Los interlocutores de Fomento en las patronales, abogados y consultores de infraestructuras marcan tres prioridades y proponen reformas para reactivar la inversión productiva.
El objetivo de reducción drástica del díéficit público, hasta el 2,1% del PIB en 2014, se ha llevado por delante la obra pública en España. Los expertos calculan que la reducción en la inversión sumará más de 50.000 millones entre 2010 y 2014, lo que deja al sector de la construcción, hasta ahora gran pulmón de la economía española, prácticamente en estado de coma.
A los efectos de la crisis económica y la necesidad de embridar la deuda de la Administración se suma un cambio de Gobierno que ha motivado un parón prácticamente de medio año en lo que toca a decisiones clave. La nueva titular de Fomento, Ana Pastor, se ha tomado su tiempo: tras un largo proceso para nombrar a los colaboradores más cercanos, ha optado por detener y meter en un cajón el proyecto de privatización de Aena y la concesión de sus dos mayores aeropuertos, Barajas y El Prat.Apartir de aquí, se da por descontado que impulsará cambios en el modelo concesional; pondrá bajo un estricto control la selección de las contadas inversiones, y tratará de crear un marco atractivo para atraer el interíés de financiadores privados.
En cualquier foro sobre obra pública se da por seguro que la construcción no volverá a ser lo que fue en España. Sin embargo, un grupo de expertos en lamateria hablan para CincoDías sobre las contraindicaciones de parar el pulso de un sector del que dependen aún 1,4 millones de trabajadores y, de forma directa, unas 300.000 empresas. Estas últimas, ahogadas por la falta de críédito y la mora pública.
Nueve representantes y estudiosos del negocio de las infraestructuras marcan aquí sus tres prioridades o propuestas al nuevo equipo de Fomento. Responsables de patronales, consultores y abogados coinciden en que el modelo español de promoción de obra pública, que ha alzado a este país a la vanguardia en ferrocarril pero que tambiíén ha parido aeropuertos o autopistas infrautilizadas, está absolutamente desfasado.
A falta de fondos paramantener la inversión productiva, muchos de los encuestados apuntan hacia el pago por uso en las carreteras libres de peaje como solución. Solo la implantación de la directiva Euroviñeta, que grava el tráfico pesado, ofrecería ingresos al Estado por 3.000 millones anuales. Pero se recomienda al Gobierno de Rajoy que no se quede ahí, apuntándose a un copago generalizado en las carreteras.
Estos ingresos extraordinarios, según apuntan, deberían emplearse para la conservación de las infraestructuras ya existentes, materia en la que se van 2.500 millones al año. La otra gran batalla es sacar adelante nuevos proyectos en ferrocarril de mercancías o en obra hidráulica. El panel de expertos ve ineludible la colaboración público-privada, cuyo íéxito depende de que se aporten garantías y estabilidad a los inversores; se abra la puerta a nuevas vías de financiación de los proyectos, y se articulen fórmulas más dinámicas para renegociar, o incluso resolver, los contratos en caso de conflicto.
