Una de las características que define una demencia es el hecho de repetir una y otra vez la misma acción esperando diferentes resultados. La determinación de Alemania de imponer una disciplina fiscal a sus socios de la eurozona no funcionó en el llamado “pacto de estabilidad y crecimientoâ€.
Cabe preguntarse si va a funcionar en el conocido como “tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza†acordado la semana pasada. Lo dudo. Según este pacto, la crisis la desencadenó la falta de disciplina fiscal y la solución es aumentar el nivel de disciplina. Pero esa conclusión se aleja de la realidad y la aplicación rigurosa de esa idea equivocada resulta peligrosa.
Es probable que esas preocupaciones parezcan ahora distantes. Las operaciones de refinanciación a más largo plazo del Banco Central Europeo han aliviado la situación de los bancos y los mercados financieros, incluidos los mercados de deuda soberana. En los dos tramos de esta operación, los bancos han recibido un total de un billón de euros a tres años a un interíés de sólo el 1%. La rentabilidad de los bonos italianos y españoles a diez años ha caído por debajo del 5% frente a los máximos registrados a finales del año pasado, del 7,3% en el caso de Italia, y del 6,7% en el de España. Igual de importantes han sido las caídas de los CDS de los bancos.
No obstante, eso no significa que la crisis se haya superado. En distintos grados, los países más vulnerables seguirán teniendo dificultades durante algún tiempo. Pero ¿habría salvado esta disciplina fiscal a la eurozona de todas estas crisis? ¿conseguirá sacar de apuros a los países todavía afectados por estas crisis? La respuesta a esas dos cuestiones es “noâ€.
Según la nueva normativa, el díéficit fiscal estructural de un miembro no debería superar el 0,5% del PIB. Para cumplir este objetivo, los países tendrían que registrar superávit estructurales. Además, si la deuda de un país supera el 60% del PIB, el exceso se eliminará a un ritmo del 20% anual. Un país como Italia, con una deuda del 120% del PIB, reduciría la ratio a un ritmo anual del 3%. Aunque todos los países de la eurozona deben respetar este marco, el tratado plantea cuestiones de carácter jurídico, político y económico.
Desde un punto de vista económico, no tiene sentido perseguir un díéficit ajustado al ciclo en lugar del díéficit real. Además, para introducir mejoras, habría que sacrificar la precisión. Nadie sabe lo que es un díéficit estructural y no sirve de nada discutir por esto. Recordemos las posiciones fiscales estructurales de 2007, el último año antes de la crisis, calculadas por el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2007.
Este tenía que haber sido el año en el que saltaran las alarmas de la crisis y, sin embargo, España registró un excedente estructural e Irlanda un equilibrio estructural. Aparentemente, los dos países estaban en una situación mejor que Alemania. Grecia registró un importante díéficit estructural, pero el díéficit de Francia fue superior al de Portugal.
La normativa no habría hecho distinción entre países vulnerables y países inmunes porque pasa por alto las burbujas de los activos y las excentricidades del mercado financiero. El FMI por entonces manifestó sus reservas. En octubre de 2011, llegó a la conclusión de que el díéficit fiscal estructural de Grecia en 2007 había sido del 10,4% del PIB, no del 4%, y que el de Irlanda era del 8,4% en lugar del 0,1%. Esto demuestra que el concepto que la eurozona quiere incluir en el nuevo tratado no servirá de nada cuando sea necesaria una mayor precisión. Es imposible conocer el verdadero díéficit estructural.
Consideremos las consecuencias políticas y legales. ¿Aceptarían los gobiernos los cálculos aproximados de los tecnócratas? Además, ¿en quíé se basarán los responsables a la hora de tomar decisiones? ¿Evaluarán los míéritos de los modelos economíétricos alternativos? Dado que es probable que haya enormes cambios en las estimaciones del díéficit estructural, ¿cómo se adaptará un gobierno? La introducción en la legislación de un concepto inconmensurable parece una idea descabellada.
En este preciso instante, se está fraguando una disputa entre las instituciones europeas y el nuevo Gobierno español de Mariano Rajoy. Este último ha declarado que su Gobierno se fijará como objetivo un díéficit fiscal del 5,8% del PIB, inferior al 8,5% registrado en 2011, pero muy por encima del 4,4% acordado con la Comisión Europea. Aunque íésta presente sus quejas, no puede obligar a un gobierno soberano a hacer lo que ella quiera. Los socios de España pueden negarle ayudas, pero esa negativa podría perjudicarles.
Las dificultades fiscales de España son una consecuencia de la crisis, no una causa. El país experimentó un importante aumento de la deuda privada despuíés de 1990, especialmente entre las entidades no financieras. El exceso de construcciones residenciales tambiíén descarta un volumen considerable de príéstamos a los hogares.
Teniendo esto presente, es muy poco probable que el fuerte recorte de los príéstamos públicos se vea compensado por un aumento de los críéditos y la inversión privada. Lo más probable es que se produzca una recesión mucho más profunda, y un escaso progreso en la reducción del díéficit fiscal real. En el peor de los casos, puede producirse una espiral descendente. En lugar de obligar a España a que acometa una rápida reducción fiscal, sería mucho más sensato darle al país el tiempo necesario para permitir que la importante reforma del mercado laboral díé sus frutos. Pero se tardarán algunos años.
Si la eurozona está dispuesta a conceder el tiempo necesario para que se produzcan esos ajustes, los países excedentarios tienen que ser conscientes de su propio papel. No cabe duda de que la aparición paralela de superávit y díéficit por cuenta corriente, el flujo de financiación transfronteriza y la insensatez de las entidades crediticias transfronterizas fueron críticos en la crisis actual.
En un informe publicado el mes pasado, la Comisión indicaba su intención de examinar una serie de países con díéficit externos. Incluso da los nombres de los que incumplen los objetivos. Hace falta un análisis paralelo de los países excedentarios. El informe incluso plantea la cuestión, pero no se atreve a seleccionar a países excedentarios concretos para someterlos a un análisis exhaustivo. La eurozona ha declarado la guerra a la contabilidad por partida doble.
Es cierto que el BCE ha dado algo de tiempo a la eurozona, pero hay pocos indicios que sugieran que se ha encontrado un camino hacia el necesario reequilibrio de la economía de la eurozona y, por encima de todo, hacia la necesaria mezcla de reformas, ajustes y rápido regreso al crecimiento. La senda escogida parece deparar, en cambio, años de ajustes y austeridad unilaterales. ¿Dará resultado? Lo dudo. En el mejor de los casos, podemos esperar muchos baches en la carretera.
