Mediapro y Víértice 360, dos de las principales productoras que operan en el mercado nacional, negocian su integración para forjar el primer grupo de servicios audiovisuales del país. Según aseguran fuentes del mercado, la operación entre la compañía del tándem Jaume Roures/Tatxo Benet y la firma participada por Ezentis se plantea con el objetivo de pujar por el negocio que se abre con la privatización de las televisiones autonómicas. Un proceso por el que se han interesado tanto proveedores como firmas de capital riesgo y que los gobiernos regionales limitarán en una primera fase a la externalización de servicios.
Víértice abre la vía de una fusión con Mediapro para el asalto a las autonómicas apenas semanas despuíés de romper las negociaciones con Secuoya, la productora de Raúl Berdoníés, para explotar su filial de servicios. Una división del negocio más que golosa, en tanto el año pasado facturó 84,1 millones de euros y registró un beneficio bruto operativo (ebitda) de 10,9 millones. No es el único frente que tiene abierto la firma de Manuel García-Durán. De hecho, las conversaciones se producen en paralelo a otros contactos para cerrar una alianza de contenidos en Latinoamíérica. “Están hablando con una firma internacional de ‘private equity’ y otra compañía internacionalâ€, aseguran estas fuentes.
Mediapro, que junto a Globomedia conforma el holding Imagina, opera en todas las fases del proceso audiovisual, desde los contenidos a la gestión de derechos, pasando por la producción y la posproducción. La compañía ha ganado margen de maniobra tras levantarse a finales de diciembre la administración concursal, despuíés de que la empresa se acogiera a la antigua suspensión de pagos a mediados de 2010 en el marco de la guerra del fútbol que mantiene con el Grupo Prisa. Las últimas cuentas presentadas por la firma en el Registro Mercantil, correspondientes al año 2009, contemplaban una cifra de negocios de 576,38 millones de euros, si bien la sociedad arrojaba píérdidas superiores a 42 millones por las provisiones recogidas para afrontar las obligaciones judiciales por su refriega con la editora de El País.
El Gobierno remitía al Congreso a finales de abril un proyecto de ley que daba luz verde a la privatización de las cadenas autonómicas, al tiempo que flexibilizaba su gestión. De este modo, avalaba “la cesión total o parcial a terceros de la producción y edición de toda su programación, incluidos los servicios informativosâ€. Además, autorizaba la puesta en marcha de otras fórmulas de gestión indirecta y otras medidas de colaboración público-privadas. “Se permite que los prestadores del servicio público de ámbito autonómico establezcan acuerdos para la producción, edición y emisión conjunta de contenidos con el objeto de mejorar la eficiencia de la actividadâ€, rezaba la referencia del Consejo de Ministros.
Sin ‘socios’ para privatizar las cadenas
Hasta ahora, los responsables autonómicos han apuntado más hacia una externalización de servicios que hacia una privatización en sentido estricto de las cadenas, en parte por la situación financiera actual y la dificultad de encontrar compañeros de viaje que se hagan cargo de empresas deficitarias y con elevadas plantillas. Por ejemplo, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, insistía recientemente en que su Gobierno pondrá su televisión autonómica en manos privadas cuando sea “financieramente viableâ€, al tiempo que añadía que la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre “está en la misma situaciónâ€. Una tesis que abre la puerta a que proveedores audiovisuales entren puntualmente en las cadenas para aligerar la carga financiera que soportan las comunidades.
Ese es el objetivo de una eventual fusión entre Mediapro y Víértice, firma que ha dado un giro a su estrategia tras la llegada de García-Durán a la presidencia de Ezentis, su principal accionista, el pasado mes de septiembre. Según adelantaba El Confidencial, el propio García-Durán asumía el mando de la productora a principios de año en sustitución de Josíé María Irisarri, que había propuesto a los accionistas un plan de recapitalización del grupo a travíés de la incorporación de un socio. El planteamiento del nuevo capo difería radicalmente y ya entonces apuntaba que los servicios audiovisuales no eran estratíégicos. “Se busca explotar mejor la división ", apuntaban fuentes próximas a la compañía. En esta línea, el nuevo gestor acordaba a finales de febrero la salida del perímetro del grupo de la firma de contenidos y servicios audiovisuales Lavinia.
Según el informe que elabora anualmente Deloitte, las televisiones autonómicas ingresaron en su conjunto 808,8 millones de euros en 2010, algo por debajo de los 851,17 millones del año anterior. Sin ayudas públicas, la nada. Los ingresos publicitarios de las cadenas autonómicas se situaron en 245,69 millones, cifra que apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos de personal, que ascendieron a 500,94 millones. El resultado del ejercicio en las cadenas autonómicas arrojó un saldo negativo de 488,69 millones, sumando como ingresos las subvenciones recibidas. Si se descuentan las ayudas y las tasas, la evolución provoca cierto sonrojo. Estas televisiones ‘costaron’ al contribuyente la friolera de 1.297,49 millones.
