Las comunidades acumulan una deuda de 14.000 millones con los proveedores, según las primeras estimaciones empresariales. Ese es el montante con el que debería estar dotada la línea ICO que quiere poner en marcha el Ejecutivo para reducir ese saldo e inyectar liquidez a pymes y autónomos. De esa cifra, el 70% corresponde a los impagos acumulados por laboratorios farmacíéuticos y empresas de tecnología sanitaria.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció el martes por la noche, tras el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera de la legislatura, que el Ejecutivo pondrá en marcha una línea ICO para reducir la deuda de las comunidades autónomas con los proveedores. Este instrumento, que se pondrá en marcha antes del verano, solo servirá para refinanciar deuda antigua. Esta cifra se ha disparado en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, el desplome de los ingresos y el aumento sin freno de la morosidad de la gran mayoría de autonomías, que ante el cierre del críédito bancario han optado por financiarse con cargo a sus proveedores.
Las primeras estimaciones, según fuentes empresariales consultadas por CincoDías, apuntan a que la deuda contraída por las Administraciones con los proveedores se eleva a 35.000 millones, de los que el 60% corresponde a los ayuntamientos y el resto a las comunidades autónomas. De este modo, las facturas impagadas por las regiones sumarían 14.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponden a la deuda sanitaria. Los laboratorios farmacíéuticos y las empresas de tecnología sanitaria acumulan, a 30 de septiembre, impagos por 10.613 millones de euros y un retraso en el cobro que en algunas autonomías llegan a los 765 días, como el caso de la Comunidad Valenciana (ver gráfico adjunto). La deuda de los laboratorios es de 5.826 millones y el retraso medio en el pago es de 468 días (1 año y dos meses), mientras que la de las empresas de tecnología sanitaria es de 4.787 millones y el retraso es de 431 días (un año y un mes). Este último sector ilustra como ningún otro cómo ha sido utilizado por las autonomías para financiarse. De hecho, el 12,4% de la deuda que tienen las 500 empresas asociadas en la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) procede de facturas de 2009 o ejercicios anteriores. Gloria Rodríguez, responsable autonómica de Fenin, destaca el caso de Murcia, con una deuda de 264 millones, de los que 176 corresponde a facturas con más de dos años de antigí¼edad.
A la espera de conocer los detalles tíécnicos de esa nueva línea, los expertos consultados muestran sus reticencias sobre el impacto que tendrá, a tenor del fracaso experimentado por las dos líneas impulsadas por el ICO para reducir la deuda local con proveedores. De la última, dotada con 3.400 millones de euros, tan solo se cubrieron 1.000 millones. La escasa acogida, según Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, se produjo por el elevado interíés requerido en los príéstamos (un 6%) y el reducido plazo para su devolución (3 años). Ambas condiciones llevaron a una gran parte de los municipios a hacer frente tan solo a las deudas más pequeñas. Este mismo esquema se podría repetir en el caso de esa nueva línea de financiación, lo que ha levantado la voz de alarma entre las grandes compañías que acumulan en sus cuentas el mayor volumen de deuda. Fuentes del sector farmacíéutico apuntan que ese esquema les dejaría fuera en el reparto de fondos, que solo irían al pago a oficinas de farmacia y elíéctricas.
Otra gran incógnita se refiere al criterio que se utilizará para liquidar la deuda: si tendrá prioridad la antigí¼edad o el porcentaje sobre el volumen total de negocio de la compañía. En la última línea del ICO, la prioridad fue la antigí¼edad frente a la propuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que exigía que las primeras en saldar sus deudas fueran las compañías con mayor saldo deudor en relación a su cifra de negocio.
Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia, firma especializada en recobros y morosidad, asegura que el esquema ideal sería que los fondos públicos solo se pudieran destinar a pagar a los proveedores y que se creara un observatorio para hacer un seguimiento del cumplimiento. "Sería la mejor manera para atajar el paro y evitar el cierre de las empresas", apunta.
Fabra recibe 400 millones de Madrid
Esa nueva línea del ICO para rebajar la deuda autonómica con proveedores, sin embargo, no servirá para cubrir toda la deuda pendiente, ya que ninguna hasta ahora ha tenido una dotación tan elevada. Por lo tanto, las empresas acreedoras consideran imprescindible contar con otros mecanismos para saldar deudas. Y entre ellos destacan la posibilidad de que las autonomías que presentan mayor deuda, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Madrid (entre las tres tienen más de la mitad de la deuda farmacíéutica y sanitaria) puedan recibir el aval del Estado para realizar emisiones de deuda finalistas. Esa propuesta, lanzada por Farmaindustria, ha sido bien recibida por algunas comunidades, como Castilla y León, y ya ha sido enviada al Ejecutivo. Este documento tambiíén se remitió al anterior Gobierno, que se resistió, ante lo que consideraba algo que no estaba fijado en la ley.
Otra vía que puede servir para recortar la deuda con proveedores es la firma de líneas de confirming con la banca. Hasta el momento hay seis comunidades (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Andalucía) que han firmado esos acuerdos con empresas asociadas a Fenin. Estos fijan que las deudas se pagan a un plazo máximo de 120 días (35 por encima del límite legal) e incluso se pueden recuperar antes con una penalización. Sin embargo, solo Andalucía lo utiliza para saldar deuda antigua; el resto solo lo aplica para la deuda contraída en el ejercicio vigente.
Otro salvavidas procederá del adelanto de la liquidación de 2010 para las autonomías, lo que les inyectará 8.000 millones de euros adicionales. El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, avanzó ayer que el Gobierno autonómico que preside recibirá a finales de mes un anticipo de 420 millones de euros, mientras que el gobierno castellano-manchego anunció que tendrá antes de verano un calendario para saldar deuda con proveedores.
La cifra
120 días es el plazo máximo de pago fijado en las líneas de confirming acordadas entre la banca y las autonomías, lo que supone 35 días por encima del límite legal.
Montoro pedirá responsabilidad penal
El Ejecutivo no solo tiene como principal prioridad la reducción del díéficit, sino que tambiíén trabajará para que a los gestores que incumplan los presupuestos se les puedan exigir responsabilidades penales.
"Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos, ya sean políticos o personas nombradas por políticos", apuntó ayer Cristóbal Montoro, ministro de Economía y Hacienda, en una entrevista en la Cadena SER. "Un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto, porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables", advirtió. El titular de Hacienda tambiíén recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, "sobre todo si estas cotizan".
Esa advertencia de Montoro fue rechazada por la mayoría de representantes parlamentarios en el Congreso. "A los gestores que se excedan en el gasto solo se les podrán exigir responsabilidades públicas si cometen un delito, de lo contrario se trata de una responsabilidad política que se debe exigir en el Parlamento", replicó ayer el exvicepresidente tercero, Manuel Chaves. Por su parte, el diputado de CiU, Carles Campuzano, reclamó al Ejecutivo central que sea el que asuma las responsabilidades por la gestión de la crisis. "No puede culpar a las autonomías, que cuentan con un margen de actuación limitado", remarcó. En la misma línea, el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, se mostró partidario de aplicar mecanismos "más tradicionales", incluso de carácter informático, para controlar el gasto presupuestario de las comunidades autónomas.
