â– El Gobierno había solicitado al FEEF 20.000 millones para el sector
â– El Estado podría aportar dinero a las sociedades inmobiliarias
Las gestiones del Gobierno para que la banca española recibiera ayudas del Fondo de Estabilidad Europea Financiera (FEEF) no concluyeron con íéxito. Economía pretendía que este fondo inyectará al menos unos 20.000 millones de euros a travíés del Frob, y que este organismo lo distribuyera entre las entidades necesitadas, con el objetivo de apuntalar sus planes de la segunda reforma financiera.
Sin embargo, el mecanismo está reservado a países y no a sectores, por lo que Bruselas condicionó la concesión de estas ayudas si se otorgaban directamente a España, lo que significaba un rescate financiero del Estado.
Resignarse a una intervención no está en los planes del Gobierno, que lucha por ganar credibilidad en Bruselas y despejar las dudas acerca de la necesidad del rescate, por lo que la condición impuesta provocó que Economía tuviera que prescindir de la ayuda exterior con la que había contado para implementar sus nuevas medidas.
Un rescate europeo, no sólo supone el fracaso de las políticas gubernamentales, sino que implica una monitorización de la economía que lleva a aparejada medidas macroeconómicas más restrictivas.
Esta es la razón por laque Guindos optó por diseñar la figura del 'banco malo' a travíés de un sistema de EPA (Esquema de Protección de Activos) que debería contar con el aval del Tesoro Público. Estos planes tampoco pudieron materializarse por la oposición del organismo, que depende orgánicamente su ministerio.
El Tesoro temía por el rating
El Tesoro sostenía que avalar los bancos malos, con la capacidad de emisión de España considerablemente mermada por la situación de los mercados acabarían por deteriorar aún más el rating de la deuda española, con el consiguiente encarecimiento de la financiación de la economía.
Además, la no concesión de la ayuda europea rebajó los porcentajes que Economía quería incrementar las provisiones para la cartera de críéditos sanos de las entidades, y rebajó el objetivo final a 30.000 millones de euros, mientras que con los fondos de FEEF, los requerimientos adicionales podrían haber alcanzado los 50.000 millones de euros.
Las medidas adoptadas cuentan con el apoyo de Bruselas. Tambiíén del FMI. Los dos organismos han salido a defender y a aplaudir la reforma. Ayer lo hizo el comisario de Asuntos Económicos, Olli Renh. Tambiíén el BCE está a favor del decreto. Estas tres instituciones recomendaron hace semanas que tomara medidas en el sector bancario.
El Gobierno, no obstante, duda de que su reforma sirva para despejar todas las dudas y para sanear los balances de la entidades. Tal es así que ha dejado una puerta abierta para otorgar ayudas públicas a las sociedades inmobiliarias. El real decreto publicado este fin de semana en el BOE apunta que "reglamentariamente podrán establecerse instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital" en dichas compañías. Entonces el dinero podría llegar de Europa. Pero antes tendría que ser negociada con las autoridades comunitarias.
Los recursos públicos tambiíén estarán disponibles para cumplir con el nuevo colchón de dotaciones a travíés de príéstamos en forma de bonos convertibles en acciones (CoCos), cuya rentabilidad anual es del 10 por ciento y cuya recompra deberá hacerse en un periodo máximo de cinco años.
El gran objetivo del Ejecutivo es que la reforma cueste menos de 15.000 millones de euros al Estado. El Frob ahora cuenta con unos 13.000 millones disponibles, por lo que unas necesidades mayores implicarían que este instrumento tendría que endeudarse en plena crisis de los mercados mayoristas. En la última emisión, el Frob fracasó y sólo pudo obtener poco más de la mitad de los previsto. Fue en verano del año pasado.
La gran esperanza del Ejecutivo es que las propias entidades puedan atraer inversores extranjeros para que adquieran parte de las sociedades inmobiliarias, que tras las provisiones desembolsadas reducen drásticamente la valoración de los activos.
í‰sto será obligatorio en tres años para las entidades que reciban ayudas públicas. El decreto sostiene que íéstas tendrán que "adoptar y ejecutar las medidas precisas para que la vinculación de la sociedad para la gestión de activos con la entidad sea como máximo la empresa asociada" en ese periodo.
En este caso, además, la normativa exige la venta de al menos el 5% de los activos a terceros con el fin de acelerar la desinversión de pisos y suelo. Asimismo, para las entidades ayudadas tambiíén tendrán que acreditar la experiencia de los responsables de estas inmobiliarias.
