Por... STEVEN RATTNER* |
Cuando Mitt Romney suba al podio hoy en la Ford Field de Detroit, lo más probable es que incluya una fuerte denuncia más en contra del rescate del gobierno en beneficio de General Motors y Chrysler.
Que Romney se atraviese a Michigan hablando mal de un programa que salvó miles de empleos en las plantas automotrices de Detroit, no significa necesariamente que políticamente estíé del todo descarrilado.
Al fin y al cabo una encuesta hecha por NBC/Marist recientemente, encontró que el 50 por ciento de los republicanos de Michigan que saldrán a votar se opusieron a las acciones del gobierno (solo el 42 por ciento lo apoyó).
Puede que Romney haya acertado en cuanto a las políticas principales, aunque dado que la mayoría de los votantes de Michigan apoyaron el rescate, tal vez deba pensar en inclinarse hacia el otro lado antes de las elecciones generales en noviembre. Sin embargo, en el fondo del asunto está seriamente equivocado.
Como aspirante a la presidencia, Romney obviamente no ha sentido la necesidad de ser ni constante ni específico en cuanto a lo que debió haberse hecho para manejar el colapso de la industria automotriz que comenzó a finales del 2008. En esencia lo que dice es que el gobierno se debió hacer a un lado y permitir que las compañías pasaran por lo que llama “bancarrota administradaâ€, financiada por capital privado.
Eso suena maravillosamente sensato, pero es pura fantasía. A finales del 2008 y principios del 2009, cuando GM y Chrysler habían agotado su liquidez, cada retazo de capital privado se había hecho a un lado.
Yo síé esto porque el grupo de trabajo de la administración, en el cual fui asesor principal, conversó diligentemente con todos los proveedores de fondos concebibles, y ninguno tenía el más mínimo interíés en financiar a esas compañías bajo ninguna condición. Si
Romney no está de acuerdo, debe hablar y dar los nombres de aquellos inversionistas tan dispuestos en lugar de seguir con su retórica vacía. Yo preveo que no será capaz de hacerlo, porque no los hay.
Sin la financiación del gobierno, iniciada por George W. Bush en diciembre del 2008, las dos compañías no habrían podido iniciar la reorganización del capítulo 11. En cambio habrían tenido que suspender la producción, cerrar sus puertas y despedir a prácticamente todos sus empleados una vez se agotaran los fondos.
Aquellos cierres habrían resonado por todo el sector automotriz, causando el cierre de innumerables proveedores casi automáticamente.
A pesar de la relativa buena salud de su estado de cuentas, hasta Ford se habría visto obligada a cerrar temporalmente, porque repuestos críticos ya no estarían disponibles. Los proveedores, compañías de camiones, restaurantes y demás, se habrían visto severamente afectados.
Más de un millón de empleos se habrían perdido, por lo menos por un tiempo. Michigan y el occidente medio entero habrían sido devastados.
Yo me considero un capitalista ferviente, y bien reconozco los riesgos de la intervención gubernamental, en particular el “riesgo moral†de premiar el fracaso y el peligroso panorama que se vislumbra cuando la política entra en el ámbito de la toma de decisiones en el sector privado.
Cuando los mercados fracasan, como lo hicieron en el caso de los automóviles y los bancos en el 2008, el gobierno debe tener la habilidad, de hecho la obligación, de intervenir.
Curiosamente, el principal oponente republicano de Romney, Rick Santorum, se ha opuesto no sólo al rescate automotriz sino tambiíén a la ayuda brindada a los bancos, la que Romney apoyó.
Pero Romney se ha convertido en el receptor de las críticas por el fuerte rugido con el que ha comunicado sus puntos de vista en cuanto a los autos, incluyendo un editorial en el New York Times en noviembre del 2008 y un ensayo en The Detroit News hace diez días.
Entre las quejas de Romney, y para ser justos, tambiíén de los demás oponentes del rescate automotriz, es que el grupo de trabajo pisoteó los precedentes de la bancarrota y hasta la ley para poner en marcha el plan del presidente Obama de un “sacrificio compartido†por todos los accionistas.
Lo que convenientemente ignora es que el plan del presidente fue litigado por todo el sistema federal de cortes, hasta llegar a la Corte Suprema, en el caso de Chrysler, sin siquiera una mirada a los oponentes por parte de un solo juez.
Mirando hacia atrás, reconozco las emociones despertadas por la decisión de darle acciones a los miembros de la compañía United Auto Workers a cambio de resolver sus reclamos en materia de salud. Pero las cortes dijeron enfáticamente que lo que hicimos era legal, porque nos mantuvimos fieles a un principio fundamental de la reorganización por bancarrota: cada accionista recibió más de nuestro plan de lo que recibirían si a las compañías se les hubiera permitido caer en la bancarrota solas.
Ahora, ni tres años más tarde, GM y Chrysler han superado las expectativas. Hace apenas unos días, GM registró $7,6 billones en utilidades y Chrysler está en superávit. Ambas compañías han elevado sus ventas, en parte con la introducción de nuevos y llamativos modelos.
Y están contratando trabajadores por primera vez en muchos años. La tasa de desempleo de Michigan ha bajado mucho más rápidamente que el promedio nacional, aunque sigue siendo demasiado alta.
Todo esto se logró con costos relativamente bajos; a los ciudadanos se les devolverá la gran mayoría de los 82 billones que fueron invertidos.
“Lo haríé de nuevoâ€, dijo Bush refiriíéndose al rescate en un discurso reciente. “A veces las circunstancias interfieren con la filosofíaâ€. Siquiera íél y Obama no siguieron el consejo de Romney.
(Steven Rattner, un veterano ejecutivo de Wall Street y columnista, fue el asesor principal del grupo de trabajo del presidente Obama en el 2009).
