El ministerio que aún dirige Miguel Sebastián debe proponer en pocos días a la CNE la revisión de los peajes elíéctricos para enero, Si se atiene a la legalidad, esta parte regulada de la factura de la luz debe subir el 25%. Aunque el Gobierno en funciones lo proponga, con el coste político correspondiente, será el de Mariano Rajoy el que apruebe la revisión.
El Ministerio de Industria en funciones tiene en sus manos una patata caliente: hacer la propuesta de revisión de las tarifas de acceso (peajes) que se aplicarán a partir de 1 de enero. La norma exige el dictamen preceptivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que obliga al Gobierno actual a proponer dicha revisión, aunque sea el nuevo Ejecutivo del Partido Popular, que podría constituirse a partir del día 20, el que finalmente la apruebe y la publique en el BOE antes de que acabe este mes.
Según el plazo legal, el equipo de Miguel Sebastián debe enviar al regulador energíético una propuesta antes del próximo martes, como fecha límite y ya en trámite de urgencia. Fuentes próximas al ministerio aseguran que ya están en ello y que la CNE ha sido informada de que recibirá en unos días el borrador.
La cuestión es delicada, pues, de atenerse a la normativa y teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal Supremo, los peajes (que son la parte regulada de la factura de la luz y pondera en ella aproximadamente un 50%) deberían subir en torno al 25%.
De esta manera, según los cálculos de Unesa y de la propia Comisión, se compensaría, por un lado, la bajada del 12% que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en octubre para no enturbiar los malos augurios electorales del PSOE y, por otro, se cumpliría con el díéficit de tarifa de 1.500 millones reconocido por ley para 2012, lo que requiere una subida añadida superior al 10%.
El Gobierno bajó los peajes en octubre (con lo que provocó una desviación de 1.600 millones), para compensar la fuerte subida de la energía (que representa la otra mitad de la factura elíéctrica) y que determinó la subasta Cesur celebrada a finales de septiembre. Con esa maniobra de ajuste logró congelar en el trimestre la tarifa de último recurso (TUR) a la que tienen derecho los consumidores domíésticos.
Industria tiene ahora dos opciones: o proponer una fuerte subida para cumplir con la norma (esta señala que si se superan los díéficit anuales permitidos, las cantidades deben ir directamente a la tarifa) o buscar vericuetos no legales que justifiquen una subida menor.
La primera opción es políticamente incorrecta y se volvería en contra de un Gobierno que se ha visto salpicado por otras decisiones políémicas adoptadas estando ya en funciones. Aunque la subida la aprobara el Gobierno de Rajoy, el mensaje es que provenía de una propuesta del Gobierno socialista.
Si opta por no proponerla, "sería una prevaricación", señalan fuentes de las elíéctricas. Estas denunciaron ante el Tribunal Supremo la rebaja de los peajes similar a la de octubre, que el Gobierno aprobó en junio del año pasado. La sentencia del alto tribunal considera "ilegal" aquella rebaja, que, como es habitual, se decidió despuíés de conocerse el resultado de la Cesur. Así, hasta hora, las propuestas a la CNE apenas han servido para nada y menos aún los dictámenes del regulador. Una práctica que tambiíén pone en cuestión el propio Supremo. Las elíéctricas tambiíén han recurrido la última revisión tarifaria del mes de octubre.
De acuerdo o sin acuerdo con los populares
El ministro de Fomento en funciones, Josíé Blanco, aseguró hace varias semanas que cualquier decisión relevante que adoptara el Gobierno en funciones se haría de acuerdo con el Partido Popular. Una de esas medidas es la propuesta de revisión de los peajes elíéctricos a partir del 1 de enero, pero que debe ser tramitada en breve para cumplir con la audiencia preceptiva ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).
En este caso, todo indica que los populares no están interviniendo directamente. Al menos, no se hizo en el traspaso de poderes del Ministerio de Industria que, como en el resto de ministerios, está realizando Soraya Sáenz de Santamaría y ílvaro Nadal, hasta ahora segundo de Cristóbal Montoro en el Congreso. En los traspasos las preguntas han sido muy generales y se han referido especialmente a presupuestos y deuda.
Ante la posibilidad de que se hayan mantenido contactos a travíés de otros cauces, fuentes próximas al Gobierno lo niegan, argumentando que Mariano Rajoy no quiere ofrecer otros interlocutores, pues, de haberlo, se estarían dando pistas de quiíén sería, en este caso, el futuro responsable de Energía.
Sea cual sea la decisión del Gobierno en funciones, la última palabra final será de Rajoy. Con mucha suerte, y de no subir el precio de la electricidad en la subasta Cesur del día 20, la factura de la luz solo debería subir aproximadamente un 12% (la mitad del alza del 25% que requieren los peajes). O eso, o incumplir la ley (las elíéctricas volverían al Supremo) con la consiguiente generación de nuevos díéficits de tarifa.
La tercera vía es cambiar la Ley de Medidas Energíéticas que pone topes anuales a estas desviaciones, para lo que con total seguridad Rajoy no tendrá tiempo.
Calendario
-El martes, 13, es la fecha tope para que Industria envíe su propuesta de revisión de las tarifas de acceso a la CNE. Por trámite de urgencia, el regulador dispondría de unas dos semanas.
-El día 20 se celebrará la subasta Cesur, a la que acuden las comercializadoras para adquirir (de manera virtual) la electricidad que suministrarán a los domíésticos.
-El 21 es la fecha en la que se prevíé la formación del nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
