Ferrovial puede convertirse en la primera empresa española que gestiona una cárcel, siempre que tenga íéxito alguna de las ofertas que ha presentado en el concurso de privatización de nueve prisiones de Reino Unido.
El grupo, en alianza con la compañía estadounidense Management Training Corporation (MTC), podría llegar a hacerse cargo de 3.500 reclusos en las cinco cárceles donde ha sido elegido como finalista de la puja organizada por el Gobierno británico.
Si lo consigue, Ferrovial entrará en un negocio políémico. Las virtudes de la gestión privada de cárceles son muy discutidas, incluso en países con más de veinte años de experiencia, como Reino Unido y Estados Unidos.
Los defensores de este sistema aseguran que la introducción de competencia en el sistema penitenciario tiene beneficios económicos y sociales.
Kenneth Clarke, ministro británico de Justicia, afirma que, al sacar a concurso la gestión de nueve cárceles, “se pueden obtener ahorros en cada una de las prisiones, y tambiíén existe potencial para la innovación en el desarrollo de esquemas de trabajo para los reclusos y en el tratamiento de la drogadicciónâ€.
Pero los críticos consideran que el interíés de las empresas privadas por sacar beneficios de las cárceles compromete su seguridad. A su juicio, la única intención del Gobierno al privatizar cárceles es reducir el coste anual de 3.150 millones de libras (37.163 libras por recluso) que tienen las prisiones del país.
Juliet Lyon, directora de la organización británica Prison Reform Trust, indica que la privatización de nueve prisiones “puede desviar recursos lejos de la tarea esencial de gestionar el día a día de las prisiones y de reducir la reincidenciaâ€.
Los contratos de concesión de cárceles en Inglaterra y Gales, donde ya hay doce centros en manos privadas sobre un total de 132, tratan de equilibrar los objetivos de seguridad y beneficio económico.
Incentivos
Para ello, existe un mecanismo de incentivos y multas para los operadores de las prisiones. En principio, las compañías reciben un ingreso mensual por cada recluso en su establecimiento y por cada plaza disponible para un nuevo ingreso, siempre que el centro cumpla unas condiciones básicas. Entre ellas, se estipula el número indicativo de empleados con que debe funcionar cada galería de la cárcel.
Existe una lista de incidentes por las que los pagos pueden ser recortados, como fugas, motines, peleas, robos, consumo y tráfico de droga, problemas de higiene o exceso de ocupación en las celdas. Una fuga puede costar entre 50.000 y 100.000 libras, en función del tipo de reclusos de la prisión.
En las nuevas concesiones por las que puja Ferrovial, que serán por un periodo de 15,5 años, el Gobierno quiere potenciar los incentivos por rehabilitar reclusos. Las cárceles que faciliten el trabajo a los presos y su reinserción recibirán más dinero.
En la estimación inicial del Ministerio de Justicia, Ferrovial y MTC podrían recibir 1.200 millones de libras si ganan la gestión de las cárceles por las que pujan.
Para supervisar este complejo sistema, el Gobierno británico cuenta con dos niveles de intervención. Dentro de cada cárcel privada hay un grupo de controladores, que vigilan la tarea del director del centro y el día a día de la prisión. Y el equipo de inspección de prisiones del Ministerio de Justicia y la Oficina Nacional de Auditoría realizan visitas periódicas para analizar la situación de las cárceles.
