Las grandes constructoras y empresas de servicios temen retrasos en el cobro de las facturas del plan de pago a proveedores por la falta de plan de ajuste en 2.000 ayuntamientos. Hacienda disipa dudas y garantiza que la deuda vencida empezará a liquidarse el 28 de mayo. El Ejecutivo adelantará el dinero que deben esos municipios y luego lo recuperará a travíés de retenciones en las transferencias mensuales que les realiza.
Los mayores grupos de construcción y servicios de este país, seriamente afectados por la deuda vencida de las administraciones locales, asisten con preocupación a la existencia de unos 2.000 ayuntamientos (la mitad de los que presentaron facturas impagadas a proveedores) que no han cerrado el plan de ajuste para acogerse al plan de pago a proveedores y que, por lo tanto, no recibirán príéstamos para saldar sus cuentas pendientes.
Muchas de estas empresas temen retrasos en el cobro hasta que se dilucide quiíén se hace cargo de las facturas de esos ayuntamientos morosos. El hecho es que entre las constructoras cotizadas cunde la certeza de que habrá una dilación mínima de 30 días en la ejecución de un plan que se convirtió en la medida estrella del arranque de legislatura.
El problema podría trasladarse a las cuentas del primer semestre de grupos cotizados como FCC, Ferrovial, ACS, Sacyr y Acciona, quienes esperan cobrar antes del 30 de junio con el fin de acelerar el recorte de deuda acometido por el sector constructor. Entre todas las compañías que esperan que se cubra su deuda municipal vencida es opinión generalizada que el plan de pago a proveedores servirá para poner el cuentakilómetros a cero, pero no evitará que los municipios vuelvan a acumular una montaña de impagos en el corto plazo.
Desde Hacienda atajan el miedo a posibles retrasos y aseguran que los plazos fijados no van a sufrir modificaciones. El martes 15 era el último día para que los planes de ajuste fueran aprobados en los plenos municipales y el lunes 28 es el primer día en el que comenzarán a pagarse las facturas a los proveedores. Entre esas dos fechas, el ICO cotejará toda la información sobre el plan de pago a proveedores y las entidades de críédito firmarán la póliza con los municipios para que estos pueden empezar a liquidar facturas a partir de ese lunes. Un paso adelante, según fuentes financieras, fue la firma ayer del críédito sindicado entre el ICO y los principales bancos del país.
Ante la incertidumbre generada entre las grandes constructoras, los responsables de Hacienda ultiman un plan B para evitar que esta iniciativa para inyectar liquidez al sistema embarranque. El plan de pago a proveedores está garantizado con el aval del Estado, por lo que el dinero comprometido en el plan de pago a proveedores por parte de esos municipios será adelantado por el Ejecutivo, lo que, según fuentes de Hacienda, permitirá que todos los proveedores cobren a tiempo.
Una vez que se produzca el pago de las facturas, el Ejecutivo comenzará a retener una parte de la participación en los ingresos del Estado, que es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Hacienda ultima una orden ministerial, que estará lista la próxima semana, en la que establecerá el porcentaje de retención que se aplicará a cada uno de esos municipios insolventes en función de determinados parámetros como la deuda, los ingresos o la población.
En la actualidad, el Gobierno ya está practicando retenciones en esas transferencias a municipios que no han presentado la liquidación de los presupuestos de 2010 (en torno a 211 municipios) o los que mantienen deudas con el Estado o la Seguridad Social. En lo que va de año se han bloqueado fondos a 434 municipios por valor de 60 millones. En la clasificación de los consistorios más morosos con el Estado destaca la presencia masiva de municipios andaluces (18 de los 20 que más dinero adeuda pertenecen a esa comunidad autónoma). Y entre ellos resalta el caso de Jerez de la Frontera, el segundo con más deuda comercial (328 millones), tan solo superado por Madrid.
El 55% de la deuda lastra a cinco grupos
Entre las compañías más afectadas por los impagos municipales se encuentran algunos de los mayores grupos de construcción del país, con gran presencia en el negocio de los servicios urbanos. Entre todos ellos destaca FCC, con 1.700 millones de deuda vencida. Su director financiero, Víctor Pastor, anunció ya que la empresa espera cobrar entre 1.400 y 1.500 millones antes de que finalice junio. Buena parte se dedicará a recortar deuda.
La compañía que preside Baldomero Falcones tomó gran protagonismo semanas atrás al ser la primera en plantarse y criticar la intención del Gobierno de implantar las quitas en las facturas a cambio de cobrar antes. Y es que FCC no está por la labor de perdonar nada.
ACS declara que sus servicios por cobrar a Administraciones locales suman 1.600 millones. La cuenta asciende a 1.000 millones en el caso de Ferrovial; a Acciona le adeudan 360 millones de euros, y a Sacyr otros 260 millones. Sumadas las facturas pendientes de pago de estas cinco compañías el volumen de deuda municipal vencida se eleva a 4.920 millones, lo que representa casi el 55% del total. Este porcentaje disminuye sensiblemente en el caso de las deudas con las autonomías, concentradas en laboratorios farmacíéuticos y firmas de tecnología sanitaria.
