El Consejo de Ministros aprobará hoy la prometida reforma del sector público empresarial que supondrá la extinción de 27 empresas públicas. Entre ellas, se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). La medida del Ejecutivo, que tambiíén se desprenderá de participaciones minoritarias en compañías privadas, indica el camino que Moncloa pretende que sigan las comunidades autónomas, que acumulan la mayoría de empresas públicas.
Reducir el peso del sector público es una de las grandes prioridades que se fijó el Gobierno de Mariano Rajoy y que hoy empezará a cumplir. El Consejo de Ministros acordará la supresión de 27 de las 142 empresas públicas de titularidad estatal. La Sociedad Pública de Alquiler, dependiente del Ministerio de Fomento y creada en 2005 para fomentar el arrendamiento de viviendas, será una de las afectadas. Tambiíén desaparecerán las compañías Remolques Marítimos, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales y la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado, que se creó para llevar a cabo la privatización, finalmente fallida, de Loterías a finales de 2011.
El plan afectará a corto plazo a más de medio centenar de empresas, ya que ya que además de suprimir 27 entes, se agilizarán 14 procesos de liquidación ya iniciados (como el de Barcelona Holding Olímpico, según informa Efe) y se procederá a la desinversión en otras ocho compañías. El Gobierno tambiíén venderá participaciones minoritarias en 35 sociedades. La Administración Central tiene acciones en Red Elíéctrica, Enagás o Hispasat, entre otras. La reorganización tambiíén afecta a Correos, dependiente hasta ahora de la Dirección General de Patrimonio, que se integra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En cualquier caso, Hacienda no baraja de momento la privatización ni de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ni de AENA, las dos grandes compañías públicas que, en caso de venderse, podrían reportar ingresos superiores a 15.000 millones de euros. En este sentido, fuentes de Hacienda indican que la reestructuración del sector público empresarial no se realiza para lograr recursos, sino para ganar en eficiencia. De hecho aseguran que muchas de las empresas públicas de titularidad estatal se crearon con el mero objetivo de sortear los controles presupuestarios.
Por otra parte, la decisión que adoptará el Gobierno marca el camino que Moncloa reclama que sigan las comunidades autónomas, que se comprometieron con el anterior Gobierno a suprimir 515 empresas públicas y no lo hicieron. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó recientemente que la deuda de las empresas públicas alcanza ya los 60.000 millones de euros. Este importe se ha triplicado en los últimos tres años.
De esa cantidad, 15.000 millones se ubican en entes de las comunidades autónomas. De hecho, periódicamente aparecen fundaciones o entidades regionales cuya existencia Hacienda desconocía.
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo para dar liquidez a los entes territoriales, como el aplazamiento de las liquidaciones negativas o el plan de pago a proveedores, contemplan como contrapartida la presentación de un plan de ajuste. A travíés de este mecanismo, Hacienda confía en obligar a las comunidades a podar su enorme maraña de empresas públicas, fundaciones o consorcios.
De todas las medidas, el plan de proveedores supone el proyecto más ambicioso ya que contempla que la banca tradicional y el ICO abonen hasta 35.000 millones de euros en facturas pendientes de pago de los entes territoriales, un importe que comunidades y ayuntamientos devolverán en un plazo de diez años y a un tipo de interíés del 5%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la inyección de liquidez del plan de proveedores evitará la destrucción de entre 75.000 y 100.000 empleos.
Montoro señaló durante su intervención en el Foro Abc, patrocinado por Deloitte y Ferrovial, que los proveedores públicos (con independencia de si tienen deudas pendientes con la Administración) serán los primeros en aplicar el cambio en el sistema de pago del IVA que prometió el Gobierno. El objetivo es que las pymes puedan abonar el IVA en el momento de cobrar las facturas y no, como sucede ahora, cuando las emiten. El ministro de Hacienda indicó que darán prioridad a los proveedores públicos porque la Administración dispone de mayor información de estas empresas. En este sentido, alertó de que el cambio de criterio en el devengo del IVA no puede derivar en fraude fiscal. Fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron que la posibilidad de pagar el IVA en el momento en que se cobra la factura implica perder cierto control sobre el impuesto indirecto más importante.
Ni IRPF, ni IVA ni especiales
El ministro de Hacienda descartó tajantemente una subida del IRPF, IVA o de los impuestos especiales para alcanzar el objetivo de díéficit del 5,3% fijado por la UE, que implica un recorte adicional de 5.000 millones respecto a la senda de consolidación fiscal aprobada por Rajoy. Además, tambiíén negó que el Ejecutivo se plantee subir los impuestos especiales, aunque hay que tener en cuenta que el incremento de los tributos que gravan el tabaco o los hidrocarburos nunca se anuncian con anterioridad a su aprobación definitiva.
En cualquier caso, Montoro indicó que los Presupuestos del 30 de marzo incorporarán cambios fiscales y señaló que el Ejecutivo tratará de elevar los ingresos con cambios tributarios que tengan el menor efecto sobre el crecimiento económico. De hecho, entre las grandes figuras impositivas, Montoro evitó negar una subida fiscal en el caso del impuesto sobre sociedades. Hacienda no se plantea subir el tipo del impuesto que grava los beneficios empresariales, aunque sí estudia limitar las deducciones que aplican las grandes empresas y que les permiten tributar a tipos menores que las pymes. De hecho, el propio Gobierno ha reconocido la existencia de "abusos" en los beneficios fiscales que se aplican los grupos consolidados (aquellos conglomerados empresariales que tributan como una sola empresa). Este tipo de compañías representa el 0,2% de declarantes de Sociedades y se reparte el 60% de las deducciones.
Del pino pide firmeza a Montoro
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, celebró ayer las medidas implementadas por el Gobierno y pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que no le tiemble el pulso a la hora de elaborar reformas". Al mismo tiempo defendió la necesidad de establecer políticas de estímulo económico y reclamó que los recortes se centren en el gasto corriente y no en la inversión pública.
Las cifras
60.000 millones es la deuda de las empresas públicas, que se ha triplicado en los últimos tres años.
515 empresas públicas deben eliminar las autonomías.
8% es el porcentaje de cuentas auditadas en la Administración.
Montoro rechaza la financiación de la sanidad a travíés del copago
Montoro rechazó ayer que el Gobierno vaya a promover el copago en la asistencia sanitaria y subrayó que lo importante en este ámbito es promover reformas que introduzcan "más eficiencia" y menores costes comparados.
Montoro descartó la posibilidad de fijar "instrumentos finalistas" para financiar la sanidad. En este sentido, señaló que los impuestos generales y no los creados ad hoc deben ser suficientes para mantener el sistema sanitario con independencia del ciclo económico. Tambiíén abogó por la colaboración con los proveedores para mejorar la oferta y la gestión de los servicios públicos. El ministro de Hacienda rechazó que se califique de "inviable" el actual sistema sanitario.
Montoro hizo esta afirmación un día despuíés de que el Parlamento de Cataluña aprobara, con los votos de CiU y PP, el establecimiento del copago de las recetas, que supondrá el desembolso por parte del paciente de un euro por receta. Están exentos los enfermos crónicos con menos recursos y los beneficiarios de una pensión no contributiva. Por la mañana, en el Congreso, el PSOE presionó a Montoro para que se pronunciara sobre "la amenaza en toda regla al estado del bienestar de las comunidades autónomas" que suponen iniciativas como la de Cataluña.
La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (Fefac) criticó la tasa por receta, pues nace meramente para recaudar y sin un objetivo sanitario. Criticó que la medida no servirá para reducir el consumo de fármacos, debido a que la receta electrónica ya controla la cantidad exacta de medicación prescrita por el míédico. Alertó de que una limitación al acceso del medicamento "puede poner en peligro el buen cumplimiento que deben hacer los pacientes de los tratamientos prescritos".
En el último año, la facturación en las farmacias correspondiente a medicamentos con cargo al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se redujo un 7,8% en comparación al año 2010, debido al fuerte impacto de las medidas de control del gasto aprobadas por el Gobierno central.
