Las negociaciones entre Grecia y la banca, representada por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglíés), para fijar las condiciones de la quita del 50% en la deuda helena en manos privadas terminaron el viernes sin avances. Las partes se han emplazado a seguir negociando a lo largo de esta semana. Los acreedores podrían pedir ayuda a Merkel y Sarkozy con la quita.
La falta de un acuerdo podría hacer replantearse la posibilidad de que los bancos centrales de la Eurozona, en última instancia el contribuyente europeo, adopte un papel más activo en el nuevo rescate de Grecia para evitar una suspensión de pagos sin control.
El Fondo Monetario Internacional y el propio Gobierno griego se ha fijado un objetivo de reducción de deuda pero los acreedores privados están dispuestos a soportar una quita máxima. La diferencia entre las pretensiones de una y otra parte serían las píérdidas que tendrían que asumir los bancos centrales.
¿La manera de hacerlo? Aceptando ellos tambiíén quitas en los bonos griegos que poseen. Eso sí, sobre los que adquirieron antes de que el BCE lanzara su programa de compra de bonos públicos en agosto pasado.
Según un alto funcionario griego que cita Marketnews International, las píérdidas que asumirían serían menores a la quita del 50% que debe asumir el sector privado, del entorno del 25 al 30%.
Otras de las opciones sería que el BCE asumiera píérdidas de aproximadamente 40.000 millones en los bonos griegos comprados bajo su programa, aunque es una opción menos viable.
Los puntos de fricción
El principal escollo en la negociación es la tasa de interíés que tendrán los nuevos bonos griegos que recibirán las aseguradoras y bancos que forman el núcleo principal de acreedores de Grecia, y que serán canjeados por sus actuales títulos.
Otro punto a discutir es si la nueva deuda estará sometida a la legislación griega, como quiere Atenas, o a la británica, como reclaman los acreedores.
Los líderes europeos alcanzaron en la cumbre del 26 de octubre un acuerdo con la banca para aplicar una quita del 50% sobre los bonos helenos, lo que supone asumir píérdidas de 100.000 millones de euros, con el objetivo de rebajar la deuda griega al 120% del PIB en 2020. La UE quiere que la quita sea voluntaria para evitar que se desencadenen los seguros por impago de la deuda (credit default swaps).
El peso, sobre el contribuyente
En la medida en que casi toda la financiación a la que tiene acceso Atenas es la que procede de las instituciones internacionales, el resultado es que más de la mitad de la deuda soberana helena está en manos de organismos públicos.
El porcentaje en manos privadas supone una minoría frente al sector público. Los primeros puestos del ranking de tenedores de deuda helena está copado por Gobiernos, bancos centrales y entidades rescatadas, con más del 50%.
Esto significa que, en el caso de que Grecia finalmente no pudiera hacer frente a sus compromisos financieros y el país se viera forzado a refinanciar su deuda o aplicar una quita, el impacto económico recaería en gran medida en los bolsillos de los contribuyentes.
