El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilíés, contra el jefe del Grupo I de Inspección del Banco de España, íngel Rico, y contra el director del Departamento de Inspección I de la misma institución, Pedro González.
El juzgado ha emitido un auto, con fecha del 21 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que los hechos denunciados en la querella de Avilíés podrían ser constitutivos de un delito de falsificación en documentos públicos, por lo que cita a declarar en calidad de imputados a los dos jefes de inspección del Banco de España el próximo 20 de junio.
Juan Ramón Avilíés presentó el pasado 14 de marzo una querella contra íngel Rico y Pedro González como firmantes de un informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de propuesta de incoación de expediente disciplinario contra la cúpula directiva de la CAM, en la que figura el querellante, como presidente de la Comisión de Control.
Este expediente disciplinario, según recoge la querella, presuntamente incluía "afirmaciones frontalmente contrarias a la verdad", relativas a la supuesta ocultación de cobro de dietas en sociedades participadas a los órganos correspondientes, así como la presunta realización de operaciones de ocultación de propiedad, "utilizando a su hermana como testaferro de una sociedad en dificultades" que refinanció con la CAM un críédito "en condiciones favorables".
Así, según la querella, "el informe-denuncia, entre otros asuntos, contiene una serie de afirmaciones y hechos relativos a Juan Ramón Avilíés que son frontalmente contrarias a la verdad y que, incluidas en el informe de la Inspección del Banco de España, en el ejercicio de sus funciones de supervisión, han sido la base para incoar expediente disciplinario contra íél".
En concreto, según añade, el informe señala que "utilizando las sociedades participadas de la caja, se evitó que la asamblea general conociera y aprobara determinados cobros de los miembros de administración y control".
Avilíés considera que "los querellados, en sus funciones de Inspección del Banco de España, tenían constancia de toda la documentación anteriormente aportada, pese a lo que no han tenido reparos en falsear el informe-denuncia con la finalidad de que la Comisión Ejecutiva incoara expediente sancionador".
Por ello, la querella atribuye a íngel Rico y a Pedro González "manifestaciones de absoluto descaro y desprecio a la verdad" como que "se ocultaron remuneraciones a la asamblea general, lo que es evidentemente falso".
Así, considera que ambos "han abusado de su posición privilegiada con la finalidad de que se incoe expediente disciplinario" contra íél para "destruir" su "buen nombre, honor y dignidad, mediante la grosera consignación de falsedades e incluso sus familiares más directos".
