El sector industrial cree que puede ser una víctima que se quede en el camino de la reforma energíética que prepara el Gobierno para contener el díéficit de tarifa. Y es que la fuerte subida aprobada el pasado viernes puede ser devastadora para la industria pesada, ya que tiene todos sus costes muy ajustados tras la caída de la demanda. De ahí, que un total de trece patronales del automóvil, los azulejos, el papel, el metal, la fundición, ladrillos y tejas, la siderurgia, el cemento o la química hayan decidido unirse para pedir al Gobierno que no continúe incrementando el precio de la luz.
El secretario general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía, Fernando Soto, explicó a elEconomista, que el sector ha sido duramente golpeado por la subida de los peajes de un 2% el pasado mes de enero y ahora se temen que el Gobierno apruebe un incremento de por lo menos un 4,47%. Y es que la gran industria tiene que hacer frente a estos costes y adicionalmente adquirir la energía en contratos bilaterales con las elíéctricas.
Sin embargo, existe una gran incertidumbre en el sector, porque, a pesar de que el sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley de primeras medidas para corregir el díéficit de tarifa, no se especifica el incremento de los peajes del acceso.
Oficialmente, el Ministerio de Industria ha anunciado que el incremento global de la luz para el industrial medio y la gran industria será del 2,8% y del 0,9%, respectivamente (la caída del precio de la energía compensa el alza de los peajes), pero el precio definitivo depende en gran parte de los contratos de suministro que logre la alta tensión, los cuales ya no cuentan con grandes ventajas económicas ante la ausencia de compromisos a largo plazo.
El problema de esta última revisión de la luz surge, sobre todo, porque el Gobierno tiene que cumplir con los autos del Tribunal Supremo que atienden a las peticiones de las elíéctricas y obligan a refacturar los dos últimos trimestres por considerar que las tarifas fijadas por el Gobierno son insuficientes.
En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, especificó el pasado viernes los porcentajes de subida de los peajes y en el caso de la alta tensión explicó que el alza de la parte regulada es de un 8%, que se compensa con la caída de la energía para determinar un precio final del 0,9%.
Pero el sector insiste en que esta cifra es orientativa porque más de un tercio de los precios finales que paga la industria por la electricidad son costes regulados, por lo que esta subida de los peajes tendrá "gravísimas consecuencias sobre la competitividad de la industria española", advierte Soto.
Los precios más caros de la UE
De hecho, la propia, Comisión Nacional de la Energía ha alertado de que los precios de la industria en España son de los más caros de Europa, sólo por detrás de Chipre, Eslovaquia e Irlanda. La razón principal de este encarecimiento es que en los peajes se incluye la financiación de las energías renovables. En otros países se utilizan subastas e incentivos fiscales para fomentar las tecnologías verdes sin perjudicar al consumidor.
Según los datos que manejan estas asociaciones, en los últimos tres ejercicios los peajes se han incrementado un 80% para estos sectores, lo que ha "erosionado enormemente la competitividad de nuestra industria nacional". Según las cuentas que manejan estas patronales, en los últimos ejercicios el peso de la industria en la actividad económica nacional se ha reducido un 15,1% del PIB frente al 18,1% en la Unión Europea.
Huida de la inversión
La industria consigue mantenerse gracias a las exportaciones pero la caída de la demanda ha supuesto un duro golpe para el sector. Por ello, el mensaje es muy claro: si no se mejoran las condiciones energíéticas cerrarán las fábricas y la producción se llevará a países con más vocación industrial. "A un coloso como Arcelor Mittal le da igual producir aquí que en Francia y, de hecho, ya hay empresas nacionales que se están decantando por este mercado", explican desde estas patronales.
La alta tensión lamenta los mensajes contradictorios del Gobierno, donde por un lado se anima a que las empresas fomenten sus exportaciones pero por otro se les está penalizando al máximo y "se les puede abocar al cierre". Además, lamentan que teniendo en cuenta la importancia de la gran industria para el país y que supone además un 15% de la demanda nacional, el secretario de Estado de Energía les haya anulado ya tres encuentros con escasa antelación.
Por ello, estas asociaciones buscan otros cauces de negociación porque tienen claro que "para mantener el actual nivel de empleo y lograr crecer en el futuro se requiere acometer una política industrial acertada que potencie la competitividad internacional". Además, ante la constante subida de los costes regulados en los últimos años, la industria pesada se ha visto obligada a realizar fuertes inversiones en eficiencia para ahorrar en energía, que supone uno de los costes más relevante para esta actividad.
