Reuters realiza un análisis de la situación del país sudamericano tras el anuncio de expropiar el 51% de YPF.
El control de YPF ha abierto una disputa comercial entre Argentina y España.
Diez años despuíés de declarar el mayor incumplimiento soberano de la historia, Argentina quebró otra vez las reglas y puso al límite la paciencia de grandes socios comerciales, mientras enfrenta desde multimillonarias demandas legales hasta presiones para ser marginada en el G20.
El plan de la presidenta Cristina Fernández para expropiar el control de YPF , la mayor petrolera local, propiedad de la española Repsol-YPF, enfureció al Gobierno de España y cristalizó los presagios que auguraban una radicalización de las políticas intervencionistas de la mandataria peronista.
Fernández, con su estilo combativo y turbulento, puso a la tercera mayor economía de Amíérica Latina en camino a un choque comercial y jurídico con España y la Unión Europea, el segundo mayor mercado de exportaciones del país sudamericano.
Tras su reelección en octubre con gran apoyo popular, Fernández enfrentó la aceleración de una masiva fuga de capitales, que en el 2011 llegó a 22,000 millones de dólares, por lo que impuso excíéntricas trabas a las importaciones y un control de cambios que altera nervios de firmas y ahorristas.
“La situación con Repsol-YPF y el control de cambios y de las importaciones enfrentan a Argentina con el sistema mundial de poder. Se produce una marginación creciente del paísâ€, dijo Jorge Castro, analista y presidente del Instituto de Planeamiento Estratíégico (IPE). “La decisión de expropiar a Repsol implica que se pasa del aislamiento frente al sistema internacional a una confrontación generalizadaâ€, agregó Castro.
Fernández tomó la decisión de poner bajo control del Estado a YPF -un plan que se descuenta será aprobada por el Congreso- bajo el apremio que provoca una declinante producción de hidrocarburos, que disparó las importaciones de combustibles y erosiona el superávit comercial del país.
Buenos Aires depende de los dólares de su excedente comercial para financiarse, ya que no cuenta con acceso a los mercados voluntarios desde su cese de pagos en 2001/2002, y una fuerte inflación ha deteriorado la competitividad de la economía del país.
