La ligera relajación del objetivo de díéficit autonómico para este año fijado por Hacienda no ha impedido que las comunidades alerten de la dificultad de cumplir la senda de consolidación fiscal. Si bien no lo dicen abiertamente, la mayoría de autonomías reconoce en privado que resulta inasumible recortar sus números rojos en 15.500 millones este año tal y como exige el Gobierno de Mariano Rajoy.
A las comunidades autónomas no les salen las cuentas y la mayoría augura -aunque con la boca pequeña- que incumplirá nuevamente el objetivo de díéficit autonómico, que el Gobierno central elevó en dos díécimas del 1,3% al 1,5% del PIB para este año. Una flexibilización que Cataluña, Andalucía o Canarias -tres de las pocas comunidades que no están gobernadas por el PP- ya han tildado de insuficiente. Las comunidades cerraron el año anterior con un díéficit de 31.541 millones y Hacienda les exige que lo rebajen en 15.500 millones. Nunca antes se habían enfrentado a un reto igual y menos en medio de una recesión que contraerá el PIB un 1,7%.
Las comunidades trasladarán esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sus reservas ante el ajuste que deben acometer aunque públicamente, como hizo ayer la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se comprometerán con la reducción del díéficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que ninguna región "le conviene" pedir una relajación del objetivo de díéficit ya que, según íél, ello mermaría "su reputación ante los mercados e inversores". A pesar de ello, Cataluña pedirá hoy flexibilizar el objetivo de díéficit hasta el 1,7%. Los Gobiernos de Andalucía y Canarias defienden la misma medida.
El copago sanitario gana enteros
Algunos consejeros económicos reclamarán hoy que Hacienda fije objetivos de díéficit diferentes por comunidades autónomas. Ello tiene cierto sentido ya que parece simplemente imposible que una comunidad como Castilla-La Mancha, que cerró 2011 con unos números rojos equivalentes al 7,3% de su PIB, rebaje a lo largo de este año esa cifra hasta el 1,5%. Los Ejecutivos de Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana, que registraron un elevado díéficit en 2011, tambiíén son conscientes de que no llegarán al objetivo de díéficit. Incluso regiones con un díéficit relativamente bajo como Castilla y León (2,35% del PIB) señalan que será "muy complicado" rebajar los números rojos hasta el 1,5%. Aun así, el Ejecutivo no diferenciará entre regiones y, por tanto, el umbral máximo de díéficit para todas será ese 1,5% inasumible para buena parte de las comunidades.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instó ayer a las comunidades a realizar el ajuste de 15.000 millones de euros y recordó que el Ejecutivo se involucrará para lograr este objetivo. Si bien no está previsto que hoy se discutan recortes concretos, las comunidades deberán empezar a aplicar medidas más expeditivas para reducir sus números rojos. La posibilidad de establecer el copago sanitario gana cada vez más enteros
Así, todo indica que los recortes empezarán a afectar de forma generalizada al Estado del bienestar. El margen para elevar impuestos de las comunidades es limitado, ya que el IRPF ya lo ha subido el Gobierno central. Y el resto de tributos de competencia autonómica están muy ligados al sector de la construcción, cuyo declive aún no ha tocado suelo. Respecto a las partidas presupuestarias, la rebaja del sueldo de los funcionarios aprobada en Cataluña podría extenderse al resto de regiones, ya que supone una medida automática para reducir el díéficit.
"En el mismo barco"
El ministro de Economía, Luis de Guindos, tambiíén aumentó ayer la presión sobre las comunidades al reiterar que los recortes deben distribuirse "equitativamente" entre "todas las Administraciones". En el Encuentro Financiero Internacional, organizado por Bankia y El País, De Guindos anunció que para contrarrestar la recesión -que supondrá menos ingresos y más gasto en partidas como la prestación por desempleo- será necesario que el ajuste recaiga más en el díéficit estructural para que el efecto neto total sean los ya anunciados 29.000 millones de euros.
Incremento excepcional de la deuda pública
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará esta tarde el "mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas", una medida que ya se incluyó en una norma para los ayuntamientos. Si bien el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, repite que este proyecto no supondrá un mayor díéficit, sí que elevará la deuda pública de las comunidades. Por ello, el Consejo de Política Fiscal aprobará tambiíén nuevas operaciones de endeudamiento para las comunidades. El plan ideado por el Ejecutivo contempla que la banca y el ICO paguen las deudas pendientes con proveedores de comunidades y ayuntamientos. Así, cada factura abonada se convertirá en deuda que los entes territoriales abonarán en un plazo de diez años a un tipo de interíés del 5%.
En cualquier caso, esta ayuda conllevará cierta píérdida de autonomía, ya que las comunidades deberán presentar un plan de ajuste que será supervisado y aprobado por Hacienda. En íél, los Ejecutivos autonómicos deberán demostrar su viabilidad económica para devolver la deuda contraída con los bancos.
En principio, el plan para pagar a proveedores se dotará con 35.000 millones de euros. De estos, 20.000 millones estarán al servicio de los ayuntamientos y el resto irá para las comunidades autónomas. Si el proyecto funciona bien, permitirá que la deuda comercial que mantienen los entes territoriales se quede prácticamente a cero. Con todo, los proveedores que cobren sus facturas con el plan de Hacienda deberán renunciar a los intereses de demora. Además, tendrán prioridad a la hora de cobrar aquellas empresas que acepten aplicar un descuento para las comunidades y ayuntamientos.
