El Gobierno de la provincia argentina de Salta confirmó ayer la revocación de una licencia otorgada a YPF, controlada por Repsol, para operar en un área de ese distrito del norte del país. Salta se suma así a la lista de provincias argentinas que en los últimos días retiraron licencias a la petrolera, en medio del creciente conflicto de la compañía con el Gobierno de Cristina Fernández.
"Se aceptó la reversión del área Tartagal Oeste en cabeza de YPF, que estaba sin producción y se avanzó en el llamado a licitación de áreas libres. Una de íéstas es Tartagal Oeste", sostuvo el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en declaraciones a la estatal agencia Tíélam.
El gobernador provincial dijo que "se intimó a todas las empresas (que operan en la provincia) para que presenten un plan de inversión con un aumento del 15 por ciento en la explotación y exploración".
"En ese marco se ha dicho a aquellas empresas que no puedan invertir, que tengan la voluntad de aceptar cesiones de áreas a otros interesados en condiciones de hacerlo", indicó Urtubey.
Fuentes de la petrolera consultadas por Efe optaron por no realizar comentarios sobre la nueva revocación que afronta la compañía.
Los gobernadores de las provincias de Santa Cruz y Chubut, en el sur del país, donde se hallan los mayores yacimientos petroleros, anunciaron el pasado 14 de marzo la retirada de licencias en cuatro áreas operadas por la petrolera, a la que el Gobierno acusa de una supuesta caída en las inversiones y la producción en el país.
El pasado viernes, la provincia de Mendoza (oeste) revocó la licencia en dos áreas operadas por YPF, en una medida similar a la tomada tambiíén días atrás por la patagónica Neuquíén, que retiró a la compañía la concesión de otras dos zonas.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, indicó que sopesa la posibilidad de revocar otras 10 áreas operadas por la compañía, un asunto que será tratado durante la reunión que prevíén mantener los gobernadores de las provincias petroleras del país entre el martes y miíércoles próximos.
La empresa indicó en los últimos días que iniciará acciones legales y aseguró en su defensa que cumplió con sus compromisos de inversión en el país.
YPF aprobó el miíércoles, por mayoría y con el voto en contra del representante del Estado argentino, una propuesta de capitalización por importe de 5.789 millones de pesos (1.322 millones de dólares, 999 millones de euros) a partir de ganancias no asignadas de 2010 y 2011.
La propuesta será sometida a consideración de los accionistas de la petrolera en una asamblea convocada para el próximo 25 de abril.
El Gobierno, que pretendía derivar los resultados no asignados a un fondo para acometer inversiones, consideró que la capitalización no garantiza que la compañía realice mayores inversiones en el país, aunque YPF ha asegurado que este año sus desembolsos alcanzarán un ríécord de 15.000 millones de pesos (3.425 millones de dólares, 2.500 millones de euros).
