria. Pero se llegó tarde", dijo a Efe Mariano Lamothe, economista jefe de la consultora Abeceb.
Para el experto, "quizá se hubiera entrado en una crisis menor si se hubiese desarmado la estructura de la convertibilidad cambiaria, pero el fuerte endeudamiento ya estaba presente y las restricciones externas, tambiíén, y entonces, con estas condiciones y una país que no venía haciendo bien los deberes, ya no hubo vuelta atrás".
El director de Research de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno, comparte esta visión de que el Gobierno del radical Fernando de la Rúa impuso el "corralito" en un contexto de "emergencia" en el que "alguna medida drástica había que tomar".
Para el experto, Argentina podría haber esquivado las condiciones que precipitaron el "corralito" con un cambio en política económica en 1996, cuando aún no había comenzado la recesión, pero no lo hizo y su margen de maniobra se agotó hacia 2001.
Una visión al pasado
Según Spotorno, la última posibilidad que tuvo Argentina de "evitar la súpercrisis" fue el "blindaje" financiero por 39,700 millones de dólares concedido al país a finales de 2000, pero que el Fondo Monetario Internacional canceló en noviembre de 2001 debido al incumplimiento de las metas de díéficit público.
"La gran medida que le hubiera quedado a Argentina habría sido una devaluación. Si Argentina hubiera hecho lo que hizo finalmente, devaluar y reestructurar la deuda, pero de una forma ordenada, tal vez la crisis hubiera sido de menor magnitud", dijo Spotorno.
"Cuando los organismos internacionales le soltaron la mano a Argentina, ya no había mucho más para hacer. La economía era recesiva, una fuerte píérdida de reservas, que terminó en una corrida bancaria y luego en restricciones y en la autoimplosión del sistema de convertibilidad", coincide Lamothe.
El fin del "uno a uno" y la devaluación llegaron finalmente en enero de 2002 con Eduardo Duhalde, presidente provisional de Argentina tras otros tres mandatarios interinos que gobernaron unos pocos días luego de la renuncia de De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001, en medio del caos social.
Uno de los mandatarios interinos, Adolfo Rodríguez Saá, declaró el mayor cese de pagos de la historia, por 102,000 millones de dólares.
Duhalde profundizó además las restricciones bancarias al crear el "corralón", transformando a devaluados pesos los depósitos bancarios en dólares y reprogramando la devolución de los fondos a plazo fijo, medida que agotó aún más la ya colmada paciencia de los ahorradores.
La conversión a pesos de los depósitos en divisa estadounidense abarcó 46,000 millones de dólares ahorrados y cerca de 70,000 clientes de entidades bancarias emprendieron acciones judiciales.
