Gran parte de los bancos españoles detalló el domingo los nuevos saneamientos financieros que tendrán que realizar para cumplir las nuevas exigencias, con unos importes que supondrán un importante esfuerzo para las entidades, especialmente para el grupo reciíén nacionalizado BFA-Bankia.
La entidad, que está semana acabó en manos del Estado ante su deteriorado balance, dijo que las nuevas provisiones ascienden a 4.813 millones de euros antes de impuestos, un importe muy elevado para un grupo que ya tenía serias dificultades para cubrir las exigencias de la anterior reforma financiera.
"Grupo BFA cubrirá las necesidades adicionales de provisiones derivadas del nuevo Real Decreto-Ley dentro del plazo concedido por la citada norma", dijo BFA, sin añadir cómo pretende hacerlo.
El impacto del importe preliminar de estas provisiones adicionales sobre el ratio de capital supone una reducción del entorno de los 200 puntos básicos, dijo el grupo.
El Estado entró en la cuarta entidad financiera española a travíés de la conversión en capital de príéstamos de 4.465 millones y dejó la puerta abierta a futuras ayudas públicas si fuera necesario, tal como establece la nueva reforma financiera para aquellas entidades que lo necesiten.
Las medidas presentadas por el Ejecutivo el viernes con el fin de limpiar el riesgo inmobiliario que acumula y recuperar la confianza de los mercados incluyen unas provisiones adicionales de 30.000 millones sobre el críédito inmobiliario "sano". Este importe se suma a los alrededor de 54.000 millones de euros que las entidades ya tenían que provisionar por los activos considerados tóxicos (adjudicados y críéditos dudosos y subestándar) en virtud de la reforma financiera aprobada en febrero. .
Las entidades tienen hasta el 11 de junio para presentar sus planes al Banco de España y aquellas que no puedan cumplir por sí solas o con fusiones con las nuevas demandas de provisiones tendrán que pedir ayudas públicas, ya sea mediante críéditos o inyecciones directas de capital.
Las entidades que no puedan afrontar las necesidades en solitario tambiíén pueden optar por embarcarse en procesos de consolidación. Esto les permitiría alargar el cumplimiento de las nuevas exigencias a dos ejercicios y además hacer los cargos contra patrimonio.
El nuevo real decreto alarga el plazo de presentación de los planes hasta el 30 de junio para aquellas entidades que presenten proyectos de fusión. El anterior real decreto prevía como plazo límite el 30 de mayo.
SANTANDER, CAIXABANK Y SABADELL NO VEN PROBLEMAS
Banco Santander y Caixabank no ven problemas para cubrir por sí solas los nuevos saneamientos financieros que exige al sector bancario el Gobierno español con el fin de limpiar el riesgo inmobiliario que acumula y recuperar la confianza de los mercados.
El banco cántabro cifró el impacto en 2.700 millones de euros, mientras que Caixabank -tercera entidad española por activos totales y primer por activos en el país gracias a su fusión con Banca Cívica - lo situó en 2.102 millones.
Santander dijo que las nuevas provisiones y "los 2.300 millones pendientes de dotar del Real Decreto de febrero suman un importe de 5.000 millones de euros antes de impuestos, que quedará íntegramente absorbido en la cuenta de resultados de 2012.
Según dijo el mayor banco español, el impacto neto de impuestos en resultados de la aplicación de los decretos de febrero y mayo será de 2.900 millones, tras dotar 900 millones de euros con las plusvalías de la venta de Santander Colombia.
"Estos saneamientos no tendrán impacto en los actuales ratios de capital y Banco Santander mantiene su compromiso de retribuir a sus accionistas con 0,60 euros por acción en relación con el ejercicio 2012", dijo.
Por su parte, Caixabank dijo que el importe estimado del aumento de la provisión geníérica a constituir para la cobertura de la cartera de críéditos inmobiliarios no problemáticos ascendía a 2.102 millones de euros, 1.471 millones de euros netos de impuestos, y dijo que los cubriría con la generación de resultados de explotación y la "capacidad de materializar plusvalías por la gestión del balance".
La entidad indicó que su socio de fusión, Banca Cívica, tendría que aumentar provisiones en 1.287 millones de euros, 901 millones de euros netos de impuestos, según el nuevo decreto, pero añadió que los ajustes de valoración por 3.400 millones de euros que realizará contra las reservas de esta entidad "exceden en gran medida la necesidad adicional de provisiones", por lo que no espera un impacto significativo adicional "ni en patrimonio ni en solvencia".
BBVA ha comunicado hoy que necesita dotar unos 1.800 millones de euros en provisiones para cumplir con las nuevas exigencias aprobadas el viernes por el Gobierno para que las entidades financieras saneen los activos inmobiliarios.
En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en respuesta al requerimiento del propio organismo, la entidad explica que el impacto de dichas coberturas "se estima aproximadamente en 1.300 millones de euros netos".
Este impacto, continúa el BBVA,"se reflejará en los estados financieros del Grupo a 31 de diciembre de 2012 y se absorberá gracias a la recurrencia, diversificación y resistencia de sus resultados".
Sabadell, quinto grupo financiero del país, tambiíén dijo que prevíé absorber con sus resultados el impacto de los 412 millones adicionales que necesita provisionar (288 millones despuíés de impuestos) y añadió que la previsión de beneficio neto, despuíés de realizado el ajuste, "sigue siendo positiva".
Grupo Banco Popular (incluido el Pastor) cifra en 2.314 millones de euros netos las provisiones adicionales que deberá hacer para cumplir las exigencias aprobadas el viernes por el Gobierno para que las entidades financieras saneen los activos inmobiliarios.
De esa cifra, 1.695 millones corresponden a Banco Popular, que, en un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), explica que estos saneamientos podrán ser absorbidos por las reservas disponibles y por la propia generación de recursos del grupo sin necesidad de ayudas públicas.
Por su parte, Banco de Valencia necesitará provisiones adicionales de 509 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de la reforma financiera del Gobierno, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad ha explicado que su cuenta de resultados se reducirá en dicho importe, que ha sido calculdado de forma provisional dado el corto espacio transcurrido desde la publicación de la norma.
SOBREVIVEN LOS GRANDES
Gran parte de la prensa destaca este fin de semana que los nuevos saneamientos dejarán en píérdidas a un gran número de entidades, que por lo tanto tendrán que pedir ayudas públicas, y El País señala que Bankia y Caixabank serán las dos entidades que necesiten más provisiones, seguidos de Santander.
Este diario opina que Santander, BBVA y Caixa no tendrán problemas para cumplir, al igual que Bankinter, las cajas vascas y Sabadell, mientras que el resto del sector podría tener problemas para sobrevivir en solitario.
Bankinter situó el cargo adicional en aproximadamente 136 millones de euros antes de impuestos, equivalentes a 96 millones despuíés del efecto impositivo, que prevíé absorber con la generación de resultados ordinarios.
Banesto, controlado por Santander, dijo que en su caso ascienden a la cantidad de 600 millones de euros netos de impuestos y que prevíé cumplir este año.
NGC Banco -entidad resultado de la fusión de dos cajas gallegas que está en manos del Estado- estimó las nuevas dotaciones en 1.109 millones y dijo que "minorarán los resultados del ejercicio en 776 millones de euros".
La entidad señaló que, aunque prevíé que las necesidades adicionales de provisiones sean cubiertas con su plan actual de continuar en solitario, no descarta que "pueda valorarse la incorporación de otras alternativas de acuerdo con las autoridades supervisoras".
Unicaja, por su parte, estima las dotaciones en 281 millones de euros netos, y señala que las exigencias conjuntas del grupo formado por Unicaja y Banco Ceiss (fruto de la unión de Caja España y Caja Duero) ascienden a 888 millones de euros, sin prever recurrir a fondos públicos.
Liberbank dijo que los requerimientos de provisiones adicionales suponen un impacto estimado de 496 millones de euros, mientras que el efecto total de los saneamientos en el capital por aplicación de la nueva reforma y la de febrero ascienden a asciende a 961 millones de euros.
Banco Mare Nostrum (BMN) dijo que sus primeras estimaciones sobre el importe total necesario para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos se sitúan en un importe aproximado de 640 millones de euros netos de impuestos, y añadió que se encuentra analizando las medidas a adoptar para alcanzarlos.
