El contenido del anteproyecto de la Ley de Transparencia publicado por el Gobierno, y que ya puede leerse en esta web, establece como claves principales los regalos a altos cargos y los 16 principios íéticos, el castigo por incumplir los servicios mínimos en jornada de huelga general y la restricción de información ante perjuicio económico o medioambiental para España.
Los altos cargos a los que se aplicará la futura ley no podrán aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda Pública.
El borrador les impone además 16 principios íéticos, pudiendo ser destituidos e incluso inhabilitados si violan este código de comportamiento. Entre ellos destacan: actuar "con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interíés general". Además, establece que "respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interíés particular" y "asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones".
Tendrán que actuar "de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos", a la vez que "mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección". Finalmente, señala que deben asumir "la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente".
Por otra parte, incumplir los servicios mínimos en una huelga general y coartar el libre ejercicio del derecho de huelga será castigado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con sanciones que pueden acarrear incluso la destitución de un cargo público y la inhabilitación.
El Gobierno ha incluido como infracciones disciplinarias muy graves "la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales", "la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga" y "el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga".
Por último, otra clave de la futura ley será la que permite al Gobierno negarse a facilitar información a los ciudadanos si considera que con ella se genera un perjuicio económico o monetario, si se pone en riesgo los intereses comerciales de España o si implica un daño medioambiental.
El texto ampara el derecho a acceder a la información pública (reconocido en el artículo 105b) de la Constitución Española, pero establece una serie de límites para los ciudadanos, especialmente en aquellos casos en los que la seguridad nacional estíé en juego. Asimismo, afirma que el acceso a la información pública quedará restringido "cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria y la protección del medio ambiente".
