Por... Alberto Mingardi
Tambaleándose hoy al borde de la quiebra, Grecia fue sancionada en primer lugar por violar el pacto europeo de crecimiento y estabilidad en 2005. La crisis del euro resalta la ineficacia de las normas fiscales europeas en el pasado reciente y es por eso que los líderes europeos han acordado un nuevo "pacto fiscal" para controlar la deuda y los límites del díéficit. Pero los fracasos anteriores en la aplicación de las normas fiscales podría justificar el escepticismo entre los observadores internacionales cuando se trata de la credibilidad de los líderes europeos en el establecimiento de estos nuevos objetivos.
Los nuevos objetivos solo serán creíbles si los líderes encuentran una forma de reescribir su pacto con los votantes.
En papel, Europa nunca ha experimentado una escasez de normas fiscales. El Tratado de Maastricht (artículo 21) fija metas numíéricas para los estados que buscan la adhesión a la Unión Europea (UE). Los estados de la UE debían mantener sus díéficits públicos por debajo del valor referencial de 3% del producto interno bruto (PIB), mientras que su deuda no debía exceder el umbral de 60% del PIB. En el caso de un porcentaje mayor al 60%, el Tratado le obliga a mantener una deuda decreciente.
Estas normas fiscales disfrutaron un íéxito limitado. De los 17 países de la eurozona, solo Finlandia y Luxemburgo cumplieron consistentemente con los parámetros del Tratado. La necesidad de un nuevo acuerdo fiscal proviene de los fracasos previos en la fiscalización de las finanzas públicas. ¿Podrá ser diferente esta vez?
La crisis del euro y la aflicción de Grecia generaron una nueva urgencia por la responsabilidad fiscal. Desde que Alemania introdujo un límite a la deuda en 2009 que le prohíbe al gobierno nacional manejar un díéficit de más de 0,35% del PIB desde 2016, a otros estados-miembros se les ha dificultado seguir el ejemplo alemán para restaurar su propia credibilidad como deudores. Este fue el caso de derrochadores como España e Italia.
El caso italiano es de particular interíés, pues sugiere que a veces las reglas pueden ser escritas con el propósito explícito de ser eludidas.
La deuda pública italiana pasó de 40,5% del PIB en 1970 al 60,1% en 1981 y al 121,8% en 1994. En más de 150 años de historia, Italia solo manejó un presupuesto equilibrado en dos ocasiones. Su constitución no hizo referencia explícita a un presupuesto equilibrado, sin embargo, requirió que nuevas fuentes de ingreso fuesen identificadas cada vez que se asumían nuevos gastos. Suena como una simple regla de oro, pero nunca fue cumplida a sabiendas.
En síntesis, Italia es un país en el cual las promesas impulsadas por el gasto público fueron constantemente utilizadas para lograr un consenso entre los votantes. Incluso cuando las medidas de los mandatos europeos de consolidación fiscal ayudaron a congelar el crecimiento de la deuda pública (que alcanzó un 103,6% del PIB en 2007), el gasto público, neto de los pagos por intereses, aumentó constantemente; en los últimos diez años, el gasto público italiano creció en un 24,4%. Un límite constitucional a la deuda parece ser el instrumento apropiado para restringir la arraigada propensión al gasto excesivo de la clase política italiana.
Desafortunadamente, la enmienda constitucional aprobada provisionalmente por el parlamento italiano se limita a proveer un "equilibrio" en las finanzas, permitiíéndole a los gobiernos locales y al nacional obtener príéstamos en caso de "acontecimientos inesperados". No se estableció un límite al gasto en la constitución. Los legisladores italianos parecen haber escrito una norma que tiene como objetivo abrirle el camino a las excepciones.
La creatividad es un talento italiano, pero nos enfrentamos a un problema que va más allá del enfoque de mis compatriotas al arte de legislar. Para que la disciplina fiscal se adopte, se necesita que los ciudadanos y constituyentes lo hagan. Los ciudadanos deben exigir, o al menos aprobar, un enfoque muy diferente al gasto público.
Cualquier plan fiscal europeo serio demostrará estar en conflicto con el pacto social tácito entre los votantes europeos y sus políticos: un pacto social que se basa en el "efecto de lubricación" del gasto público sobre el consenso popular.
De cara a un posible colapso del euro y años de pesimismo y fatalidad en lo económico, casi ningún líder europeo ha hablado de la necesidad de reconsiderar el llamado "modelo social europeo". ¿Cómo podrían los líderes europeos llegar a un pacto para la salud fiscal, si continúan evitando reescribir el pacto social entre ellos y sus votantes?
Este problema no se trata solo de Grecia o de Italia, sino que se extiende por toda la Europa Mediterránea. El recientemente elegido Primer Ministro español Mariano Rajoy ya anunció que su país no logrará un presupuesto equilibrado para el 2012 y que su gobierno rescatará a las regiones endeudadas. Ningún líder europeo, de izquierda o derecha, está haciendo un llamado a un cambio político importante de la clase que les permitiría reducir permanentemente el gasto público, y por lo tanto, mantenerse dentro de las nuevas normas fiscales.
El principio "pacta sum servanda" fue un pilar del derecho romano y tambiíén de la economía de libre mercado. Pero sabemos que hay muchas situaciones en las que honrar pactos es una mera pretensión: todo el mundo está ocupado desacatándolos y trucos y fraudes se multiplican en las formas más atroces. Estas situaciones suceden normalmente en un escenario y son la esencia de la farsa: una gran invención griega —pero aparentemente popular en toda Europa.
