El propietario del equipo involucrado en la perforación del pozo que explotó en el Golfo de Míéxico provocando la fuga de una gran cantidad de petróleo no tendrá que pagar muchas de las reclamaciones por contaminación debido a que estaba protegido en un contrato con el propietario del pozo, BP, determinó el jueves un juez federal.
La decisión surge en momentos en que BP, los estados afectados por el desastre y el gobierno federal están discutiendo un arreglo sobre el mayor derrame de crudo de la nación en altamar. Se derramaron unos 50 millones de litros (más de 200 millones de galones) de crudo.
La decisión quizá salvó a Transocean de tener que pagar potencialmente miles de millones de dólares en reclamaciones de daños. Sin embargo, el juez federal de distrito Carl Barbier señaló que el perforador aún no está exento de pagar por compensaciones punitivas y sanciones civiles que se desprendan de la explosión ocurrida el 20 de abril del 2010 a 160 kilómetros (100 millas) de la costa de Luisiana. Esas penalizaciones podrían ascender a miles de millones de dólares.
Expertos en jurisprudencia están divididos sobre quiíén es el claro ganador.
BP ha estado persiguiendo acuerdos con varias partes para concretar arreglos que harían innecesario un juicio próximo en Nueva Orleáns que involucra cientos de reclamaciones por la contaminación ocasionada por la fuga de crudo, o al menos resolverían tantas demandas como fuera posible.
El Departamento de Justicia tambiíén está involucrado, trabajando con los estados para crear un bosquejo para un arreglo que resolvería sus reclamaciones potencialmente multimillonarias contra BP y las otras compañías implicadas en el desastre, dijo a la AP Luther Strange, secretario de Justicia de Alabama.
El departamento realizó una reunión entre los estados la semana pasada en Washington en un esfuerzo para formular un acuerdo que satisfaga los reclamos del gobierno y de los estados, incluidas sanciones y multas, señaló Strange, agregando que algunos funcionarios discuten quíé hacer con el fondo de 20.000 millones de dólares establecido por BP para pagar a víctimas.
Los principales abogados de individuos y negocios que están demandando a BP no estuvieron en la reunión.
Según Strange, se pidió a un magistrado federal que agilice las discusiones para llegar a arreglos.
