Los datos de díéficit de 2011 se esperaban malos. Fueron peores. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, anunció que los números rojos del conjunto de la Administración pública ascendieron al 8,51%, muy lejos del objetivo del 6%. Tras los ajustes aprobados en diciembre, España deberá recortar su gasto en 28.926 millones adicionales este año para cumplir el objetivo del 4,4% de díéficit que exige Bruselas. Una posibilidad que a día de hoy parece utópica.
España tiene un problema. En el año 2011, gastó 91.344 millones (un 8,51% del PIB) más de lo que ingresó. Ello supone mantener uno de los díéficit más altos de toda la UE y constata que, pese a todos los recortes aprobados el año anterior, el sector público solo fue capaz de reducir el díéficit en 6.822 millones. Todos los niveles de la Administración (central, autonómica, local y Seguridad Social) incumplieron el objetivo comprometido con Bruselas. El desfase fue especialmente notable en el caso de las comunidades, cuyos números rojos ascendieron a 31.541 millones cuando se habían comprometido a no sobrepasar el umbral de los 13.953 euros. Con todo, Montoro se negó a culpabilizar a las comunidades.
Tambiíén evitó pronunciarse acerca de la posibilidad de que la Administración pública cumpla la senda de consolidación fiscal fijada por Bruselas que obliga a España a reducir el díéficit del 8,51% de 2011 al 4,4%, una corrección que fuentes de Hacienda califican de inasumible. Y más si se tiene en cuenta el contexto de recesión al que se enfrenta la economía española. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy presiona a la Comisión Europea para que suavice -un tíérmino que disgusta a Montoro- la senda de reducción fiscal. En caso contrario, España debería recortar los números rojos en 44.115 millones. Parte de este ajuste, el Gobierno ya lo realizó en diciembre, cuando aprobó un acuerdo de no disponibilidad de 8.914 millones y una subida del IRPF y del IBI que reportará, según estimaciones de Hacienda, unos ingresos adicionales de 6.275 millones. Descontando ambas medidas, al conjunto de la Administración aún debe reducir el díéficit en 28.926 millones de euros. En la medida que el Gobierno de Rajoy asegura que no tiene intención de subir los impuestos, el ajuste deberá producirse por el lado del gasto.
En el caso de la Administración central, el Ejecutivo deberá reducir los números rojos en 20.390 millones, un nivel que ensombrece la recaudación adicional de 2.055 que obtendrá el Estado central por el incremento del IRPF, cuyos ingresos se reparten a partes iguales con las comunidades. Montoro señaló que en breve el Ejecutivo presentará el techo de gasto para los Presupuestos de este ejercicio. Teniendo en cuenta los datos ofrecidos ayer, Rajoy debería rebajar el techo presupuestario un 14%. De hecho, Moncloa ya trabaja en recortes superiores al 10%.
Incluso esta reducción del gasto -que en caso de consolidarse sería el mayor en democracia- puede quedarse corta. La recesión económica provocará una caída de ingresos de las principales figuras tributarias que puede dejar sin efecto los incrementos fiscales ya aprobados. En este sentido, resulta ilustrativo recurrir al techo de gasto para 2012 que aprobó el anterior Gobierno y que hoy parecen cifras de ciencia ficción. En junio del año pasado, el Ejecutivo de Josíé Luis Rodríguez Zapatero confiaba en que, en 2012, los ingresos fiscales aumentarían un 22,2%. Bajo esa hipótesis, el anterior Gobierno indicaba que bastaría un recorte del gasto del 3,8% para a cumplir el objetivo de díéficit de este año. El Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá aplicar un ajuste mucho mayor para compensar la previsible caída de ingresos y el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoce la "dificultad" de lograr los objetivos presupuestarios.
Ante esta situación parece inevitable pensar en una nueva subida de impuestos ya que muchas partidas del gasto son estructurales y difíciles de modificar. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas, aunque su situación es todavía más grave ya que sobre ellas recae la mayor parte de la financiación del Estado de bienestar y su capacidad para lograr ingresos con subidas fiscales es limitada. Las autonomías deben recortar sus números rojos en 17.600 millones, una cifra estratosfíérica si se tiene en cuenta que, tras todas las promesas de austeridad, el díéficit autonómico no bajó en 2011.
La situación de los ayuntamientos es mejor. Gracias a los ingresos adicionales por la subida del IBI aprobada por Rajoy, lograrán 918 millones adicionales, una cifra similar al recorte que deben acometer. La Seguridad Social, por su parte, registró un díéficit del 0,09 cuando esta previsto que obtuviera un superávit de 0,4%.
En Hacienda saben que no existen precedentes de una reducción del díéficit del 8,51% al 4,4% del PIB como la que exige la Comisión Europea. Está por ver si esto tambiíén lo comprenden en Bruselas.
Algo no cuadra
La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, señaló ayer que los datos constatan que el Gobierno al frente del cual estaba el PSOE, cumplió el objetivo de díéficit de 2011 "con una desviación de tres díécimas, achacable a ajustes contables".
La opinión de los expertos
"La tentación de subir impuestos es evidente". Josíé Luis Martínez Campuzano. Citi
El estratega jefe de Citi en España, Josíé Luis Martínez Campuzano, no contempla otra vía de ajuste que no pase por otra subida de impuestos, tras las del IRPF y del IBI aprobadas a finales de diciembre, ante los recortes realizados hasta la fecha. "Siempre se puede hablar de racionalizar el sector público, pero no se puede hacer a la velocidad precisa en estos momentos, mientras que la inversión y los salarios ya se han ajustado. Me temo que, pese a que se niegue, la tentación de subir impuestos indirectos y tasas es evidente", subraya.
"Las subvenciones deben reducirse hasta en un 80%". Joaquín Trigo. IEE
El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo, considera que sigue habiendo margen para recortes en algunas partidas de gasto público. "Las subvenciones deben reducirse al menos en un 80%. Existen muchas ayudas a la investigación o la innovación, en especial ligadas al ámbito universitario, que deberían desaparecer ya que representan una factura muy costosa para las arcas públicas". En su opinión, las administraciones precisan de una reforma profunda, "en la medida en la que su estructura está sobredimensionada y en la que es necesario ajustar salarios".
"Hay que acabar con el derroche de las autonomías". Rafael Pampillón. IE
Para Rafael Pampillón, profesor de Economía en el IE Business School, la principal vía de recorte que queda es acabar con las duplicidades e ineficiencias en los distintos niveles de administración. "Hay que acabar con el intolerable derroche de las autonomías. Se repiten estructuras y personal para las mismas funciones: hay un Ministerio de Cultura y hasta 17 consejerías autonómicas", ilustra con un ejemplo. Pampillón no descarta que, en última opción, el Ejecutivo opte por una subida del IVA para reducir el abultado díéficit.
