Fue el considerado como el "año más duro de la crisis", al menos hasta ver quíé nos depara 2012. Y en ese 2009, el Gobierno presidido por Josíé Luis Rodríguez Zapatero rebasó la necesidad de financiación neta del Estado con deuda pública en 66.651 millones de euros, aproximadamente un tercio del presupuesto del Estado.
í‰sta es una de las conclusiones que recoge el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Declaración de la Cuenta General del Estado del año 2009, en la que el organismo fiscalizador del Estado, y en el análisis del presupuesto de ingresos expone que la diferencia total entre los derechos reconocidos y las previsiones iniciales (104.107 millones de euros), que figura en el estado de liquidación, "no es representativa de una mejora de dichas previsiones, ya que entre estas últimas no se incluyen las correspondientes al capítulo 9, Pasivos Financieros, de la Administración General del Estado".
"Si en dicho estado -añade el Tribunal- figurasen las previsiones iniciales de ingresos en este capítulo (82.719 millones, según la Ley de Presupuestos), se pondría de manifiesto claramente que la necesidad de financiación neta con deuda pública ha excedido en 66.651 millones a la prevista".
El informe, que el Tribunal ha enviado al Congreso de los Diputados, explica en el análisis de la liquidación de los Presupuestos, que en las de gasto, "la mayor desviación sobre las dotaciones crediticia, 13.063 millones de euros, se ha producido en la política de Desempleo, con más del 66% sobre los críéditos iniciales, compensada en parte por un menor gasto sobre las políticas de Pensiones (3.434 millones) y Gestión y Administración de la Seguridad Social (7.839 millones), "como consecuencia, esta última, de que el Consejo de Ministros no autorizó dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en este ejercicio".
Como síntesis de la ejecución de los presupuestos cabe destacar que, frente a la previsión inicial de un resultado presupuestario consolidado negativo de 52.568 millones de euros, la Cuenta General del Sector Público Administrativo presentan un resultado negativo de 89.501 millones, habiíéndose producido una desviación global desfavorable de 36.934 millones".
Por subsectores, la desviación total en el resultado presupuestario ha sido desfavorable para la Administración General del Estado en 46.933 millones de euros, mientras que para el Sistema de la Seguridad Social y para el resto de entidades integrantes de la Cuenta General del Sector Público Administrativo, el resultado ha sido superior al presupuestado en 7.369 y 2.485 millones, respectivamente.
Voto particular
Tambiíén destaca el informe el incumplimiento del límite de gasto previo en los Presupuestos que, para los gastos no financieros, era de 157.904 millones. Críéditos iniciales que se incrementaron en 25.175 millones durante el ejercicio, resultando unos críéditos definitivos de 183.079 millones. Además, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 179.260 millones, que superan en 19.102 millones el límite fijado.
Respecto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la Cuenta General del Estado presenta un díéficit (necesidad de financiación) de 90.179 millones de euros, lo que representa un 8,56% del Producto Interior Bruto con una desviación negativa del 9,38% del PIB, respecto al objetivo fijado de un superávit del 0,82% del PIB Por lo que respecta a la Administración General del Estado, "el díéficit presupuestario no financiero de 69.345 millones se ha ajustado por un importe total negativo de 29.853 millones, por lo que su necesidad de financiación queda cuantificada en 99.198 millones".
El informe va acompañado de un voto particular del consejero Ubaldo Nieto, quien discrepa con la decisión del Pleno del Tribunal de Cuentas "de excluir de aquellas declaraciones el análisis del cumplimiento del principio y de las normas que regulan la transparencia en la elaboración de los Presupuesto Generales del Estado".
En su voto particular, Ubaldo Nieto se refiere a la falta de colaboración de la "administración fiscalizada" con el Tribunal, y recuerda que el Pleno del Congreso aprobó el 24 de febrero de 2011 una moción sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas con el Tribunal de Cuentas, en la que se describen diversos casos en los que su función fiscalizadora se ha visto limitada por la negativa a colaborar de las entidades afectadas.
A este respecto, el consejero firmante del voto, denuncia que, "entre los casos descritos en la Moción, no figura la falta de colaboración del Ministerio de Economía y Hacienda con el Tribunal de Cuentas para fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan la transparencia en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado".
