La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos de PP y PSOE, una proposición no de ley presentada por el BNG que instaba a endurecer el ríégimen de incompatibilidades de los altos cargos que, al cesar en sus puestos públicos, se pasan a la empresa privada.
Los nacionalistas gallegos planteaban una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas, de manera que se ampliaran los periodos de limitación vigentes desde que se produce el cese.
Además, pedían una aplicación de los conflictos de intereses a aquellos supuestos en los que los exaltos cargos realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o participan como miembros o asesores especiales en dichos órganos de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público.
Con respecto a los expresidentes del Gobierno, el BNG reclamaba que se modificara su estatus reglamentario de manera que se les exigiera la renuncia a todas las prerrogativas de las que disfrutan en la actualidad, salvo las vinculadas a garantizar su seguridad, en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas.
El diputado del BNG Francisco Jorquera ha puesto como ejemplo, al defender su iniciativa, el caso de los expresidentes Josíé María Aznar y Felipe González, contratados como consejeros de varias empresas, y el más reciente de la exministra Elena Salgado, quien dejó el Gobierno el pasado diciembre y va a ser fichada por consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa.
Jorquera se ha preguntado si "es presentable que estas personas puedan poner sus influencias al servicio de los intereses de empresas privadas" o si "es presentable que compatibilicen" el sueldo que mantienen por haber ejercido un cargo público con la remuneración de la empresa privada. "La íética de estas situaciones es más que discutible", ha añadido.
PP Y PSOE: YA EXISTE REGULACIí“N
Sin embargo, la proposición no de ley ha encontrado el rechazo de socialistas y 'populares'. Por un lado, el diputado del PSOE Odón Elorza ha afirmado que esta iniciativa supone "sacar las cosas de contexto" y que no es necesario modificar la ley que regula las incompatibilidades de cargos públicos y sí su "adecuada y estricta aplicación".
En los mismos tíérminos se ha pronunciado la parlamentaria del PP María Eugenia Romero, quien opina que la regulación actual es "más que suficiente" y ha pedido no hacer "demagogia" con este asunto. "No se suban al carro de la demagogia. No podemos estar todo el día sembrando dudas sobre los cargos públicos", ha señalado.
