Las comunidades tendrán que someter en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayo sus cuentas al voto del resto de autonomías, que valorarán si las previsiones de ingresos y gastos son adecuadas para cumplir con el 1,5% de díéficit. La medida responde al principio de transparencia absoluta que quiere introducir el Ministerio de Hacienda en las cuentas públicas.
Las comunidades tendrán que someter sus cuentas y planes de ajuste para 2012 al escrutinio del resto de Gobiernos autonómicos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en la primera quincena de mayo. Aunque el Ministerio de Hacienda se reserva el 51% de los sufragios en dicho foro, los consejeros tendrán voto sobre cada uno de los programas regionales de equilibrio para valorar si son idóneos para reducir el díéficit público al 1,5% este año. En el caso de las 14 comunidades que se han adherido el plan de pago a proveedores -todas excepto Galicia, País Vasco y Navarra-, se valorará tambiíén que se incluyan medidas para evitar que la amortización de este príéstamo les impida hacer frente a sus gastos corrientes.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya dejó entrever el martes en el debate de totalidad de los Presupuestos de 2012 que los planes de ajuste autonómicos deberán pasar el escrutinio de las instancias comunitarias, del resto de autonomías y de los acreedores. Fuentes de Hacienda han confirmado que en caso de que la mayoría del Consejo de Política Fiscal y Financiera rechace un plan de ajuste, este foro volverá a convocarse unos días despuíés para evaluarlo en segunda instancia.
El Gobierno tiene previsto aplicar este mismo sistema a los ayuntamientos en el Comisión Nacional de Administración Local. Montoro reiteró ayer en el debate de totalidad de los Presupuestos que será "muy exigente e inflexible" con comunidades y ayuntamientos para que cumplan con los topes del 1,5% y el 0,3% de díéficit público que tienen fijados para 2012. Tanto los entes autonómicos como los locales tendrán que poner dichos planes a disposición de la opinión pública y de las autoridades europeas.
La herramienta fundamental para conseguir los objetivos de díéficit es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ayer se aprobó finalmente en el Senado. La sombra de la intervención, un mecanismo contemplado en dicha norma, planea sobre Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que tienen que afrontar ajustes que oscilan entre los 4.451 y los 2.219 millones. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha amagado con convocar elecciones anticipadas si Hacienda decidía intervenir las cuentas catalanas. "Si hay que intervenir una comunidad autónoma, se hará", zanjó ayer Montoro en el Congreso.
Enmiendas
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 superaron ayer el debate de enmiendas a la totalidad. Se votaron las 10 enmiendas de forma conjunta y el resultado fue de 156 votos a favor, por 182 en contra y una abstención. El PP solo consiguió atraer el apoyo de UPN y Foro Asturias.
El debate de totalidad se ha polarizado entre la posición del Gobierno, que considera que la situación de la economía es excepcional y solo con la disciplina presupuestaria se recuperará la actividad y el empleo, y la de casi todos los demás grupos, que echan en falta en las cuentas medidas de estímulo.
Montoro aprovechó ayer su intervención para lanzar una andanada a los grupos nacionalistas, a los que afeó que en sus sucesivas intervenciones preguntaran por partidas de inversión concretas en sus territorios. "Es hora de las luces largas y de dejar de mirarse al ombligo", sentenció Montoro. En cualquier caso, el Gobierno tiene totalmente cerrada la puerta a enmiendas parciales a los Presupuestos que supongan "un euro más de gasto". Todas las propuestas destinadas a reducir el gasto son bienvenidas, añadió el ministro. CiU quería que al menos se hiciera un reconocimiento en los Presupuestos como deuda a las inversiones de 759 y 219 millones de euros comprometidas en el Estatuto catalán para los años 2008 y 2009, pero el Gobierno no accedió ni siquiera a eso.
El Consejo de Ministros examinará este viernes el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, que se remitirá a Bruselas. En el documento con el paquete de reformas que se enviará a Bruselas se incluirá la del sector público para "la eliminación de competencias superpuestas" entre distintas Administraciones.
El Senado aprueba la Ley de Estabilidad
Cristóbal Montoro aseguró en el Senado que la Ley de Estabilidad es una especie de "llave de acceso" a los mercados y, por tanto, a la confianza en el país, una tarea "fundamental" que, sin embargo, "no será fácil", por lo que "se ve y se siente estas semanas y estos meses" en los mercados.
El pleno de la Cámara Alta debatió y votó ayer dicha norma. El ministro defendió que el Gobierno trata de generar confianza con reformas estructurales como esta ley, una norma "exigente" que, sin embargo, es "compatible" con la reforma constitucional que pactaron el PP y el PSOE el pasado verano. Además, se trata, según Montoro, de una ley "pionera", puesto que España será el primer país europeo en desarrollarla.
Por este motivo, el ministro pidió a las fuerzas políticas que se sumen al objetivo de asentar el precepto de gestionar las finanzas públicas desde el equilibrio presupuestario y la "transparencia máxima".
"No cabe el desorden en cuentas públicas", advirtió Montoro, quien resaltó la importancia de dejar atrás "otros planteamientos" y recuperar el "espíritu de colaboración" para volver a trazar un lugar de encuentro y mandar así un mensaje al resto del mundo de que en España hay voluntad política "suficiente" para sacar adelante leyes "estrictas" para superar la crisis.
En este sentido, aseguró que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que aplicar la "misma medicina", aunque el Gobierno sancionará a las comunidades que no cumplan los objetivos. El PSOE esperaba hasta última hora una llamada del PP para negociar, pero finalmente no hubo acuerdo. El pleno rechazó ayer todas las enmiendas y la ley entra automáticamente en vigor.
