"Nosotros intentamos conseguir la mejor salida para los trabajadores", explican desde el sindicato Comisiones Obreras. El anuncio del ya presidente electo, Mariano Rajoy, respecto a la eliminación de las prejubilaciones sumió ayer en la incertidumbre a los representantes de los trabajadores, que ven cómo la supresión de esta figura, aunque hoy por hoy no estíé reconocida legalmente, podría afectar a la reestructuración de las cajas de ahorros. La federación de servicios financieros del sindicato (Comfia-CCOO) tildó ayer "como mínimo de inquietante" el anuncio de Rajoy.
De esta manera, Comfia advirtió a quien hoy jurará su cargo como presidente del Gobierno que no es conveniente mezclar las prejubilaciones con las jubilaciones anticipadas y reclamó un "compromiso social" para la reestructuración en materia laboral del sistema financiero. Y es que si finalmente Rajoy consigue frenar la práctica de las prejubilaciones, íésta afectaría a la siguiente oleada de fusiones de cajas que el Ejecutivo tiene previsto efectuar durante el primer semestre del año. Ya en las fusiones de cajas realizadas durante los últimos meses, la práctica de las prejubilaciones se llevó una parte de las ayudas del Fondo de Reestructuración y Ordenada Bancaria (Frob).
Asimismo, el propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, recordó ayer que "ya disponemos de una legislación para que la autoridad laboral rechace ciertas prejubilaciones", como la famosa enmienda de Telefónica, que el PSOE presentó a la reforma de pensiones el pasado 10 de junio y que obliga a las empresas con beneficios que realicen un ERE que incluya prejubilaciones paguen los costes que supone para el Estado, es decir, el coste del desempleo. Toxo tambiíén añadió que "se deberían buscar instrumentos alternativos para eliminar las prejubilaciones que tengan en cuenta la realidad de muchas empresas".
¿Cómo eliminarlas?
Una cuestión nada fácil, ya que la figura de la prejubilación no existe en el ríégimen normativo, no es más que un contrato privado entre empresa y trabajador en el que se distribuye la indemnización por despido de una determinada manera, normalmente a lo largo de los años con el fin de no dejar al trabajador sin ninguna retribución hasta que puede optar a la jubilación.
El problema es que supone un coste muy elevado para las arcas públicas del Estado. Aunque se pueden pactar modalidades muy distintas, la práctica normalmente utilizada sigue los siguientes pasos. En primer lugar, si el trabajador tiene menos de 52 años, la empresa pacta con íél un pago compensatorio anual, semestral o trimestral y se tiene en cuenta que cobrará el desempleo durante dos años. Una vez alcance la edad de 52 años se acoge al subsidio de mayores de 52 años que puede mantener hasta los 61 años, que será cuando se jubile de forma anticipada.
De forma paralela y para que no se le quede una pensión baja, el trabajador puede solicitar un convenio especial con la Seguridad Social para pagar un plus en sus cotizaciones sociales y elevar de cara al futuro su pensión. Las opciones del Ejecutivo para eliminar las prejubilaciones sólo se podrían centrar en dificultar su uso.
En el debate de investidura, Rajoy destacó especialmente el cobro fraudulento del desempleo en la última etapa de la vida laboral del trabajador. Pero los expertos apuntan que limitarlo iría en detrimento del derecho a desempleo que tienen los trabajadores y que han ido pagando con sus cotizaciones.
Que la indemnización tribute
La tributación podría jugar un importante papel. Ya que hoy en día se produce la incongruencia de que los prejubilados con el 100% de su sueldo cobran más que cuando estaban en activo.
Esto se debe a que el Gobierno socialista amplió la parte de indemnización, de 20 a 45 días por años, que quedaba exenta de pagar el IRPF. Anteriormente, en los ERE, sólo quedaban exentos de tributación los primeros 20 días por año trabajado, ya que se entendía que un expediente de regulación se realizaba por causas objetivas, cuya indemnización es de 20 días.
Los expertos señalan que una medida posible sería incrementar de nuevo la tributación a las indemnizaciones superiores a 20 días por año trabajado.
Las grandes empresas son las que más utilizan la figura de las prejubilaciones, por no decir las únicas. Una práctica que se produce en todos los sectores, aunque de forma más corriente en el sector bancario y tambiíén es utilizado en gran medida en el sector industrial.
Las causas para emplearlo son totalmente distintas, ya que en sectores como el metal, la automoción o la construcción se realizan para proteger a empleados que ya no son aptos para trabajar y que sólo se podrían acoger a una incapacidad permanente.
Otra forma de actuar en contra de las prejubilaciones es hacerlo sobre los convenios especiales que mantiene la Seguridad Social. Unos convenios que suscribe el trabajador de cierta edad que ha quedado en desempleo, pero que quiere continuar pagando sus cotizaciones para así lograr incrementar su futura pensión.
En último lugar, la autoridad laboral que supervisa los ERE jugarían un papel clave para frenar las prejubilaciones. Los expertos afirman que estos procesos se podrían vigilar fácilmente, ya que tienen cierta dimensión, pero recuerdan que la única competencia de la autoridad es aprobar o no las causas de despido.
Una mayor inmersión del Estado sería ampliar la trabas a las empresas e incrementar la burocracia en el mercado de trabajo.
