Por... Ethan Nadelmann
Algo increíble está pasando en Amíérica Latina ahora mismo. Despuíés de ser brutalizados por díécadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadounidense, líderes latinoamericanos están diciendo “basta yaâ€. Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.
El nuevo presidente guatemalteco, Otto Píérez Molina, está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y ex general de ejíército, tiene una credibilidad con la que otros no cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas de drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era solo una táctica para conseguir más apoyo económico y militar de EE.UU. Pero ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero.Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el Arzobispo Oscar Julio Vian, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall'Anese.
El presidente Píérez Molina envió a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a un recurrido por los países vecinos en busca del apoyo de los demás presidentes centroamericanos para iniciar una discusión sobre políticas de drogas alternativas para la región. La mayoría manifestó estar de acuerdo con unirse al diálogo (tambiíén ayudó que la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. estuviera de gira tambiíén por la región intentando persuadir a los líderes con infundados alegatos de que la guerra contra las drogas está funcionando). Ahora los presidentes han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para debatir ampliamente el tema.
Mientras tanto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien había intentado iniciar el debate, y que vio su interíés frustrado por la falta de apoyo de los líderes de la región, parece estar reanimado por la iniciativa del presidente guatemalteco. Se reunió recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Amíéricas, que tendrá lugar en Cartagena durante el mes de abril.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, tambiíén parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico a EE.UU., tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global —especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo.Calderón inició el debate cuando comentó que EE.UU. debía considerar “alternativas de mercado†si no puede reducir su demanda por drogas. Poco despuíés se unió con todo los gobiernos de Amíérica Central y los presidentes de Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que establece que si no se puede disminuir la demanda por las drogas ilegales, “las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósitoâ€.
Los llamados para una reforma a las políticas de drogas están proliferando rápidamente en Míéxico. El predecesor de Calderón, Vicente Fox, no tiene problema en decir que la legalización es la mejor forma de afrontarlo. El predecesor de Fox, Ernesto Zedillo, se unió al ex presidente brasileño Cardoso y al ex presidente colombiano Cíésar Gaviria en organizar, en primer lugar, una Comisión sobre políticas de las drogas en Amíérica Latina y posteriormente una a nivel mundial, ambas abogando por grandes reformas en las políticas de drogas, incluyendo una regulación efectiva de la marihuana, y tambiíén por "romper el tabú" de considerar todas las opciones para políticas de drogas, incluida la regulación legal.
Ahora los líderes empresariales de Monterrey y Ciudad de Míéxico, conscientes del creciente poder de las organizaciones criminales, están uniíéndose al debate, con recursos y apoyo a la legalización de alguna u otra forma. Y, desde la izquierda, Javier Sicilia, el influyente poeta convertido en líder del movimiento por la justicia social, está diciendo prácticamente lo mismo.
No es entonces sorpresa que la Secretaria de Relaciones Exteriores de Míéxico, Patricia Espinosa, anunciara en una reunión de la asamblea parlamentaria europea-latinoamericana el pasado febrero que su gobierno ahora apoya un debate sobre la legalización.
El presidente hondureño Porfirio Lobos anunció este viernes que los presidentes Calderón y Santos habían sido invitados a una reunión este 24 de marzo en Guatemala, a la cual pretenden asistir.
Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadounidense. Cuando el vicepresidente Biden visitó la región la semana pasada, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente la legalización —pero tambiíén reconoció, como hizo Obama en 2011, que es un tema legítimo para ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadounidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario. Eso fue evidenciado recientemente cuado el Secretario Asistente de Relaciones Públicas del Departamento de Estado Mike Hammer afirmó que "Estamos, por supuesto, dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión en el tanto no la vemos como la mejor manera de solucionar el problema". "Es —continuó— un tema serio y no nos negamos a discutirlo. Nuestra posición, sin embargo, es muy clara". Los medio latinoamericanos rápidamente notaron el cambio de tono de Washington.
Todo esto representa un giro dramático en el debate regional, y potencialmente global, sobre las políticas de drogas. En Amíérica Latina, los actuales presidentes están tomando la batuta de los ex presidentes en el llamado a debatir una nueva política de drogas con todas las opciones sobre la mesa. Respetados intelectuales como Carlos Fuentes y Enrique Krauze en Míéxico, Sergio Ramírez en Nicaragua y Mario Vargas Llosa en Perú están manifestándose a favor. De igual forma lo están haciendo distinguidos ex funcionarios de gobierno, líderes de negocios, medios y de las artes.
El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EE.UU. —tras bastidores—de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de ello. El desafío más importante es darle sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo debe que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al ríégimen prohibicionista tomarán varios años o incluso díécadas. Tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales en la región están comenzando apenas a considerar seriamente políticas alternativas, reclutando acadíémicos y otros expertos.
Afortunadamente el consenso sobre las drogas dentro de EE.UU. tambiíén se está debilitando. George Shultz, el ex Secretario de Estado (y del Tesoro) y Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, están entre los miembros de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, cuyas recomendaciones en junio pasado abrieron un debate a escala mundial. El ex presidente Jimmy Carter apoyó las recomendaciones de la Comisión y el ex presidente Bill Clinton ha externado en repetidas ocasiones que lamenta los excesos en la guerra contra las drogas que libró cuando estaba en la Casa Blanca. Líderes afro-estadounidenses que han apoyado la guerra contra las drogas están llegando a la conclusión de que la lucha contra los estupefacientes no reduce la adicción a las drogas en sus comunidades pero sí contribuye a encarcelar un extraordinario número de jóvenes.
El apoyo público para legalizar la marihuana entre los estadounidenses crece rápidamente —del 36% a favor en 2006 al 50% en 2011, según una encuesta de Gallup. Recientemente, el líder conservador evangíélico Pat Robertson sorprendió a una gran cantidad de personas que afirmando que la marihuana debería legalizarse y ser regulada como el alcohol y manifestó su apoyo las iniciativas en los estados de Colorado y Washington tendientes a la legalización de la marihuana las elecciones de noviembre.
El mayor obstáculo por el momento es la resistencia de la administración Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre el tema de políticas alternativas. La censura y la auto censura sobre el tema dentro del gobierno federal es endíémica, impulsada por el temor de que cualquier memorando interno, o incluso discusiones verbales, que contengan recomendaciones políticamente inconvenientes, no solo son poco bienvenidas sino peligrosas para las carreras de muchos funcionarios. Un resultado de esto será que los representantes del gobierno de EE.UU. verán cada vez más reducida su participación en la discusión del tema, en Cartagena y en más foros, armados únicamente con la defensa de las fallidas políticas de EE.UU. y privados de cualquier análisis de fondo de las opciones que plantearán los demás gobiernos.
La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar —y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE.UU. hoy en día.
