Las elíéctricas tiemblan ante las medidas que puede adoptar el nuevo Gobierno. Y es que las reuniones mantenidas con el PP en los últimos meses invitan a la duda. Según explican fuentes del sector, el partido de Mariano Rajoy habría trasladado a las compañías su intención de plantearles una quita de los fondos que se les adeudan por el denominado díéficit de tarifa, la diferencia entre el coste real de producir electricidad y los ingresos regulados que perciben las empresas vía recibo de la luz. Los cobros pendientes que recogen las elíéctricas en sus balances superan ya los 20.000 millones, de los que apenas han podido titulizar hasta la fecha 9.125, en unas condiciones especialmente delicadas para el mercado.
“ílvaro Nadal ha sido el principal interlocutor con las elíéctricas. Antes de las elecciones ya les planteó diferentes opciones para el díéficit de tarifa. Por ejemplo y debido a los problemas para colocar el díéficit, ha tanteado a las compañías para convertirlo directamente en deuda pública a cambio de que acepten una quita y de reestructurar todo los costes del sectorâ€, aseguran fuentes conocedoras del contenido de las reuniones. Otras fuentes matizan que el planteamiento de la quita está sobre la mesa desde hace meses. “Algunos dirigentes del PP se lo han planteado a las compañías para tantearlas. Antes del verano se les habló de una quita pura y dura. Luego las fórmulas han sido más imaginativasâ€, explican. Y van más allá.
“Como formalmente es muy difícil acometer una quita, el PP se ha planteado incluso una fórmula de quita y a cambio te doy suelo. Todo ello parte de la idea de que el Estado tenga que asumir el suelo que los bancos tienen en sus balances. La clave de esa opción es cómo valoras el activoâ€, apuntan las fuentes. Desde las elíéctricas, sin embargo, se niega la mayor. “La ley ya estipula cómo debe pagarse el díéficit de tarifa. Cualquier cambio supondría modificar la normativa en vigor. De momento, no ha habido ningún planteamiento oficial de quitaâ€, se explica desde una elíéctrica. La patronal (Unesa) insiste en esa idea: “No se nos ha dicho nada oficialmente. Y la quita ni siquiera se contempla. Si hay una deuda, la tienes que pagarâ€.
El temor ante un posible rejón del nuevo Ejecutivo explicaría la mayor exposición pública de las elíéctricas en las últimas semanas. El lunes, Unesa filtraba una carta remitida al secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, en la que le pedía que el Gobierno en funciones que elevara en 2012 un 30% los peajes de la luz, que recogen los costes regulados del sistema elíéctrico. En caso contrario, vaticinó que el díéficit de tarifa alcanzará en el próximo ejercicio los 5.270 millones, es decir, 3.770 millones por encima del tope legal. La revisión que plantean las empresas supondría una subida del 15% del precio de la electricidad. La diferencia entre ingresos y gastos ya superaba en septiembre, con tres meses por delante, el límite de 3.000 millones fijado por ley.
Bancos y puestos de trabajo, lo primero
“El discurso de Nadal ha sido claro en los últimos meses. Lo que le preocupa son los puestos de trabajo, la industria y las pymes nacionales. No está por la labor de llegar al objetivo del 20-20-20 [el mandato de la UE por el que las energías renovables deben aportar un 20% del consumo en 2020] porque sí. Se trata de promover la industria nacional y, si se llega a ese objetivo, bien estará. Del mismo modo, asegura que no hace falta más potencia de momento y que, si se requiere en el futuro, las fuentes prioritarias deben ser la nuclear y las renovables. Eso sí, siempre con el menor coste posible y teniendo en cuenta que las prioridades del nuevo Gobierno deben ser sanear el sector financiero y una reforma laboralâ€, añaden estas fuentes.
Desde luego, a expensas de lo que haga el Gobierno entrante, las elíéctricas han tenido íéxito en su labor de lobby con el saliente. Josíé Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián se despedían con un último guiño millonario a las compañías tras olvidar su inicial discurso verde. El Ejecutivo regulaba hace apenas días el servicio de disponibilidad de potencia, por el que fundamentalmente las propietarias de ciclos combinados veían formalizada la compensación económica a la que tendrán derecho anual por garantizar el suministro elíéctrico. Un gesto del Gobierno con los tres grandes del sector (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) nacido del acuerdo cerrado a finales del 2010 para que las elíéctricas retirasen los pleitos que mantenían por los decretos de ayuda al carbón nacional impulsados por la Administración. La CNE había evaluado que en España existe sobrecapacidad de potencia y no existe peligro de falta de suministro.
En esta línea, Sebastián dejaba al PP la resolución del pulso que las elíéctricas convencionales, por un lado, y los principales promotores de energía termosolar, es decir, ACS, Acciona y Abengoa, mantenían a cuenta de los últimos detalles del PER 2011-2020 (Plan de Energías Renovables) y la incorporación al sistema de los 2.500 megavatios (MW) de energía termosolar ya inscritos en el registro de preasignación. Tendrá que ser el nuevo Ejecutivo del PP el que tenga que pronunciarse sobre la moratoria a las renovables reclamada por Unesa o dar carta de naturaleza al desarrollo de esa potencia, cuyo sobre coste para el sistema vía primas sería de 2.000 millones de euros al año, según denuncian las propias elíéctricas. Sus intreses pasan por defender su mix de producción y resolver el díéficit de tarifa de más de 20.000 millones que acumula el sistema.
Para agravar la situación, las elíéctricas tambiíén sufren en sus ratings la crisis de deuda. Standard&Poor’s ponía en revisión hace apenas días la calificación de Endesa –tambiíén de Enagás o Red Elíéctrica-. De hecho, el Fondo de Amortización de la Deuda Elíéctrica (FADE) no logra cumplir sus propias previsiones de colocación del díéficit y apenas ha colocado 9.125 millones, muy lejos de los más de 15.000 previstos sólo hasta el mes de julio. Todo pese a que las titulizaciones cuentan con el aval del Estado.
