El primer ministro griego, Lukás Papadimos, advirtió ayer en una reunión con la patronal y los sindicatos que el país se enfrenta a la posibilidad de una quiebra en los próximos tres meses si no llega a un acuerdo financiero con la troika internacional.
Según la transcripción de su discurso ante representantes de los agentes sociales del país, divulgado por la agencia Amna, el jefe de gobierno precisó que sin ese acuerdo y las subsiguientes ayudas financieras "Grecia afronta el riesgo inmediato de una quiebra descontrolada en marzo" .
Papadimos destacó la importancia de que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo para reducir los costos salariales en el sector privado.
"Tenemos que renunciar a un poco para no perder mucho", aseguró el ex jefe del Banco Central de Grecia, quien asumió las riendas del gobierno de unidad nacional en noviembre en medio de la peor crisis económica y financiera de la historia del país.
"Si en las próximas semanas no damos los pasos necesarios, si no convencemos a los representantes de la troika de que estamos dispuestos a dar los pasos decisivos para salir de la crisis, nuestra evaluación será negativa" , aseveró.
Los representantes de la troika, compuesta por el Banco Central Europeo (BCE) , el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) , tienen previsto llegar a Atenas de nuevo el próximo día 15.
Los sindicatos ya rechazaron cualquier posibilidad de reducir una vez más los salarios del sector privado.
El presidente de la Confederación General del Trabajo, Yannis Panagópulos, exigió ayer en declaraciones a la radio "vima 99.5" que no se toque al acuerdo salarial firmado con la patronal hace unos meses y se preguntó "¿para quíé sirve estar en la zona de euro si tenemos salarios de hambre?" .
La patronal tampoco quiere la reducción del salario mínimo, pero aceptan que hay que llegar a un acuerdo para reducir el costo salarial medio para las empresas.
Por eso, el presidente de la Asociación de Empresas e Industrias, Dimitris Daskalópulos, ha invitado a los agentes sociales a una reunión el próximo día 9, para llegar a un acuerdo sobre la reducción del costo de trabajo sin reducción del salario mínimo. "El diálogo social para la reducción del costo salarial medio es de importancia capital para mejorar la competitividad del país" , asegura Daskalópulos en una carta enviada a los representantes sindicales.
Pero no sólo los sindicatos se resisten a nuevos ajustes salariales, tambiíén el partido conservador Nueva Democracia , que forma parte del gobierno de unidad, anunció ayer que se opone a cualquier reducción salarial en el sector privado.
Para ayer se esperaba un consejo de ministros clave para abrir la vía del diálogo con la "troika" , ya que se prevíé la aprobación de un proyecto de ley que aborde las medidas debatidas por los expertos internacionales en su última visita a Grecia en diciembre.
Entre estos temas, destacan la liberalización de las profesiones protegidas (especialmente taxis y camiones) y medidas prácticas para evitar la evasión fiscal, que es endíémica en Grecia.Fueron precisamente los camioneros los que hicieron fracasar todos los esfuerzos de liberalización del gobierno socialista anterior.
Apoyados por los entonces opositores conservadores y ultranacionalistas, los transportistas bloquearon las carreteras de todo el país y organizaron violentas manifestaciones. En Madrid, el gobierno español anunció ayer un recorte en las empresas públicas y una intensificación de la lucha contra el fraude y la economía informal, en un nuevo intento por detener el díéficit y contener el gasto.
El gobierno del Partido Popular (PP) propuso la eliminación de al menos 515 de los 4,000 organismos públicos que operan a nivel nacional, regional y local.
Cumplimiento parcial
La cifra de recorte se fijó en 2010, pero desde entonces sólo se suprimieron 69 entidades. El gobierno que preside Mariano Rajoy tiene previsto reunirse en las próximas semanas con autonomías y ayuntamientos para exigirles que cumplan sus compromisos.
"La realidad es más dura de lo que pensábamos y las medidas tambiíén lo serán", dijo la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al tíérmino de la reunión semanal del gabinete.
Además, el gobierno anunció un plan para combatir el fraude fiscal con el que esperan recaudar casi 8,200 millones de euros (10,500 millones de dólares).
El proyecto incluye incrementar las inspecciones de trabajo para reducir la economía informal, que según estimaciones supone un 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de España.
El plan antifraude analizará información proveniente de paraísos fiscales y limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para hacer aflorar dinero no declarado.
"No se puede abordar el pago de facturas que superan determinadas cantidades mediante el pago en metálico con billetes de gran cantidad", indicó la vocera Sáenz de Santamaría. "Consideramos que es un elemento muy clarificador y muy determinante de dónde se están produciendo bolsas de fraude y dónde se está utilizando dinero negro", agregó.
Estas medidas se suman a las decretadas la semana pasada que suponían un recorte de gasto de 8,900 millones de euros (11,425 millones de dólares) y un aumento de la recaudación de cerca de 6,300 millones (8,085 millones de dólares) tras la subida del impuesto sobre la renta. El gobierno del PP, que asumió el poder antes de Navidad tras ganar holgadamente las elecciones del 20 de noviembre, justificó la dureza de sus decisiones en la necesidad de cumplir sus objetivos de reducción de díéficit público, que en 2011 cerró con 8% del PIB, por arriba del 6% que había previsto el gobierno anterior.
España se comprometió con la Unión Europea a cerrar 2012 con un díéficit de 4.4% del PIB.
