El 85% de los municipios que más deben a Hacienda y a la Seguridad Social son andaluces
Más de 430 ayuntamientos han visto rebajadas las transferencias que reciben del Estado como consecuencia de las deudas que acumulan con Hacienda y la Seguridad Social. En lo que va de año, las retenciones se han elevado a 60 millones. Entre los 20 más morosos, 18 pertenecen a Andalucía.
El Ejecutivo está dispuesto a poner a cero el reloj de la deuda municipal. Para ello puso en marcha un plan de pago a proveedores, a travíés del cual los consistorios van a devolver 9.500 millones de euros en deuda comercial que tenían contraída fundamentalmente con pymes y autónomos. A esa cifra hay que añadirle el importante endeudamiento que arrastran con el Estado, mediante el impago de facturas a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Y para tratar de frenar esa sangría, el Ejecutivo está reteniendo desde el pasado ejercicio las entregas a cuenta (el dinero que les adelanta el Estado por su participación en los ingresos tributarios) a una gran cantidad de municipios para saldar las cuentas pendientes. En abril, último dato disponible, se han practicado retenciones por ese concepto a 434 ayuntamientos por un importe de 15 millones de euros. En lo que va de año, la cantidad recuperada por el Estado central roza los 60 millones.
En la clasificación de los consistorios más morosos con el Estado destaca sobremanera la presencia masiva de municipios andaluces. De los 20 a los que más dinero se les ha retenido en lo que va de año, 18 pertenecen a esa comunidad autónoma. Y entre ellos destaca el caso de Jerez de la Frontera, uno de los ayuntamientos de España con mayor deuda respecto a su tamaño. Un dato que ilustra la crítica situación que vive el consistorio jerezano es el número de facturas que ha presentado para el plan de pago a proveedores (12.999) por un importe de 328 millones. De este modo, se convirtió en el segundo municipio con más deuda comercial, tan solo superado por Madrid, con 1.017 millones. A esos 328 millones hay que sumarles los 120 millones que adeudaba a Hacienda y a la Seguridad Social a principios de este año.
El Ejecutivo central le lleva reteniendo la entrega a cuenta mensual (más de tres millones de euros) desde octubre de 2010, con lo que el endeudamiento con el Estado se elevaba a finales de 2010 a 165 millones. La cifra este año se habría elevado a 12 millones. La crítica situación del consistorio le ha llevado a presentar un ERE para despedir a 390 empleados, de los que 300 están en plantilla del Ayuntamiento.
Tambiíén es significativo el elevado volumen de deuda de la Línea de la Concepción (Cádiz), con apenas 64.000 habitantes, a la que se le está reteniendo más de un millón de euros al mes desde principios de 2011.
Entre las capitales de provincia sobresale Huelva, a la que se le han retenido cerca de seis millones en lo que va de año, Valencia, con un millón de euros, y Jaíén, con 992.000 euros.
Sanciones a los que no presenten liquidación
El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado el pasado mes, establece la obligatoriedad de que todas las Administraciones públicas presenten sus cuentas públicas y que las actualicen periódicamente, especificando el estado de los ingresos y el de los gastos. Parte de esos requisitos ya se les están solicitando a los municipios, que están obligados, a travíés de la Ley de Economía Sostenible, a presentar la liquidación de los presupuestos en el mes de marzo posterior al ejercicio del que se trate. Si no cumplen con esa disposición, en vigor desde marzo de 2011, el Ejecutivo procederá a la retención de una parte de las entregas a cuenta.
En abril, último mes en el que se han distribuido esas transferencias, se han practicado retenciones a 211 ayuntamientos por este motivo por un importe superior a los 800.000 euros. Por comunidades autónomas, la que cuenta con más municipios afectados por esa medida es Castilla y León, con 94, seguida por Castilla-La Mancha (47), Aragón (26) y Andalucía (19). En el lado contrario se sitúan Canarias, Galicia y Murcia, con un cumplimiento casi estricto en la presentación de las liquidaciones, ya que tan solo se ha retenido fondos a un único ayuntamiento en cada uno de los casos.
La mayor se le ha practicado a Cercedilla (Madrid), al que se le ha bloqueado toda la entrega a cuenta correspondiente a abril (87.103 euros). En segundo lugar figura Rodeiro (Pontevedra), con 32.884 euros; Madroñera (Cáceres), con 32.147 euros, y Carabaña (Madrid), con 20.621 euros.
El sector local, en cifras
- MADRID: Es el ayuntamiento más endeudado de España, con 6.348 millones de euros a finales de 2011, lo que supone un 18% del total de la deuda municipal. Esta cifra se verá incrementada a lo largo de este año como consecuencia de los 1.017 millones de críédito que solicitará dentro del plan de pago a proveedores. Gran parte de esa deuda hasta ahora comercial se convertirá en financiera, con lo que el volumen total volverá a rozar con toda seguridad los 7.000 millones.
- OZA DOS RíOS: Este consistorio de A Coruña es el primero de España que se ha planteado la fusión con otro municipio vecino (Cesuras). Esta unión, auspiciada por la Xunta de Galicia, daría como resultado un ente de más de 5.000 habitantes, sin deudas y que por el mayor tamaño tendría derecho a recibir más subvenciones y a la construcción de un instituto.
- TOLEDO:Es el primer municipio español que está barajando la posibilidad de cobrar por las pernoctaciones que realizan los turistas. La caída de los ingresos y el elevado endeudamiento han llevado al pleno municipal a contemplar la posibilidad de cobrar hasta tres euros por noche de estancia. La presión de los hoteleros ha obligado a aplazar esa decisión al menos hasta junio, cuando el grupo de trabajo formado por Gobierno y empresarios presentará sus recomendaciones.
- SEVILLA: La asfixia financiera ha conducido a un gran número de consistorios a elevar tasas y precios públicos para tratar de cuadrar ingresos y gastos. Es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado un incremento "lineal y anual" del 3% en sus tasas y precios públicos, una reducción salarial del 5% sobre los empleados de las empresas municipales de transporte y limpieza urbana, una tasa de reposición cero para los empleados públicos y recortes adicionales en el gasto corriente.
