El nuevo Gobierno quiere suprimir las prejubilaciones y el fraude de los retiros anticipados a costa de la prestación por desempleo. Mariano Rajoy fomentará prolongar la vida laboral y los planes de pensiones.
El sistema de Seguridad Social ha perdido 2,1 millones de cotizantes en la última legislatura debido a la destrucción de empleo. Esto ha supuesto que en los últimos cuatro años, la relación entre cotizantes y pensionistas haya pasado de 2,6 pagadores por cada cobrador a 2,1. Y, según el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "si no somos capaces de romper esta tendencia, se estarán poniendo en peligro las pensiones públicas".
Y resulta que esta tendencia solo se rompe recuperando cotizantes porque los pensionistas no se pueden reducir, como es obvio. Así los planes del nuevo Gobierno incluyen, además de la consabida creación de empleo que supondrá ganancia de afiliados al sistema, adoptar las medidas necesarias para acercar la edad real de jubilación (ahora en 63,8 años) a la legal (65 años y aumentará progresivamente hasta los 67 años en 2027). Una de las medidas estrella para lograr esto será, según Rajoy, "suprimir las prejubilaciones, salvo en circunstancias excepcionales; así como poner freno a la práctica abusiva que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de vida laboral un mecanismo de prejubilación encubierta". Y he aquí dos iniciativas relacionadas entre sí y ciertamente difíciles de lograr.
Los anteriores Gobiernos populares entre 1996 y 2004, ya tomaron conciencia del enorme gasto tanto para el sistema de pensiones como para la protección por desempleo que suponen las prejubilaciones, pero a pesar de haber encargado a numerosos expertos que buscasen una fórmula para atajar esta práctica no lo consiguieron. Los últimos Gobiernos socialistas sí han puesto trabas a esta práctica, pero solo en las grandes empresas con beneficios.
Dicho esto, Rajoy -que garantizó que actualizará el poder adquisitivo de las pensiones tras su congelación de 2011- precisó otras medidas para reforzar la salud financiera del sistema como incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, fomentando la compatibilidad entre el cobro parcial de una pensión y seguir trabajado. Otra iniciativa será "hacer que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral" (ahora la ley tiene en cuenta los últimos 15 años ampliables a 25). Y sugirió mejoras en el tratamiento fiscal de los planes de pensiones.
Las cifras
25 años será el periodo de la vida laboral al que progresivamente se vaya aumentando el cómputo para fijar la pensión a cobrar.
2,1 cotizantes por cada pensionista es la actual relación que rige en la Seguridad Social, cuando antes de la crisis era de 2,6 pagadores.
1.800 millones ahorró el Gobierno saliente congelando las pensiones en 2011.