El código de buenas prácticas será obligatorio dos años para quien firme.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el código de buenas prácticas ante desahucios que Economía espera que las entidades financieras apliquen voluntariamente. El decálogo insta a la banca a conceder la dación en pago -entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria- para aquellas familias, con todos sus miembros en paro, que vean ejecutada su única residencia. Fuentes de la administración desvelaron ayer que el Gobierno limitará esta medida a los inmuebles con un valor máximo de 200.000 euros en grandes ciudades, o 120.000 euros, en núcleos rurales.
"Lo que se hará", en los citados casos, "es establecer un periodo transitorio para facilitar y aliviar las cargas de este tipo de familias y posteriormente se podrá aceptar la posibilidad de la dación en pago y tambiíén la posibilidad de que, aunque haya una dación en pago que salde la deuda, estas familias puedan seguir viviendo en dicha vivienda", explicó ayer Guindos en Palma de Mallorca.
Aunque el enunciado original hacía mención a las familias en paro y sin otro tipo de ingresos económicos, el Gobierno trabaja en un nuevo articulado que identifique en el umbral de exclusión a las familias que sean incapaces de hacer frente al pago de las cuotas con el 80% de todos sus ingresos, de cualquier tipo, lo que dejaría fuera de este marco a familias con varios miembros cobrando la prestación por desempleo.
Asumir la sobrevaloración de inmuebles
Una de las pretensiones de Economía es que cuando la banca embargue un piso asuma una parte de la sobrevaloración que se hizo en su momento del inmueble hipotecario. El porcentaje se ha negociado con las entidades financieras y todavía se desconoce, si bien podría ser considerable. Los estudios que maneja el Gobierno estiman que la vivienda se tasó un 30% por encima del precio real.
El Ejecutivo considera que los pisos estuvieron sobrevalorados entre un 13% y un 30% durante los años del boom.