El Gobierno no ha podido eludir por más tiempo el embrollo creado con el almacenamiento de gas Castor, en Castellón, operado por ACS y Escal. El Ministerio de Industria, en el marco de la reforma del sector, auditará esta instalación, ya que ha disparado su coste hasta los 1.300 millones cuando estaba presupuestado tan sólo en 500 millones de euros.
"Estamos habilitando los mecanismos necesarios para hacer una auditoria", así se explicó el secretario de Estado, Fernando Martí, en respuesta a una pregunta del elEconomista en su comparecencia para explicar las primeras medidas de la reforma energíética, que busca contener los costes como los generados con Castor.
La Memoria de la Propuesta de Orden para revisar el sistema gasista, a la que ha tenido acceso este diario, incide repetidamente en que los almacenamientos subterráneos de gas, que tengan que entrar en funcionamiento este año, como es Castor, repercutirán fuertemente en el sistema, por lo que es necesario tomar medidas.
Recalcular los costes
Así, el documento explica que una vez se haya realizado la mencionada auditoría, el Gobierno procederá al cálculo de la retribución definitiva de los costes "prudentes" necesarios. Hay que señalar que hace dos años el Ejecutivo fijó por Real Decreto Ley el coste límite a reconocer a los promotores de Castor, fijado en 1279 millones, una cantidad que se superará ampliamente una vez se incluya el coste del denominado gas colchón.
Además, el coste de la realización de las auditorias y estudios tíécnicos serán asumidos por el promotor, en este caso ACS y Escal, y en su caso se revisará la retribución financiera.
Para más inri, el Gobierno reducirá la retribución de estos operadores en un 10%, al suspender los ingresos provisionales para los almacenamientos subterráneos determinar que no pueda acumularse en el mismo año la percepción de más de una anualidad devengada, lo que golpea de lleno al pelotazo que ha realizado ACS en este proyecto.
Industria justifica que es necesario revisar la retribución de estas instalaciones para articular un esquema que "se acomode al principio de rentabilidad razonable y sostenible", todo ello, además, "de manera coherente con las nuevas necesidades del sistema gasista", donde este tipo de instalaciones han dejado ser tan necesarias por la caída de la demanda.
El Ejecutivo tambiíén atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que además de solicitar una auditoría, reclamaba que se ampliara el plazo de amortización de 10 a 20 años con el objetivo de laminar su coste en el sistema. Y es que según el sector, si Castor se pone en marcha este año repercutirá con un alza del 8 por ciento en los peajes de la tarifa de gas, un punto sobre el que tambiíén ha alertado el regulador energíético.
Desajustes
La Orden explica que un periodo de amortización de 10 años tal como estaba vigente "provoca un desajuste entre la vida regulatoria y la vida útil operativa de los activos que es sensiblemente superior" y, además tiene un "impacto especialmente severo" en la sostenibilidad del sistema gasista durante los próximos años en los que entrarán en funcionamiento diversos almacenamientos subterráneos "cuyos costes alcanzan magnitudes muy importantes".
Con esta modificación en todos los almacenamientos existentes, se logra una reducción considerable de las salidas de caja del sistema durante los primeros ejercicios tras su puesta en marcha, especialmente en el 2013 que puede alcanzar los 124 millones de euros.
El Gobierno argumenta que desde 2005 los peajes de gas han incrementado de media el 30 por ciento. Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos años, "este incremento es insuficiente para satisfacer los costes", según el Ministerio, a lo que no ayuda el sobrecoste generado con Castor.
En la propuesta de la CNE remitida al Ministerio para reformar el sector, el regulador avisaba de que había encontrado partidas adjudicadas a dedo en la construcción de Castor que pueden haber supuesto costes adicionales para la factura total del gas. Concretamente, criticaba que hubiera partidas de inversión que no hayan tenido que pasar por ningún proceso de concurrencia.
La CNE proponía además explotar el petróleo que todavía queda en Castor, aprovechando los precios altos, para pagar las actividades reguladas. Por ese motivo, recomendaba analizar jurídicamente la modificación de la concesión. Precisamente sobre este punto y sobre la naturaleza de la licencia de la instalación se libran algunos pleitos en la actualidad.
