Desde el comienzo de la crisis, el número de parados se ha disparado hasta los 5,27 millones de personas. Sin embargo, había un colectivo que se encontraba siempre a salvo de los despidos: los funcionarios. Esta situación cambió para los empleados públicos con la reforma laboral presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy: en su Disposición Adicional Segunda incluye, por primera vez en España, la posibilidad de que se despida a personal laboral del sector público por causas económicas.
"Nadie podía pensar hace dos años que se podría despedir a funcionarios", lamenta Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, en cambio, las 700.000 personas que integran el colectivo de personal laboral ven amenazado su puesto de trabajo. Y no es sólo el enunciado de la reforma laboral, sino que los gestos que reciben desde el Gobierno y la Administración en general no ayudan a tranquilizar la situación.
Comunidades y ayuntamientos están obligados a recortar gastos de forma dramática y la reducción de plantillas se vislumbra como la única medida verdaderamente efectiva. Algo hasta ahora impensable. Un claro ejemplo de este cambio de paradigma lo dió hace poco el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aumentó las inquietudes de los funcionarios, al asegurar en una conferencia que los empleados públicos "tambiíén deben ganarse el puesto" de trabajo.
Desde los sindicatos ven esto "inadmisible", ya que el personal laboral, en muchos casos, ha superado las mismas pruebas que los funcionarios de carrera. "Queremos que el personal laboral que haya conseguido su plaza a travíés de un concurso público no pueda verse afectado por un ERE", defiende Borra. "Ese personal laboral tiene que estar al margen de los ERE", exige el líder sindical, petición que tambiíén ha trasladado al Gobierno.
De momento, los funcionarios aún no se han movilizado, debido a que quieren apurar las negociaciones con el Gobierno mientras la reforma aún se encuentre en trámite parlamentario. De hecho, los sindicatos de funcionarios no secundaron la huelga general convocada para el pasado jueves 29 de marzo.
En negociaciones
Para ello, desde los sindicatos se han puesto en contacto con distintos partidos del Congreso para hacerles llegar los temores de los funcionarios. En concreto, en sus encuentros con los representantes políticos les solicitan que presionen para evitar que se puedan hacer ERE a los funcionarios.
La preocupación del personal laboral se extiende tambiíén a los funcionarios de carrera. Una vez abierta la posibilidad de que la Administración despida a trabajadores públicos, no saben dónde puede estar el límite en el futuro. "Una vez abierta la caja de Pandora, a ver quiíén la cierra", sentencian en CSI-F.
Demasiados funcionarios
Desde el Ejecutivo la perspectiva es diferente, sobre todo en lo referente a comunidades autónomas y ayuntamientos. A principios del mes de marzo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió que el empleo público debería recortarse para alcanzar los objetivos de díéficit del 5,3%. Beteta justificó su advertencia señalando que la contratación de la Administración Pública se había disparado entre 2001 y 2011, hasta crecer en unas 440.000 personas.
Sin embargo, el secretario de Estado culpó principalmente a las comunidades autónomas y a los entes locales, ya que desde la Administración General del Estado sí que han hecho parte de los deberes, al reducir este tipo de contratos un 22% (163.880 personas). Por el contrario, las comunidades aumentaron el número de empleados públicos un 44% (409.569 personas), y los ayuntamientos un 39% (181.031 trabajadores).
Por ello, Beteta advirtió que "esta circunstancia ni puede ni debe seguir así", y recordó que el Estado reduciendo empresas y empleados públicos, e instó a las autonomías a que hagan lo propio, un consejo que podría significar algo más en las 14 regiones en las que gobierna el PP. El Ejecutivo tambiíén critica al Gobierno de Zapatero, al asegurar que en 2010 y 2011 incumplió los recortes de personal comprometidos, así como la reducción de empresas públicas.
