Se puede decir más alto, pero no más claro. El Tribunal Constitucional ha avalado que sean las Comunidades Autónomas, y no la Administración Central, quienes paguen las sanciones que pueda imponer la Unión Europea a España por incumplimiento de los objetivos de díéficit derivados de su propia actuación.
La sentencia del Alto Tribunal se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 11 de enero, y supone el golpe de gracia a la capacidad de las comunidades autónomas para esquivar sin sanciones los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la Administración Central.
Lo relevante de la sentencia es que se ha dictado ya a la luz de los cambios constitucionales pactados el pasado verano por el PSOE y el Partido Popular, lo que cierra cualquier resquicio legal: el Gobierno está habilitado para repercutir las sanciones que eventualmente pueda imponer la UE al Reino de España, en última instancia el garante del ‘díéficit cero’.
Como se sabe, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria -que hoy se comunicará formalmente a los consejeros de Hacienda de las CCAA en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la ‘era Rajoy’- prevíé ya un ríégimen de sanciones para las regiones incumplidoras, y que será similar al que se aplicará en la UE en el marco del Pacto Fiscal que se aprobará en uno de los próximos consejos europeos. La intensidad de las sanciones dependerá de la ‘gravedad’ y de la ‘reincidencia’, como ha adelantado el Gobierno.
La sentencia del TC deja bien claro que corresponde al Estado no solo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino tambiíén «los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias». Es decir, que quien socava la estabilidad presupuestaria, está obligado a pagar.
La Junta de Extremadura, pierde
El texto de la sentencia ha sido adelantado por el diario digital Cuarto Poder, y fue redactado por el Pleno del Tribunal Constitucional. Tiene su origen en un recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular, en 2001. Y lo que decía la Junta extremeña es que se vulneraba el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas consagrado en la Carta Magna.
Pero los magistrados del TC recuerdan que en la reciente reforma constitucional que ha modificado el artículo 135 se ha “consagrado†el principio de estabilidad presupuestaria, y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. En palabras de los magistrados: “Es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hemos de atenernos ahora al dictar sentenciaâ€.
O dicho en otros tíérminos, el mandato constitucional “vincula a todos los poderes públicos y queda fuera de la disponibilidad del Estado y de las Comunidades Autónomasâ€. Lo que quiere decir que la estabilidad presupuestaria obliga a todas las administraciones.
¿Y quiíén marca esos objetivos de equilibrio fiscal? La sentencia del Constitucional habilita que lo haga el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las regiones y las Administración central tienen cada una un 50% de los votos. En caso de que no hubiera acuerdo, dice la sentencia, las comunidades autónomas “deben liquidar sus presupuestos en situación al menos de equilibrioâ€. No hay, por lo tanto, escapatoria, máxime cuando el Partido Popular gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas y tiene, por lo tanto, una abrumadora mayoría en el Consejo, que, además, según la sentencia, está avalado para imponer la elaboración de planes económicos-financieros destinados a equilibrar las cuentas.
Según reveló hace unos días el ministro Montoro, las sanciones no tienen que ser necesariamente de orden pecuniario. El Gobierno central puede retener fondos europeos o incluso parte de lo que le corresponda a una región de acuerdo al modelo de financiación vigente, y que, como se sabe, canaliza el Estado a travíés de transferencias.
En el orden del día de la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal tambiíén se encuentra la supresión de parte del sector público autonómico. El nuevo Gobierno lo que ha dicho es que se cumpla el Acuerdo del 22 de marzo de 2010, en el que se decidió la reducción neta de 514 entes, un 21% de los existentes por aquella íépoca. Han pasado casi dos años y no se ha hecho casi nada, y por eso lo que pretende ahora Hacienda es acelerar ese proceso. Los datos más recientes, referidos al pasado 1 de julio, muestran la existencia de 2.357 entes públicos de toda suerte y condición, apenas 74 menos de lo acordado hace 22 meses.
