Si entre veinte de los 8.114 municipios que hay en España debían 2.776 millones de euros a sus proveedores, la sexta parte del críédito aprobado por el Gobierno, cinco empresas soportaban el 25% de la deuda total que los proveedores acumulaban con los entes locales. Son las grandes constructoras, ACS, FCC, Sacyr Vallehermoso, Acciona y OHL, las que han cobrado más de 2.180 millones de euros desde el pasado jueves, día a partir del cual los ayuntamientos comenzaron a pagar las facturas pendientes en el marco del plan de pagos a proveedores puesto en marcha por el Gobierno.
Los planes de ajuste entregados a Hacienda revela que la relación entre los ayuntamientos y sus proveedores es muy heterogíénea, así como tampoco el tamaño del municipio se correspondía con la deuda acumulada. Por ejemplo, mientras Madrid encabezaba el listado de morosidad, al tener pendientes de pago 1.017 millones de euros, Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, no necesitó acogerse al plan al guardar únicamente cinco facturas con un importe total de 1.147 euros. En total, casi la mitad de los alcaldes de España (3.774) presentaron a tiempo sus facturas pendientes de pago: más de 9.750 millones de euros a abonar desde el 31 de mayo. A pesar de que las grandes constructoras anunciaron que esperan cobrar cerca de 5.800 millones de euros, ACS ha reconocido que ya ha cobrado casi la totalidad de los 1.100 millones de euros que le adeudaban los ayuntamientos, aunque la compañía que preside Florentino Píérez todavía no ha cobrado los 400 millones pendientes con las comunidades autónomas.
De los 1.500 millones de euros que le deben todas las administraciones públicas, FCC ya ha recibido 650 millones de euros y confía en percibir el resto del pasivo en menos de un mes. Por su parte, Sacyr Vallehermoso ha cobrado 270 de los 370 millones que le deben entre los Ejecutivos locales y regionales, mientras que Acciona ha ingresado los 160 millones que le debían los ayuntamientos. La deuda que OHL reclamaba a la administración local ascendía a 30 millones de euros.
El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció la semana pasada que prácticamente todos los proveedores (106.283) han cobrado ya las facturas que tenían atrasadas, algunas desde el siglo pasado, con los ayuntamientos. Del total de empresarios, casi 37.000 eran personas físicas y más de 68.768 pequeñas y medianas empresas, aunque tambiíén figuraban 611 grandes compañías. Aquellas pymes que desaparecieron y presentaron sus facturas, tambiíén cobrarán sus deudas aunque la empresa ya no exista.
Un 12% de los planes municipales se echaron abajo
De los 4.622 ayuntamientos que en un principio se acogieron a los críéditos impulsados por el Gobierno, el ministerio echó abajo el 12% de los planes de ajuste presentados. Entre los que no pasaron el corte, como destacó el secretario de Estado, hay un ayuntamiento que necesitaría 7.000 años de plazo para saldar las deudas con los proveedores. Para los que no pasaron el corte, Montoro abrió un nuevo plazo de 15 días para que presentasen sus nuevos planes y, una vez aprobados, les permitiera concertar sus príéstamos en julio.
El perfil de los 106.283 proveedores que presentaron sus facturas atrasadas, según el Ministerio de Hacienda, eran la mitad pequeñas y medianas empresas (68.768), 37.000 personas físicas y 611 grandes empresas.
